Los 'héroes' olvidados de Calderón
Publicado en Enfoque - Reforma
Por Laurence Pantin
(02-Sep-2007).- Cuando Celia Barrera se despidió de su pareja, el cabo Armando Valentín Aguilar, en la madrugada del lunes 30 de abril, no se imaginaba que era la última vez que lo veía con vida.
Como de costumbre, antes de que saliera de casa para el cuartel, Celia le dio un beso y le pidió que se cuidara. Lo único distinto a lo de siempre fue que Armando se paró un momento en el marco de la puerta como si dudara en marcharse. Finalmente, sin decir nada, dio el paso y cerró tras él la puerta.
El 2 de mayo, alrededor de las 13:00 horas, una vecina de Celia recibía una llamada para avisarle que Armando había fallecido junto con cuatro compañeros, emboscados presuntamente por narcotraficantes en el municipio de Carácuaro.
Ese día, casi en el mismo momento en el que se informaba a los familiares del trágico suceso, el presidente Felipe Calderón hacía referencia al caso en un discurso pronunciado en Tabasco, a donde había acudido a poner en marcha un programa social.
El Presidente endureció el rostro, improvisó unas líneas para condenar esa afrenta del narco y aseguró que se recordaría como héroes a los cinco soldados asesinados.
"Y en mi propia tierra, en Michoacán, por ejemplo, anoche cayeron en cumplimiento del deber varios militares", expresó en tono enérgico, "a México y al presidente de la República le (sic) queda muy claro que murieron como héroes y como héroes serán tratados y serán recordados. Por eso extiendo mi más sincero pésame a sus familiares, les garantizo que tendrán todo el apoyo, pero también el reconocimiento y el recuerdo de gratitud del pueblo de México".
Tres días después, en la ceremonia de conmemoración de la Batalla de Puebla, el presidente declaraba que el país enfrenta hoy nuevos frentes de batalla y deploraba nuevamente la pérdida de los cinco militares caídos en cumplimiento de su deber.
"El sacrificio de estos patriotas no será en vano", dijo en esa ocasión, y prometió: "en honor a su memoria, su muerte no quedará impune".
Pero Celia y las familias de otros dos cabos que fallecieron ese día consideran que ninguna de esas promesas se cumplió. A cuatro meses de la muerte de los soldados, siguen esperando que se detenga a los responsables de la muerte de los soldados y acusan a las autoridades federales de no haberles entregado la pensión mensual a la que tienen derecho.
Si bien las madres de los soldados caídos recibieron los seguros de vida y de retiro que les correspondían por un monto de cerca de 400 mil pesos, las viudas solamente recibieron una compensación de 180 mil pesos, que pensaban destinar a la educación de sus hijos, pero que empezaron a gastar ya que no recibieron la pensión destinada a reemplazar el ingreso perdido de sus esposos.
También culpan al gobierno estatal de incumplir su promesa de otorgarles una casa y ayudarles a encontrar un empleo.
Enfoque contactó a los familiares de los tres soldados originarios de Michoacán que murieron en la emboscada. Se entrevistó a la pareja y al padre del cabo Valentín Aguilar, la madre del cabo Israel Téllez Villanueva, así como la madre y la suegra del cabo Júpiter Francisco Carrillo Cornejo. Las viudas de estos últimos dos se negaron a hablar por miedo a represalias.
Las familias de los otros dos soldados caídos, el sargento segundo Humberto Ruiz Hernández y el coronel Antioco Hernández Morales, oriundos de Oaxaca y Guerrero respectivamente, no fueron localizadas.
La pérdida
Armando tenía 16 años y estaba a punto de salir de la secundaria cuando le pidió a Celia, de un año menor, que fuera su novia. Poco después, pese que a él quería seguir estudiando, él entró al Ejército porque su familia no tenía para apoyarlo, explica su padre, José Guadalupe Valentín, un campesino de Queréndaro, un pueblo a 35 kilómetros de Morelia.
Cuatro años después, Armando le pidió a Celia que se fueran a vivir juntos.
Celia aceptaba que Armando fuera militar porque a él le gustaba mucho su trabajo. "Pero a veces sí, me preocupaba porque luego a veces se lo llevaban a la Sierra y duraba mucho tiempo para venir y sin hablar por teléfono", comenta la joven viuda.
Para pasar más tiempo con ella y su hijo de tres años, Armando intentó subir de grado y se fue varios meses a Puebla para estudiar el examen para sargento segundo. Sin embargo, reprobó la prueba de natación y siguió como cabo.
Como cabo falleció, exactamente, ocho años después de darse de alta en el Ejército. Tenía 24 años.
Meses después de perderlo, hay veces en que Celia llora toda la noche sin conseguir el sueño, porque extraña a su esposo.
Pero no solamente llora por soledad. También llora cuando recuerda que la muerte de su pareja quedó impune.
Considera que no se les ha hecho justicia a los soldados fallecidos. "Él (Calderón) debe de cumplir con su palabra porque si él ya lo dijo... y es cosa de que ahorita ya no se ha oído nada de ellos", dice entre sollozos, "o sea, como si ya los hubieran dejado así, como si hubieran matado a cualquiera. Y eso no debe de ser porque él ya lo había dicho que los iba a recordar".
Impunidad
La aparente firmeza de Calderón en perseguir a los responsables de la emboscada se reflejó en el despliegue de fuerzas que siguió a la tragedia. En menos de 72 horas, más de mil 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaban en apoyo al personal de la 21 Zona Militar para tomar el control de Carácuaro y patrullar los municipios aledaños, a bordo de camiones y decenas de helicópteros.
Según un comunicado difundido por la Procuraduría General de la República el 10 de mayo, el resultado de estas operaciones terrestres y aéreas fue la detención de 36 personas, 13 de las cuales fueron consignadas. Sin embargo, los delitos que se les imputó no fueron los de complicidad o participación en la emboscada que llevó a la muerte de los cinco soldados, sino de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.
Otros resultados del despliegue de elementos del Ejército son las quejas que, desde el 4 de mayo, fueron presentadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones a las garantías individuales, como son detenciones arbitrarias, actos de tortura, cateos ilegales y atentados contra la integridad física. El 15 de mayo, José Luis Soberanes, titular del organismo, también daba a conocer que cuatro menores de edad habían interpuesto una denuncia por violación.
Cuando se contactó a la Segunda Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para obtener más información sobre su investigación de estas quejas, ésta se negó a dar información argumentando que tiene planeado entregar una resolución a principios de septiembre. "La visitadora se está reservando para dar a conocer los resultados a toda la prensa", explicó Lázaro Serranía Álvarez, subdirector de Información de la dependencia.
Celia comenta que cuando escuchó rumores de las violaciones y de que algunos de los detenidos habían salido libres, las otras viudas y ella fueron al cuartel de la 21 Zona Militar.
"Fuimos a decirle al sargento que nosotros queríamos justicia pues, porque no estábamos de acuerdo en lo que les habían hecho", relata, refiriéndose a la persona encargada de atender a las viudas en el cuartel, que identificó como el sargento Monroy.
"Y nos dijo que quién nos había dicho que estaban saliendo, le dijimos que se oían comentarios, y nos dijo que no había salido nadie".
Por su parte, Leonila Villanueva, madre del cabo Israel Téllez Villanueva, quien también falleció en la emboscada, opina que las noticias que revelaron las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas son mentiras.
Aunque avala la incursión del Ejército en Carácuaro, deplora que no se haya detenido a los responsables de la emboscada y no cree que se les vaya a hacer justicia a los soldados. "Yo sé que siguen sueltos unos de los que se juntaron para hacerles el 'cuatro' que dicen que les hicieron", afirma.
Desamparados
Como cabos, Armando, Israel y Júpiter Francisco ganaban 5 mil 700 pesos al mes.
Para Armando y Celia, ése era su único ingreso familiar, ya que Armando pidió a Celia que dejara su trabajo en la cocina de un restaurante cuando se juntaron. Vivían humildemente, con su hijo de tres años, en una casa de una habitación con suelo y paredes de concreto, a 10 metros de la casa de los padres del militar.
A Israel y su esposa, quien dejó de trabajar como enfermera cuando se embarazó, no les alcanzaba para rentar, por lo que vivían, con su bebé de cinco meses, en la misma casa que la madre de él, Leonila Villanueva.
La situación era similar para Júpiter Francisco y su esposa, quienes no tenían dinero suficiente para mantener a su hijo de siete años, cuidar al padre de él y salirse de la casa de la madre de ella, María de Jesús Navarro Ramírez.
"El tenía aspiraciones y quería sacar de Infonavit alguna casita, para poder ayudar a su papá porque su papá está muy enfermo", explica María de Jesús. Pero su muerte prematura no le dio tiempo de cumplir sus sueños y dejó desamparados a su esposa y a su hijo.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las viudas o de las madres había recibido la pensión que les corresponde, equivalente a los 5 mil 700 pesos que ganaban mensualmente los soldados.
El retraso de cuatro meses en el pago de la pensión no se justifica, ya que el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) establece: "las pensiones fijadas en esta Ley serán pagadas a partir del día siguiente de la muerte del militar".
María de Jesús explica que cada vez que su hija y las otras viudas van al cuartel a preguntar por la pensión, les hacen esperar varias horas para luego decirles que tienen que regresar ocho o 15 días más tarde.
"Ya estuvo suave, porque no se está haciendo. O sea, hay muchas trabas y yo lo que quiero es que se dé cuenta el Presidente", dice.
'Los registran como solteros'
En cuanto a los otros derechos que acompañan la muerte de un soldado en el ejercicio de sus funciones, primero se entregaron 250 mil pesos para cubrir los gastos de funeral de los fallecidos.
Aunque los tres soldados vivían con su pareja y tenían hijos, su seguro de vida y su seguro colectivo de retiro fueron entregados a sus madres, pues para el Ejército ellos son solteros.
El monto de estos seguros osciló entre 386 y 422 mil pesos, según los familiares de los soldados, dependiendo de su antigüedad en la corporación.
A raíz de esta situación, la relación entre viudas y suegras se ha deteriorado. Es el caso de Edith Plancarte, la viuda de Israel Téllez Villanueva, quien se fue de la casa que compartía con su esposo y su suegra, Leonila Villanueva, después de enterarse de que ella no quería cederle sus derechos.
Además, ya que Israel apoyaba a su madre mensualmente con el gasto, ahora Leonila está pidiendo que cuando se comience a pagar la pensión mensual, una parte sea para ella.
No es una casualidad que las madres recibieran los seguros, de acuerdo con María de Jesús, ya que el Ejército obliga a los soldados a declararse solteros para darse de alta en la corporación.
Su yerno, Júpiter Francisco, se casó formalmente antes de entrar al Ejército; sin embargo, cuando se dio de alta como soldado lo registraron como soltero, por lo que tuvo que elegir como beneficiaria de sus derechos en caso de fallecimiento a su madre y no a su esposa.
"Los registran como solteros porque es un requisito que les piden allí, porque todos están iguales", afirma. "Y todos me dijeron que sí, es cierto que es un requisito".
Las viudas solamente recibieron una compensación de 180 mil pesos, explica Celia. "Nada más nos dijeron allí en el cuartel que eso les correspondía a las esposas", cuenta.
"O sea, que todas las esposas no recibimos más dinero que los 180. Porque todos los seguros de vida, todas las mamás de ellos los recibieron. Nada más las esposas recibimos eso porque tenían (de beneficiarias), si algo les pasaba a ellos, que lo recibieran sus mamás. A lo mejor por eso, por parte de la 21 Zona, nos dieron a nosotros eso".
Enfoque pidió una entrevista al general Mauro Enrique Tello Quiñones, comandante de la 21 Zona Militar, para confirmar esta información, pero éste se negó a contestar cualquier pregunta, alegando que no está autorizado para hacer declaraciones.
Celia, como las otras viudas, pensaba ahorrar ese dinero para los estudios de su hijo, pero ya que no ha recibido la pensión de su esposo empezó a gastarlo para sobrevivir.
También en otros derechos adquiridos por los soldados, como el de atención médica, los familiares han enfrentado problemas.
En contradicción con lo establecido por el artículo 142 de la Ley del ISSFAM, personal de la 21 Zona Militar informó a los padres de los soldados que iban a dejar de tener derecho al Servicio Médico Integral proporcionado por el Instituto, al que estaban afiliados cuando estaban con vida.
Leonila Villanueva, madre del cabo Téllez Villanueva, dice que quien la informó de esta disposición es la persona encargada de cuestiones de atención médica en el cuartel, a quien ella identifica como "la subsargenta Elizabeth".
"Me dijo que si me habían atendido era, no por obligación, sino por cortesía. Pero (me dijo) 'ya falleció su hijo, ya no tiene derecho usted a los servicios'", relata Leonila.
Leonila tenía previsto operarse de una hernia umbilical el 11 de septiembre e ignora si le van a cobrar o no la cirugía.
Una situación semejante padecen los padres de Armando Valentín Aguilar, quienes estaban afiliados al ISSFAM y ya han sido avisados de que perderán ese derecho.
Hace tres meses, las familias fueron citadas en el cuartel de la 21 Zona Militar para un homenaje a los soldados, y fueron conminados a escribirle una carta al Presidente, para que le expusieran sus necesidades. Los padres de Armando pidieron, precisamente, que se les conservara su derecho a la atención médica.
Para María Carmen Macías Vázquez, especialista en derecho social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Ejército está faltando a sus obligaciones al no haber pagado aún las pensiones.
"Es hasta como de sorprenderse. Alguien que estuvo en vida a las órdenes irrestrictas para todas las necesidades, ahora sus derechohabientes están olvidados porque no hay una declaratoria que debió de haber sido inmediata, bueno, una pensión que debió de haber sido entregada de manera inmediata por el instituto", expresa.
En cuanto a la atención médica, la Ley del ISSFAM no establece expresamente cómo queda la situación de los familiares de un militar fallecido. Sin embargo, de acuerdo con Macías Vázquez, es de suponerse que los derechos de que goza en su vida un militar se extienden después su muerte.
"No es necesario que me diga 'a la muerte de él va a seguir el servicio médico, no, ése es un derecho que tienen si así los designó (el militar antes de morir) y no tendrá por qué variar", añade.
Intervención de Cárdenas Batel
A los pocos días de perder a Armando, Celia recibió la visita de Mariano Sánchez, el coordinador de Atención Ciudadana del gobierno de Michoacán, quien le dio el pésame por parte del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, y le ofreció el apoyo de la entidad. Como a las otras viudas radicadas en la entidad, le prometió una casa y ayuda para mantenerse económicamente.
"Me dijeron que me iban a poner una pequeña tiendita para que me ayudara, pero no nos han dicho ya nada", cuenta Celia, "ya firmamos según las escrituras y el compra-venta de la casa, pero no nos la han entregado".
En el caso de la viuda del cabo Téllez Villanueva, quien entonces vivía con su suegra, Leonila Villanueva, el gobernador se desplazó en persona para darle el pésame y, además de la casa, le prometió colocarla en un trabajo, ya que tiene un título de enfermera.
Por su parte, la viuda del cabo Carrillo Cornejo tuvo que ir a buscar al gobernador a la Casa de Gobierno, porque éste no la visitó. Su madre, María de Jesús Navarro, quien estuvo en el encuentro, cuenta que Cárdenas Batel también prometió a su hija una casa y ayuda para poner un negocio en el que pueda autoemplearse.
Hasta el cierre de esta edición, las viudas no habían recibido ni casa ni ayuda para obtener un empleo o poner un negocio propio.
Según María de Jesús, el gobernador encargó a su coordinador de Atención Ciudadana darle seguimiento al asunto. Sin embargo, lo acusa de no respetar las instrucciones del mandatario estatal. Cuando las viudas se reunieron con Sánchez posteriormente y le preguntaron por el apoyo económico, respondió que primero se vería lo de la casa.
Sin embargo, las viudas firmaron un convenio el pasado 13 de julio con el gobierno estatal, en el que la autoridad se comprometía a entregarles su casa en octubre. Pero ya que la elección para designar un nuevo gobernador en la entidad será en noviembre, Celia y María de Jesús dudan que se vaya a dar el apoyo prometido a las viudas. Piensan que si cambia la administración, las promesas quedarán en el olvido.
Por otra parte, María de Jesús relata que cuando su hija firmó el convenio para su casa, ella se fijó en la dirección de la vivienda y fue a verla. Allí, se dio cuenta de que la casa prometida era en realidad un pie de casa y decidió pedirle a Sánchez una explicación.
"Se lo dije en persona: 'Oye, Mariano, ¿es una casa lo que se les va a dar o es un pie de casa?'", relata. "Y me dijo, 'Es una casa, señora'. Le dije: 'Ah, es que nosotros fuimos a ver y es un pie de casa'. Y dice: 'Ah, a caballo dado, no se le ve...' -no recuerdo lo otro- o sea, dándonos a entender que nos están regalando y todavía nos ponemos nuestros moños".
María de Jesús escuchó a una secretaria del coordinador de Atención Ciudadana mencionar que el gobernador había dado instrucciones para asignar 200 mil pesos a la construcción de cada casa. No obstante, cuando llamó a la constructora encargada de la edificación de las casas de las viudas, le dijeron que su costo era de 160 mil pesos.
Al final de una reunión donde María de Jesús planteó este problema, Sánchez amenazó a las viudas con quitarles el apoyo prometido.
"Dice mi hija que la regañó muy feo porque le dijo: 'por tu culpa no les voy a dar a nadie nada'", narra la madre de la viuda.
Finalmente, en otra reunión en el Palacio de Gobierno, el funcionario pidió a las viudas apoyar a su esposa, Alma Bahena, quien busca una diputación local por el PRD en sur del Estado.
"A todas se los dijo: 'Mi esposa se va a lanzar para diputada por la Sur. Quiero que la apoyen'", expone María de Jesús.
En repetidas ocasiones se solicitó una entrevista con el gobernador Cárdenas Batel para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no se había recibido ninguna respuesta.
¿Una batalla perdida?
Celia parece muy alejada de las batallas políticas que se avecinan en Michoacán. Lo que le preocupa ahora es criar a su hijo.
"Tengo miedo de no educarlo bien, que se me haga vago o vicioso, no educarlo, pues... entre los dos", dice con cierta angustia en la voz.
Incluso tiene miedo de que su hijo pueda algún día caer en las adicciones. Por eso piensa que luchar contra el narcotráfico es importante, aunque deplora que tengan que perderse vidas por ello y duda de la posibilidad de acabar con el problema.
"Tengo miedo de que sea, pues, el contrario de su papá", expresa al referirse a su hijo.
Pero paradójicamente, también teme que el niño se parezca demasiado a su padre.
"Igual también tengo miedo de que un día me diga que él quiere ser como su papá y que entre allí (al Ejército)".
No es que Celia desprecie el sacrificio de su pareja. "Siempre voy a estar orgullosa de él porque era alguien que siempre le gustaba cumplir con su deber", expresa.
No, el miedo de Celia es más sencillo. No quiere perder a su hijo.
Emboscados
Estos cinco militares cayeron en Michoacán, justo donde iniciaron los operativos antinarco.
Cabo de infantería Armando Valentín Aguilar.
Nació en Queréndaro, Michoacán, el 23 de septiembre de 1982.
Se dio de alta el 1o. de mayo de 1999.
Le sobreviven su pareja y un hijo de tres años.
Cabo conductor Israel Téllez Villanueva.
Nació en Morelia el 9 de mayo de 1986.
Se dio de alta el 25 de mayo de 2004.
Le sobreviven su esposa y un hijo de cinco meses.
Cabo escribiente Júpiter Francisco Carrillo Cornejo.
Nació en Morelia el 10 de noviembre de 1983.
Se dio de alta el 27 de septiembre de 2004.
Le sobreviven su esposa y un hijo de 7 años.
Sargento segundo de infantería Humberto Ruiz Hernández.
Nació en Santiago Ixtlayuca, Oaxaca, el 15 de junio de 1973.
Se dio de alta el 25 de agosto de 1983.
Le sobreviven su esposa y un hijo.
Coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Antioco Hernández Morales.
Nació en Chilpancingo, Guerrero, el 22 de mayo de 1962.
Se dio de alta el 1o. de septiembre de 1979.
Le sobreviven su esposa y tres hijos, uno de ellos de dos meses.
Como de costumbre, antes de que saliera de casa para el cuartel, Celia le dio un beso y le pidió que se cuidara. Lo único distinto a lo de siempre fue que Armando se paró un momento en el marco de la puerta como si dudara en marcharse. Finalmente, sin decir nada, dio el paso y cerró tras él la puerta.
El 2 de mayo, alrededor de las 13:00 horas, una vecina de Celia recibía una llamada para avisarle que Armando había fallecido junto con cuatro compañeros, emboscados presuntamente por narcotraficantes en el municipio de Carácuaro.
Ese día, casi en el mismo momento en el que se informaba a los familiares del trágico suceso, el presidente Felipe Calderón hacía referencia al caso en un discurso pronunciado en Tabasco, a donde había acudido a poner en marcha un programa social.
El Presidente endureció el rostro, improvisó unas líneas para condenar esa afrenta del narco y aseguró que se recordaría como héroes a los cinco soldados asesinados.
"Y en mi propia tierra, en Michoacán, por ejemplo, anoche cayeron en cumplimiento del deber varios militares", expresó en tono enérgico, "a México y al presidente de la República le (sic) queda muy claro que murieron como héroes y como héroes serán tratados y serán recordados. Por eso extiendo mi más sincero pésame a sus familiares, les garantizo que tendrán todo el apoyo, pero también el reconocimiento y el recuerdo de gratitud del pueblo de México".
Tres días después, en la ceremonia de conmemoración de la Batalla de Puebla, el presidente declaraba que el país enfrenta hoy nuevos frentes de batalla y deploraba nuevamente la pérdida de los cinco militares caídos en cumplimiento de su deber.
"El sacrificio de estos patriotas no será en vano", dijo en esa ocasión, y prometió: "en honor a su memoria, su muerte no quedará impune".
Pero Celia y las familias de otros dos cabos que fallecieron ese día consideran que ninguna de esas promesas se cumplió. A cuatro meses de la muerte de los soldados, siguen esperando que se detenga a los responsables de la muerte de los soldados y acusan a las autoridades federales de no haberles entregado la pensión mensual a la que tienen derecho.
Si bien las madres de los soldados caídos recibieron los seguros de vida y de retiro que les correspondían por un monto de cerca de 400 mil pesos, las viudas solamente recibieron una compensación de 180 mil pesos, que pensaban destinar a la educación de sus hijos, pero que empezaron a gastar ya que no recibieron la pensión destinada a reemplazar el ingreso perdido de sus esposos.
También culpan al gobierno estatal de incumplir su promesa de otorgarles una casa y ayudarles a encontrar un empleo.
Enfoque contactó a los familiares de los tres soldados originarios de Michoacán que murieron en la emboscada. Se entrevistó a la pareja y al padre del cabo Valentín Aguilar, la madre del cabo Israel Téllez Villanueva, así como la madre y la suegra del cabo Júpiter Francisco Carrillo Cornejo. Las viudas de estos últimos dos se negaron a hablar por miedo a represalias.
Las familias de los otros dos soldados caídos, el sargento segundo Humberto Ruiz Hernández y el coronel Antioco Hernández Morales, oriundos de Oaxaca y Guerrero respectivamente, no fueron localizadas.
La pérdida
Armando tenía 16 años y estaba a punto de salir de la secundaria cuando le pidió a Celia, de un año menor, que fuera su novia. Poco después, pese que a él quería seguir estudiando, él entró al Ejército porque su familia no tenía para apoyarlo, explica su padre, José Guadalupe Valentín, un campesino de Queréndaro, un pueblo a 35 kilómetros de Morelia.
Cuatro años después, Armando le pidió a Celia que se fueran a vivir juntos.
Celia aceptaba que Armando fuera militar porque a él le gustaba mucho su trabajo. "Pero a veces sí, me preocupaba porque luego a veces se lo llevaban a la Sierra y duraba mucho tiempo para venir y sin hablar por teléfono", comenta la joven viuda.
Para pasar más tiempo con ella y su hijo de tres años, Armando intentó subir de grado y se fue varios meses a Puebla para estudiar el examen para sargento segundo. Sin embargo, reprobó la prueba de natación y siguió como cabo.
Como cabo falleció, exactamente, ocho años después de darse de alta en el Ejército. Tenía 24 años.
Meses después de perderlo, hay veces en que Celia llora toda la noche sin conseguir el sueño, porque extraña a su esposo.
Pero no solamente llora por soledad. También llora cuando recuerda que la muerte de su pareja quedó impune.
Considera que no se les ha hecho justicia a los soldados fallecidos. "Él (Calderón) debe de cumplir con su palabra porque si él ya lo dijo... y es cosa de que ahorita ya no se ha oído nada de ellos", dice entre sollozos, "o sea, como si ya los hubieran dejado así, como si hubieran matado a cualquiera. Y eso no debe de ser porque él ya lo había dicho que los iba a recordar".
Impunidad
La aparente firmeza de Calderón en perseguir a los responsables de la emboscada se reflejó en el despliegue de fuerzas que siguió a la tragedia. En menos de 72 horas, más de mil 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaban en apoyo al personal de la 21 Zona Militar para tomar el control de Carácuaro y patrullar los municipios aledaños, a bordo de camiones y decenas de helicópteros.
Según un comunicado difundido por la Procuraduría General de la República el 10 de mayo, el resultado de estas operaciones terrestres y aéreas fue la detención de 36 personas, 13 de las cuales fueron consignadas. Sin embargo, los delitos que se les imputó no fueron los de complicidad o participación en la emboscada que llevó a la muerte de los cinco soldados, sino de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.
Otros resultados del despliegue de elementos del Ejército son las quejas que, desde el 4 de mayo, fueron presentadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones a las garantías individuales, como son detenciones arbitrarias, actos de tortura, cateos ilegales y atentados contra la integridad física. El 15 de mayo, José Luis Soberanes, titular del organismo, también daba a conocer que cuatro menores de edad habían interpuesto una denuncia por violación.
Cuando se contactó a la Segunda Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para obtener más información sobre su investigación de estas quejas, ésta se negó a dar información argumentando que tiene planeado entregar una resolución a principios de septiembre. "La visitadora se está reservando para dar a conocer los resultados a toda la prensa", explicó Lázaro Serranía Álvarez, subdirector de Información de la dependencia.
Celia comenta que cuando escuchó rumores de las violaciones y de que algunos de los detenidos habían salido libres, las otras viudas y ella fueron al cuartel de la 21 Zona Militar.
"Fuimos a decirle al sargento que nosotros queríamos justicia pues, porque no estábamos de acuerdo en lo que les habían hecho", relata, refiriéndose a la persona encargada de atender a las viudas en el cuartel, que identificó como el sargento Monroy.
"Y nos dijo que quién nos había dicho que estaban saliendo, le dijimos que se oían comentarios, y nos dijo que no había salido nadie".
Por su parte, Leonila Villanueva, madre del cabo Israel Téllez Villanueva, quien también falleció en la emboscada, opina que las noticias que revelaron las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas son mentiras.
Aunque avala la incursión del Ejército en Carácuaro, deplora que no se haya detenido a los responsables de la emboscada y no cree que se les vaya a hacer justicia a los soldados. "Yo sé que siguen sueltos unos de los que se juntaron para hacerles el 'cuatro' que dicen que les hicieron", afirma.
Desamparados
Como cabos, Armando, Israel y Júpiter Francisco ganaban 5 mil 700 pesos al mes.
Para Armando y Celia, ése era su único ingreso familiar, ya que Armando pidió a Celia que dejara su trabajo en la cocina de un restaurante cuando se juntaron. Vivían humildemente, con su hijo de tres años, en una casa de una habitación con suelo y paredes de concreto, a 10 metros de la casa de los padres del militar.
A Israel y su esposa, quien dejó de trabajar como enfermera cuando se embarazó, no les alcanzaba para rentar, por lo que vivían, con su bebé de cinco meses, en la misma casa que la madre de él, Leonila Villanueva.
La situación era similar para Júpiter Francisco y su esposa, quienes no tenían dinero suficiente para mantener a su hijo de siete años, cuidar al padre de él y salirse de la casa de la madre de ella, María de Jesús Navarro Ramírez.
"El tenía aspiraciones y quería sacar de Infonavit alguna casita, para poder ayudar a su papá porque su papá está muy enfermo", explica María de Jesús. Pero su muerte prematura no le dio tiempo de cumplir sus sueños y dejó desamparados a su esposa y a su hijo.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las viudas o de las madres había recibido la pensión que les corresponde, equivalente a los 5 mil 700 pesos que ganaban mensualmente los soldados.
El retraso de cuatro meses en el pago de la pensión no se justifica, ya que el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) establece: "las pensiones fijadas en esta Ley serán pagadas a partir del día siguiente de la muerte del militar".
María de Jesús explica que cada vez que su hija y las otras viudas van al cuartel a preguntar por la pensión, les hacen esperar varias horas para luego decirles que tienen que regresar ocho o 15 días más tarde.
"Ya estuvo suave, porque no se está haciendo. O sea, hay muchas trabas y yo lo que quiero es que se dé cuenta el Presidente", dice.
'Los registran como solteros'
En cuanto a los otros derechos que acompañan la muerte de un soldado en el ejercicio de sus funciones, primero se entregaron 250 mil pesos para cubrir los gastos de funeral de los fallecidos.
Aunque los tres soldados vivían con su pareja y tenían hijos, su seguro de vida y su seguro colectivo de retiro fueron entregados a sus madres, pues para el Ejército ellos son solteros.
El monto de estos seguros osciló entre 386 y 422 mil pesos, según los familiares de los soldados, dependiendo de su antigüedad en la corporación.
A raíz de esta situación, la relación entre viudas y suegras se ha deteriorado. Es el caso de Edith Plancarte, la viuda de Israel Téllez Villanueva, quien se fue de la casa que compartía con su esposo y su suegra, Leonila Villanueva, después de enterarse de que ella no quería cederle sus derechos.
Además, ya que Israel apoyaba a su madre mensualmente con el gasto, ahora Leonila está pidiendo que cuando se comience a pagar la pensión mensual, una parte sea para ella.
No es una casualidad que las madres recibieran los seguros, de acuerdo con María de Jesús, ya que el Ejército obliga a los soldados a declararse solteros para darse de alta en la corporación.
Su yerno, Júpiter Francisco, se casó formalmente antes de entrar al Ejército; sin embargo, cuando se dio de alta como soldado lo registraron como soltero, por lo que tuvo que elegir como beneficiaria de sus derechos en caso de fallecimiento a su madre y no a su esposa.
"Los registran como solteros porque es un requisito que les piden allí, porque todos están iguales", afirma. "Y todos me dijeron que sí, es cierto que es un requisito".
Las viudas solamente recibieron una compensación de 180 mil pesos, explica Celia. "Nada más nos dijeron allí en el cuartel que eso les correspondía a las esposas", cuenta.
"O sea, que todas las esposas no recibimos más dinero que los 180. Porque todos los seguros de vida, todas las mamás de ellos los recibieron. Nada más las esposas recibimos eso porque tenían (de beneficiarias), si algo les pasaba a ellos, que lo recibieran sus mamás. A lo mejor por eso, por parte de la 21 Zona, nos dieron a nosotros eso".
Enfoque pidió una entrevista al general Mauro Enrique Tello Quiñones, comandante de la 21 Zona Militar, para confirmar esta información, pero éste se negó a contestar cualquier pregunta, alegando que no está autorizado para hacer declaraciones.
Celia, como las otras viudas, pensaba ahorrar ese dinero para los estudios de su hijo, pero ya que no ha recibido la pensión de su esposo empezó a gastarlo para sobrevivir.
También en otros derechos adquiridos por los soldados, como el de atención médica, los familiares han enfrentado problemas.
En contradicción con lo establecido por el artículo 142 de la Ley del ISSFAM, personal de la 21 Zona Militar informó a los padres de los soldados que iban a dejar de tener derecho al Servicio Médico Integral proporcionado por el Instituto, al que estaban afiliados cuando estaban con vida.
Leonila Villanueva, madre del cabo Téllez Villanueva, dice que quien la informó de esta disposición es la persona encargada de cuestiones de atención médica en el cuartel, a quien ella identifica como "la subsargenta Elizabeth".
"Me dijo que si me habían atendido era, no por obligación, sino por cortesía. Pero (me dijo) 'ya falleció su hijo, ya no tiene derecho usted a los servicios'", relata Leonila.
Leonila tenía previsto operarse de una hernia umbilical el 11 de septiembre e ignora si le van a cobrar o no la cirugía.
Una situación semejante padecen los padres de Armando Valentín Aguilar, quienes estaban afiliados al ISSFAM y ya han sido avisados de que perderán ese derecho.
Hace tres meses, las familias fueron citadas en el cuartel de la 21 Zona Militar para un homenaje a los soldados, y fueron conminados a escribirle una carta al Presidente, para que le expusieran sus necesidades. Los padres de Armando pidieron, precisamente, que se les conservara su derecho a la atención médica.
Para María Carmen Macías Vázquez, especialista en derecho social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Ejército está faltando a sus obligaciones al no haber pagado aún las pensiones.
"Es hasta como de sorprenderse. Alguien que estuvo en vida a las órdenes irrestrictas para todas las necesidades, ahora sus derechohabientes están olvidados porque no hay una declaratoria que debió de haber sido inmediata, bueno, una pensión que debió de haber sido entregada de manera inmediata por el instituto", expresa.
En cuanto a la atención médica, la Ley del ISSFAM no establece expresamente cómo queda la situación de los familiares de un militar fallecido. Sin embargo, de acuerdo con Macías Vázquez, es de suponerse que los derechos de que goza en su vida un militar se extienden después su muerte.
"No es necesario que me diga 'a la muerte de él va a seguir el servicio médico, no, ése es un derecho que tienen si así los designó (el militar antes de morir) y no tendrá por qué variar", añade.
Intervención de Cárdenas Batel
A los pocos días de perder a Armando, Celia recibió la visita de Mariano Sánchez, el coordinador de Atención Ciudadana del gobierno de Michoacán, quien le dio el pésame por parte del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, y le ofreció el apoyo de la entidad. Como a las otras viudas radicadas en la entidad, le prometió una casa y ayuda para mantenerse económicamente.
"Me dijeron que me iban a poner una pequeña tiendita para que me ayudara, pero no nos han dicho ya nada", cuenta Celia, "ya firmamos según las escrituras y el compra-venta de la casa, pero no nos la han entregado".
En el caso de la viuda del cabo Téllez Villanueva, quien entonces vivía con su suegra, Leonila Villanueva, el gobernador se desplazó en persona para darle el pésame y, además de la casa, le prometió colocarla en un trabajo, ya que tiene un título de enfermera.
Por su parte, la viuda del cabo Carrillo Cornejo tuvo que ir a buscar al gobernador a la Casa de Gobierno, porque éste no la visitó. Su madre, María de Jesús Navarro, quien estuvo en el encuentro, cuenta que Cárdenas Batel también prometió a su hija una casa y ayuda para poner un negocio en el que pueda autoemplearse.
Hasta el cierre de esta edición, las viudas no habían recibido ni casa ni ayuda para obtener un empleo o poner un negocio propio.
Según María de Jesús, el gobernador encargó a su coordinador de Atención Ciudadana darle seguimiento al asunto. Sin embargo, lo acusa de no respetar las instrucciones del mandatario estatal. Cuando las viudas se reunieron con Sánchez posteriormente y le preguntaron por el apoyo económico, respondió que primero se vería lo de la casa.
Sin embargo, las viudas firmaron un convenio el pasado 13 de julio con el gobierno estatal, en el que la autoridad se comprometía a entregarles su casa en octubre. Pero ya que la elección para designar un nuevo gobernador en la entidad será en noviembre, Celia y María de Jesús dudan que se vaya a dar el apoyo prometido a las viudas. Piensan que si cambia la administración, las promesas quedarán en el olvido.
Por otra parte, María de Jesús relata que cuando su hija firmó el convenio para su casa, ella se fijó en la dirección de la vivienda y fue a verla. Allí, se dio cuenta de que la casa prometida era en realidad un pie de casa y decidió pedirle a Sánchez una explicación.
"Se lo dije en persona: 'Oye, Mariano, ¿es una casa lo que se les va a dar o es un pie de casa?'", relata. "Y me dijo, 'Es una casa, señora'. Le dije: 'Ah, es que nosotros fuimos a ver y es un pie de casa'. Y dice: 'Ah, a caballo dado, no se le ve...' -no recuerdo lo otro- o sea, dándonos a entender que nos están regalando y todavía nos ponemos nuestros moños".
María de Jesús escuchó a una secretaria del coordinador de Atención Ciudadana mencionar que el gobernador había dado instrucciones para asignar 200 mil pesos a la construcción de cada casa. No obstante, cuando llamó a la constructora encargada de la edificación de las casas de las viudas, le dijeron que su costo era de 160 mil pesos.
Al final de una reunión donde María de Jesús planteó este problema, Sánchez amenazó a las viudas con quitarles el apoyo prometido.
"Dice mi hija que la regañó muy feo porque le dijo: 'por tu culpa no les voy a dar a nadie nada'", narra la madre de la viuda.
Finalmente, en otra reunión en el Palacio de Gobierno, el funcionario pidió a las viudas apoyar a su esposa, Alma Bahena, quien busca una diputación local por el PRD en sur del Estado.
"A todas se los dijo: 'Mi esposa se va a lanzar para diputada por la Sur. Quiero que la apoyen'", expone María de Jesús.
En repetidas ocasiones se solicitó una entrevista con el gobernador Cárdenas Batel para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no se había recibido ninguna respuesta.
¿Una batalla perdida?
Celia parece muy alejada de las batallas políticas que se avecinan en Michoacán. Lo que le preocupa ahora es criar a su hijo.
"Tengo miedo de no educarlo bien, que se me haga vago o vicioso, no educarlo, pues... entre los dos", dice con cierta angustia en la voz.
Incluso tiene miedo de que su hijo pueda algún día caer en las adicciones. Por eso piensa que luchar contra el narcotráfico es importante, aunque deplora que tengan que perderse vidas por ello y duda de la posibilidad de acabar con el problema.
"Tengo miedo de que sea, pues, el contrario de su papá", expresa al referirse a su hijo.
Pero paradójicamente, también teme que el niño se parezca demasiado a su padre.
"Igual también tengo miedo de que un día me diga que él quiere ser como su papá y que entre allí (al Ejército)".
No es que Celia desprecie el sacrificio de su pareja. "Siempre voy a estar orgullosa de él porque era alguien que siempre le gustaba cumplir con su deber", expresa.
No, el miedo de Celia es más sencillo. No quiere perder a su hijo.
Emboscados
Estos cinco militares cayeron en Michoacán, justo donde iniciaron los operativos antinarco.
Cabo de infantería Armando Valentín Aguilar.
Nació en Queréndaro, Michoacán, el 23 de septiembre de 1982.
Se dio de alta el 1o. de mayo de 1999.
Le sobreviven su pareja y un hijo de tres años.
Cabo conductor Israel Téllez Villanueva.
Nació en Morelia el 9 de mayo de 1986.
Se dio de alta el 25 de mayo de 2004.
Le sobreviven su esposa y un hijo de cinco meses.
Cabo escribiente Júpiter Francisco Carrillo Cornejo.
Nació en Morelia el 10 de noviembre de 1983.
Se dio de alta el 27 de septiembre de 2004.
Le sobreviven su esposa y un hijo de 7 años.
Sargento segundo de infantería Humberto Ruiz Hernández.
Nació en Santiago Ixtlayuca, Oaxaca, el 15 de junio de 1973.
Se dio de alta el 25 de agosto de 1983.
Le sobreviven su esposa y un hijo.
Coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Antioco Hernández Morales.
Nació en Chilpancingo, Guerrero, el 22 de mayo de 1962.
Se dio de alta el 1o. de septiembre de 1979.
Le sobreviven su esposa y tres hijos, uno de ellos de dos meses.
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La versión oficial no convence
Publicado en Enfoque - Reforma
Por Laurence Pantin
(02-Sep-2007).- "Si yo pudiera, yo vengaba a mi hijo", dice con firmeza José Guadalupe Valentín, el padre del cabo Armando Valentín Aguilar, quien falleció junto con otros cuatro soldados el pasado 1o. de mayo en una emboscada en Carácuaro.
A la impotencia que sienten los familiares de los militares caídos frente a la impunidad, se añade el dolor de la incertidumbre, ya que consideran que las autoridades no les han dado una verdadera explicación sobre la muerte de los soldados.
De hecho, algunos familiares detectaron inconsistencias entre la versión oficial de los hechos e información que les dieron los compañeros de los soldados fallecidos.
La versión oficial de los hechos está plasmada en un documento de 12 páginas fechado del 29 de mayo que la Dirección General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional entregó a los familiares como Declaración Provisional de Existencia de Personalidad Militar.
Mientras que la página 5 del documento menciona que los soldados iban vestidos con su uniforme camuflado tipo selva, los familiares del cabo Valentín Aguilar escucharon una versión ligeramente distinta.
"Nos dijo un compañero de ellos que les habían puesto una playera normal encima (del uniforme)", expone Celia Barrera, pareja de Valentín Aguilar.
El documento también establece que los soldados salieron del cuartel a las 16:00 horas, a bordo de una RAM 4x4, un Mercedes Benz y tres camionetas pick up para investigar una denuncia anónima que mencionaba la presencia de un grupo armado en el municipio de Carácuaro.
"Hay rumores que se dicen que iban todos vestidos de civil y que iban en una camioneta de la PGR. Pero ¿cuál es la verdad?, no sé", expresa Leonila Villanueva, madre del Cabo Israel Téllez Villanueva.
Los familiares no entienden qué pudo motivar que los soldados vistieran de civil y circularan en vehículos que no pertenecían a las Fuerzas Armadas.
"Yo me sentí mal porque creo que el Ejército no tiene por qué salir así. No sé qué realmente fue lo que sucedió allí. Y a mí eso me tiene desconcertada", concluye Villanueva.
Finalmente, pese a que los familiares fueron informados de que los cabos llevaban su chaleco de protección ese día, no se explican cómo dos de ellos pudieron recibir impactos de balas en la espalda o en el abdomen.
Barrera, la viuda del cabo Valentín Aguilar, cuenta que un compañero de su pareja le dijo que se puso el chaleco ese día. A pesar de esta medida, el acta de defunción del militar establece que falleció de un "shock hipovolémico por laceración de órganos tóraco abdominales consecutiva a la penetración de proyectil de arma de fuego a cavidad tóraco abdominal", es decir que recibió un impacto de bala en el abdomen, que normalmente debería haber estado protegido por el chaleco.
Por su parte, Nidia Cornejo, madre del cabo Júpiter Francisco Carrillo Cornejo y agente de tránsito en Morelia, dice que el médico del Servicio Médico Forense que atendió a su hijo es un amigo suyo y que éste le aseguró que su hijo llevaba su chaleco puesto.
"Nada más que yo, lo que no entiendo (es) cómo (con) el chaleco le entró una bala por la parte de atrás y explotó en el pecho", expresa.
Para investigar la emboscada, la delegación en Morelia de la Procuraduría General de la República inició el 2 de mayo la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-I/277/2007, por los delitos de homicidio, lesiones calificadas, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y los que resulten.
Sin embargo, según José Luis Manjarrez Nava, de la oficina de comunicación social de la PGR, la investigación sigue su curso y no ha dado ningún resultado hasta la fecha.
"Efectivamente se abrió la averiguación previa," declara. "está en proceso. No ha habido, hasta este momento, información que se pueda proporcionar que sea de algún adelanto. No ha habido ningún ejercicio penal, o sea, no ha habido ninguna consignación. Continua el proceso de investigación".
Al cierre de esta edición la Secretaría de Defensa Nacional no había contestado la solicitud de información que se le hizo sobre este caso.
La ley dice
La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de 228 artículos, desglosa los derechos que se deben otorgar a los familiares de un militar muerto en el activo en actos del servicio.
- El pago, a partir del día siguiente de la muerte del militar, de una pensión equivalente al 100 por ciento de su haber y el 100 por ciento del sobrehaber, de las primas complementarias por condecoración de perseverancia y de las asigna- ciones de técnico que estaba percibiendo el militar al ocurrir el fallecimiento.
Los familiares que se consideren con derecho a beneficio deben solicitar el otorgamiento de la pensión al Instituto. Mientras se lleven a cabo los trámites para otorgar la pensión, se continuará cubriendo el 50 por ciento del haber que percibía el militar fallecido a los familiares que se acrediten con la credencial de afiliación respectiva.
- La entrega de pagas de defunción equivalente a cuatro meses del haber y del sobrehaber, más cuatro meses de asignaciones para atender los gastos de sepelio.
- Un seguro de vida, cuyos beneficiarios podrán ser elegidos libremente por el militar.
- Un seguro colectivo de retiro equivalente a 50 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente del grado del militar, independientemente de sus años de servicios efectivos prestados.
- La devolución de las aportaciones que el militar tenga a su favor en el fondo de la vivienda.
Laurence Pantin
Así lo dijo
"A México y al presidente de la República le (sic) queda muy claro que murieron como héroes y como héroes serán tratados y serán recordados. Por eso extiendo mi más sincero pésame a sus familiares, les garantizo que tendrán todo el apoyo, pero también el reconocimiento y el recuerdo de gratitud del pueblo de México".
Felipe Calderón
2 de mayo de 2007
"Ya estuvo suave porque no se está haciendo. O sea hay muchas trabas y yo lo que quiero es que se de cuenta el Presidente. A mi, no me interesa el gobernador de aquí ni los de aquí. Porque se supone que el Presidente lo dijo a la televisión que se les iba a brindar todo el apoyo".
María de Jesús Navarro Ramírez,
suegra del cabo Júpiter Francisco Carrillo Cornejo, 17 de agosto de 2007
"Gloria y honor a todos los soldados y marinos que arriesgan su vida y que la ofrendan en defensa de los más elevados intereses de la Patria. El sacrificio de estos patriotas no será en vano, en honor a su memoria, su muerte no quedará impune".
Felipe Calderón
5 de mayo de 2007
"Él (Calderón) debe de cumplir con su palabra porque si él ya lo dijo... y es cosa de que ahorita ya no se ha oído nada de ellos, o sea, como si ya los hubieran dejado así, como si hubieran matado a cualquiera. Y eso no debe de ser porque él ya lo había dicho que los iba a recordar."
Celia Barrera,
viuda del cabo Armando Valentín Aguilar, 8 de agosto de 2007
"Para mí, no se le ha hecho nada todavía (de justicia). Porque yo sé que siguen sueltos unos de los que se juntaron para hacerles el 'cuatro' que dicen que les hicieron. Se dio a conocer que habían detenido a personas. Pero después salió que ya las habían soltado, que no se les comprobó nada".
Leonila Villanueva,
madre del cabo Israel Téllez Villanueva, 9 de agosto de 2007
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