Entrevista con Eduardo González: Procesar el pasado
Publicado en Enfoque - Reforma
Por Laurence Pantin
(23-Sep-2007).- Dar justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante un periodo de autoritarismo es fundamental para que un país pueda consolidar su democracia, estima Eduardo González, experto del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una ONG que asiste a países que buscan establecer responsabilidades por atrocidades o abusos ocurridos durante un régimen represivo.
Ya que la democracia se basa en la promesa de la igualdad y de la participación, si un gobierno democrático niega la justicia a las víctimas del régimen autoritario que lo precedió pierde legitimidad, pues demuestra que da más importancia a la tranquilidad de los criminales que al sufrimiento de las víctimas. Además, según González, la impunidad abre la posibilidad de que se repita este tipo de violaciones.
El investigador advierte que México enfrenta un reto especial, ya que las desapariciones forzadas no solamente son un problema del pasado lejano, sino que la criminalización de los movimientos sociales persiste. Desde su punto de vista, los recientes ataques terroristas del Ejército Popular Revolucionario se explican en parte por este contexto, ya que el gobierno deja la posibilidad a los miembros del EPR de "justificar" sus actos con la desaparición forzada de sus compañeros.
González, cuya organización realizó un análisis del desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, considera que ésta dejó mucho qué desear y que el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de dar justicia a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares. Estima que es urgente que el Estado repare el daño y haga justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
¿Qué es la justicia transicional?
El término justicia transicional es el resultado del encuentro entre dos disciplinas muy distintas, por un lado la ciencia política, que estudia las transiciones a la democracia, y por el otro lado, el derecho internacional, que plantea cuáles son los mínimos a los que se han comprometido los Estados con respecto a los derechos de sus ciudadanos.
En todas las situaciones de transición o de pacto de paz existe un cierto elemento de negociación política. Si tienes una negociación de paz, ciertamente los negociadores buscan ponerle fin al conflicto, pero también se intercambian seguridades, con la certeza de que no van a afectar sus posiciones de poder luego del pacto. En esa situación, quien puede resultar perdiendo son las víctimas porque las víctimas no tienen poder político. Los pactos de transición o de paz conducen a un reacomodo del poder político entre quienes están alrededor de la mesa, pero no quienes están fuera de la mesa.
La justicia transicional es la disciplina que estudia cómo, en esas condiciones de transición política, las distintas sociedades enfrentan el tema del pasado a través de acciones concretas como la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia penal, la reparación del daño y las políticas de no repetición.
¿Por qué es importante recordar?
Un efecto directo de no enfrentar el pasado y de dejar que la impunidad funcione es hacer que quienes han cometido abusos aprendan que los pueden seguir cometiendo. La impunidad genera repetición de la violencia. Si digo, luego de un conflicto, que voy a amnistiar a todos los criminales, mi mensaje es que la seguridad y la tranquilidad de esos criminales -de no ser arrestados, de no tener ningún problema legal- es más importante que la tranquilidad de esas víctimas, que nunca van a encontrar al ser querido que ha sido desaparecido. No puedes crear una sociedad igualitaria, democrática, si el primer paso que estás dando es decir que no hay igualdad. De alguna manera, daña las bases éticas de lo que tiene que ser la transición democrática.
Si no hay base ética para la democracia, la pregunta clara del público es: "Entonces, yo ¿para qué luché?" El gran dilema de la justicia transicional es que has pedido a la población que se comprometa activamente en la lucha por la democracia porque has prometido que la democracia iba a ser distinta de la dictadura, distinta al autoritarismo. Si al día siguiente de la democracia la realidad es exactamente la misma, entonces el nuevo régimen democrático pierde legitimidad inmediatamente. Un régimen autoritario no necesita legitimidad, se sostiene sobre la violencia. Un régimen democrático, sí, necesita legitimidad.
En el caso mexicano, no todas las víctimas de desapariciones forzadas tenían reivindicaciones por la democracia...
Eran movimientos ideológicos, en una época de auge de políticas socialistas, movimientos de izquierda, movimientos guerrilleros, rebeldes, etcétera. Pero no creo que ésa sea la diferencia con México. La diferencia es que México no tiene un régimen militar formal como tuvo el resto de América Latina, pero sí tiene un régimen autoritario donde un solo partido tiene la posibilidad real de mantenerse en el poder. La particularidad de esa situación es que ese partido es capaz de manejar los tiempos de la transición de una manera larga y controlada.
Eso le plantea a México un reto muy especial. En México no se trata, cuando se habla de justicia transicional, de solamente un tema del pasado lejano, del pasado remoto. No se trata nada más de los casos sonados de Tlatelolco, 1968 y 1971 -esos casos son importantísimos, son paradigmáticos-, se trata también de toda la criminalización y la represión de los movimientos sociales que han ocurrido por décadas. De alguna manera, persisten ciertas formas de relación entre el movimiento social y el Estado de mucha violencia, de mucha represión.
Dijo que si la gente piensa que no hay justicia, de cierto modo es muy difícil que apoye la democracia. ¿No es lo que pasa en México?
Claro. ¿Cuál es la percepción de cambio que tiene que haber? Todo régimen político hace una promesa. Los regímenes autoritarios dan la promesa de estabilidad, tranquilidad, seguridad. Y si no te la dan, se caen. La democracia hace una promesa muy concreta: igualdad, inclusión, participación. Si lo primero que hace el régimen democrático es negar la igualdad, facilitando que unos puedan vivir con sus crímenes tranquilos, mientras otros siguen sufriendo, evidentemente estás negando de entrada el presupuesto de lo que quieres construir. La democracia, a diferencia de otros regímenes, necesita la participación ciudadana activa. Si los ciudadanos se abstienen de participar en política, si los ciudadanos no se interesan en la cosa pública, el régimen democrático se seca, se queda sin apoyo real.
En el caso mexicano, ¿existe un riesgo de que la democracia se seque?
En México la aspiración de un régimen auténticamente democrático ha sido un mito movilizador de la sociedad por décadas. Entonces, si lo que ocurre en el régimen democrático no satisface esas expectativas, si por el contrario da la señal de que el compromiso político con la justicia no es realmente tan serio como se suponía, evidentemente eso causa una gran decepción y eso causa dos riesgos realmente muy graves.
Primer riesgo: la idealización del pasado autoritario, la idea de que como la democracia no cumple, entonces hay que idealizar el pasado. Y el segundo riesgo, por el lado más radical: que como la democracia no cumple, entonces hay que irse por fuera de la democracia y entonces vienen las actitudes violentas, la ruptura del Estado de derecho.
¿Entra el resurgimiento del EPR en este esquema?
Hay algún tipo de relación. Me parece una cosa realmente peligrosa y realmente dramática que algunos de los atentados recientes se justifiquen en la supuesta desaparición forzada de miembros de este grupo. Para comenzar, no existe justificación alguna para la violencia, pero no es posible que un régimen democrático permita que este tipo de cosas se constituyan un pretexto para la violencia. Porque si hay una desaparición forzada denunciada, lo que cabría es investigarla y eso, evidentemente, niega pretextos a los violentos. Los violentos no necesitan pretextos, los violentos van a utilizar la violencia, pero hay que negarles esos pretextos.
Su organización hizo un informe sobre el desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?
En general el balance de la Femospp deja mucho qué desear. Lamentablemente, hubo problemas de diversa índole que han resultado en una frustración de la población mexicana y de las víctimas. No se ha avanzado de manera sustantiva en la identificación y recuperación de restos de personas desa- parecidas. No se ha avanzado de manera sustantiva en la identificación de responsabilidades penales y no se ha avanzado tampoco en publicitar una narrativa histórica que explique a los mexicanos del siglo XXI por qué y de qué manera ocurrieron estos abusos en el pasado. Entonces no cabe que el Estado mexicano piense que, con una experiencia fallida como ésta, ha cumplido ya con su obligación.
Concretamente, ¿por qué falló la fiscalía?
En primer lugar, hay un problema de diseño. La pretensión de crear una sola institución que haga al mismo tiempo una investigación penal y una investigación histórica resultó en detrimento de la investigación histórica. En segundo lugar, una cosa muy grave es que todo ese proceso adoleció de una gran falta de comunicación con la sociedad y en particular con las víctimas. Si las víctimas no se apropian del instrumento, si no tienen una participación real en las investigaciones, entonces cualquier investigación va a perder fuentes importantísimas de información, pero también va a perder legitimidad y credibilidad.
¿También hubo fallas en las estrategias penales?
Claro. La fiscalía tenía un mandato muy amplio de investigación y ese mandato lamentablemente, en el imaginario final de la sociedad mexicana, queda centrado en algunos cuantos casos paradigmáticos, es decir, en algunas acusaciones específicas como el tema del genocidio. Pero lo que no queda completamente claro en la estrategia de la fiscalía es que se trata de perseguir, no crímenes específicos o puntuales, sino crímenes de sistema, donde había un patrón concreto, generalizado, sistemático de perpetración de violaciones de derechos humanos. Ésa es una pobreza del enfoque jurídico de la fiscalía.
Por último, no hay señales concretas de que el Estado esté haciendo un seguimiento serio al legado de esta fiscalía. Por más que en general el balance sea negativo, igual allí hay un informe histórico, hay investigaciones concretas que se tienen que hacer, hay casos concretos que se tienen que continuar investigando y no hay señal concreta de que el Estado en efecto los esté abordando.
¿Qué hubiera permitido una comisión de la verdad?
Nosotros como centro no pensamos que hay un tipo de institución que sea una especie de respuesta automática a los problemas. Las comisiones de la verdad tienen ciertas potencialidades muy importantes y también una serie de limitaciones. Lo que ocurre es que, a la luz de las debilidades de la fiscalía, todo el mundo piensa que la comisión de la verdad hubiera sido una respuesta correcta. Pero una comisión de la verdad que no se hubiera comunicado con la sociedad civil, que no hubiera tenido los recursos ni el apoyo político, tal como ocurrió con la fiscalía, también hubiera fracasado. El problema no es realmente el mecanismo, es la forma en que el mecanismo funciona.
La pregunta interesante, hoy, sería: ¿vale la pena hacer una comisión de la verdad? Vale la pena recuperar la verdad, porque la verdad es una deuda que México se tiene consigo mismo. ¿Podría contribuir a eso una comisión de la verdad? Posiblemente.
En México, ¿no es demasiado tarde para hacer eso?
No solamente no es demasiado tarde, es absolutamente urgente. Existe, en primer lugar, una obligación legal de México, pero, en segundo lugar, existe una urgencia de la democracia mexicana de mantener, seguir sustentando y fortalecer su legitimidad moral, demostrar su superioridad sobre todo tipo de autoritarismo, sobre todo tipo de "violentismo", más aún cuando existe el reto de la violencia.
En este caso, ¿tendría que pedir perdón el Estado mexicano?
Una de las cosas que hizo el presidente Fox fue reconocer que el Estado mexicano tenía responsabilidad por una serie de violaciones de derechos humanos. Se hicieron algunas cosas en aquella administración que eran consistentes con ese reconocimiento, como por ejemplo la desclasificación de archivos. Los pedidos de perdón estatales son una cosa importante, pero creo que no basta con el acto declaratorio de pedir perdón puntualmente, formalmente. Para pedir perdón de una manera real, uno tiene que decir por qué se está pidiendo perdón. Lo que esto significa es que uno tiene que reconstruir la memoria. En segundo lugar, si uno realmente pide perdón, tiene que comprometerse a que lo que ocurrió no va a ocurrir de nuevo. De otra manera, el pedido de perdón no es completo. Entonces, un Estado que pide perdón también tiene que implementar políticas de no repetición.
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Eduardo González
Nació en Trujillo, Perú, en 1967.
Asociado principal del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una ONG con sede en Nueva York y fundada en 2001 por Alex Boraine, ex vicepresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica.
Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la New School for Social Research de Nueva York.
Antes de integrarse al equipo del Centro Internacional para la Justicia Transicional, trabajó para la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, donde era responsable de las audiencias públicas y de la protección de las víctimas y de los testigos.
Ya que la democracia se basa en la promesa de la igualdad y de la participación, si un gobierno democrático niega la justicia a las víctimas del régimen autoritario que lo precedió pierde legitimidad, pues demuestra que da más importancia a la tranquilidad de los criminales que al sufrimiento de las víctimas. Además, según González, la impunidad abre la posibilidad de que se repita este tipo de violaciones.
El investigador advierte que México enfrenta un reto especial, ya que las desapariciones forzadas no solamente son un problema del pasado lejano, sino que la criminalización de los movimientos sociales persiste. Desde su punto de vista, los recientes ataques terroristas del Ejército Popular Revolucionario se explican en parte por este contexto, ya que el gobierno deja la posibilidad a los miembros del EPR de "justificar" sus actos con la desaparición forzada de sus compañeros.
González, cuya organización realizó un análisis del desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, considera que ésta dejó mucho qué desear y que el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de dar justicia a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares. Estima que es urgente que el Estado repare el daño y haga justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
¿Qué es la justicia transicional?
El término justicia transicional es el resultado del encuentro entre dos disciplinas muy distintas, por un lado la ciencia política, que estudia las transiciones a la democracia, y por el otro lado, el derecho internacional, que plantea cuáles son los mínimos a los que se han comprometido los Estados con respecto a los derechos de sus ciudadanos.
En todas las situaciones de transición o de pacto de paz existe un cierto elemento de negociación política. Si tienes una negociación de paz, ciertamente los negociadores buscan ponerle fin al conflicto, pero también se intercambian seguridades, con la certeza de que no van a afectar sus posiciones de poder luego del pacto. En esa situación, quien puede resultar perdiendo son las víctimas porque las víctimas no tienen poder político. Los pactos de transición o de paz conducen a un reacomodo del poder político entre quienes están alrededor de la mesa, pero no quienes están fuera de la mesa.
La justicia transicional es la disciplina que estudia cómo, en esas condiciones de transición política, las distintas sociedades enfrentan el tema del pasado a través de acciones concretas como la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia penal, la reparación del daño y las políticas de no repetición.
¿Por qué es importante recordar?
Un efecto directo de no enfrentar el pasado y de dejar que la impunidad funcione es hacer que quienes han cometido abusos aprendan que los pueden seguir cometiendo. La impunidad genera repetición de la violencia. Si digo, luego de un conflicto, que voy a amnistiar a todos los criminales, mi mensaje es que la seguridad y la tranquilidad de esos criminales -de no ser arrestados, de no tener ningún problema legal- es más importante que la tranquilidad de esas víctimas, que nunca van a encontrar al ser querido que ha sido desaparecido. No puedes crear una sociedad igualitaria, democrática, si el primer paso que estás dando es decir que no hay igualdad. De alguna manera, daña las bases éticas de lo que tiene que ser la transición democrática.
Si no hay base ética para la democracia, la pregunta clara del público es: "Entonces, yo ¿para qué luché?" El gran dilema de la justicia transicional es que has pedido a la población que se comprometa activamente en la lucha por la democracia porque has prometido que la democracia iba a ser distinta de la dictadura, distinta al autoritarismo. Si al día siguiente de la democracia la realidad es exactamente la misma, entonces el nuevo régimen democrático pierde legitimidad inmediatamente. Un régimen autoritario no necesita legitimidad, se sostiene sobre la violencia. Un régimen democrático, sí, necesita legitimidad.
En el caso mexicano, no todas las víctimas de desapariciones forzadas tenían reivindicaciones por la democracia...
Eran movimientos ideológicos, en una época de auge de políticas socialistas, movimientos de izquierda, movimientos guerrilleros, rebeldes, etcétera. Pero no creo que ésa sea la diferencia con México. La diferencia es que México no tiene un régimen militar formal como tuvo el resto de América Latina, pero sí tiene un régimen autoritario donde un solo partido tiene la posibilidad real de mantenerse en el poder. La particularidad de esa situación es que ese partido es capaz de manejar los tiempos de la transición de una manera larga y controlada.
Eso le plantea a México un reto muy especial. En México no se trata, cuando se habla de justicia transicional, de solamente un tema del pasado lejano, del pasado remoto. No se trata nada más de los casos sonados de Tlatelolco, 1968 y 1971 -esos casos son importantísimos, son paradigmáticos-, se trata también de toda la criminalización y la represión de los movimientos sociales que han ocurrido por décadas. De alguna manera, persisten ciertas formas de relación entre el movimiento social y el Estado de mucha violencia, de mucha represión.
Dijo que si la gente piensa que no hay justicia, de cierto modo es muy difícil que apoye la democracia. ¿No es lo que pasa en México?
Claro. ¿Cuál es la percepción de cambio que tiene que haber? Todo régimen político hace una promesa. Los regímenes autoritarios dan la promesa de estabilidad, tranquilidad, seguridad. Y si no te la dan, se caen. La democracia hace una promesa muy concreta: igualdad, inclusión, participación. Si lo primero que hace el régimen democrático es negar la igualdad, facilitando que unos puedan vivir con sus crímenes tranquilos, mientras otros siguen sufriendo, evidentemente estás negando de entrada el presupuesto de lo que quieres construir. La democracia, a diferencia de otros regímenes, necesita la participación ciudadana activa. Si los ciudadanos se abstienen de participar en política, si los ciudadanos no se interesan en la cosa pública, el régimen democrático se seca, se queda sin apoyo real.
En el caso mexicano, ¿existe un riesgo de que la democracia se seque?
En México la aspiración de un régimen auténticamente democrático ha sido un mito movilizador de la sociedad por décadas. Entonces, si lo que ocurre en el régimen democrático no satisface esas expectativas, si por el contrario da la señal de que el compromiso político con la justicia no es realmente tan serio como se suponía, evidentemente eso causa una gran decepción y eso causa dos riesgos realmente muy graves.
Primer riesgo: la idealización del pasado autoritario, la idea de que como la democracia no cumple, entonces hay que idealizar el pasado. Y el segundo riesgo, por el lado más radical: que como la democracia no cumple, entonces hay que irse por fuera de la democracia y entonces vienen las actitudes violentas, la ruptura del Estado de derecho.
¿Entra el resurgimiento del EPR en este esquema?
Hay algún tipo de relación. Me parece una cosa realmente peligrosa y realmente dramática que algunos de los atentados recientes se justifiquen en la supuesta desaparición forzada de miembros de este grupo. Para comenzar, no existe justificación alguna para la violencia, pero no es posible que un régimen democrático permita que este tipo de cosas se constituyan un pretexto para la violencia. Porque si hay una desaparición forzada denunciada, lo que cabría es investigarla y eso, evidentemente, niega pretextos a los violentos. Los violentos no necesitan pretextos, los violentos van a utilizar la violencia, pero hay que negarles esos pretextos.
Su organización hizo un informe sobre el desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?
En general el balance de la Femospp deja mucho qué desear. Lamentablemente, hubo problemas de diversa índole que han resultado en una frustración de la población mexicana y de las víctimas. No se ha avanzado de manera sustantiva en la identificación y recuperación de restos de personas desa- parecidas. No se ha avanzado de manera sustantiva en la identificación de responsabilidades penales y no se ha avanzado tampoco en publicitar una narrativa histórica que explique a los mexicanos del siglo XXI por qué y de qué manera ocurrieron estos abusos en el pasado. Entonces no cabe que el Estado mexicano piense que, con una experiencia fallida como ésta, ha cumplido ya con su obligación.
Concretamente, ¿por qué falló la fiscalía?
En primer lugar, hay un problema de diseño. La pretensión de crear una sola institución que haga al mismo tiempo una investigación penal y una investigación histórica resultó en detrimento de la investigación histórica. En segundo lugar, una cosa muy grave es que todo ese proceso adoleció de una gran falta de comunicación con la sociedad y en particular con las víctimas. Si las víctimas no se apropian del instrumento, si no tienen una participación real en las investigaciones, entonces cualquier investigación va a perder fuentes importantísimas de información, pero también va a perder legitimidad y credibilidad.
¿También hubo fallas en las estrategias penales?
Claro. La fiscalía tenía un mandato muy amplio de investigación y ese mandato lamentablemente, en el imaginario final de la sociedad mexicana, queda centrado en algunos cuantos casos paradigmáticos, es decir, en algunas acusaciones específicas como el tema del genocidio. Pero lo que no queda completamente claro en la estrategia de la fiscalía es que se trata de perseguir, no crímenes específicos o puntuales, sino crímenes de sistema, donde había un patrón concreto, generalizado, sistemático de perpetración de violaciones de derechos humanos. Ésa es una pobreza del enfoque jurídico de la fiscalía.
Por último, no hay señales concretas de que el Estado esté haciendo un seguimiento serio al legado de esta fiscalía. Por más que en general el balance sea negativo, igual allí hay un informe histórico, hay investigaciones concretas que se tienen que hacer, hay casos concretos que se tienen que continuar investigando y no hay señal concreta de que el Estado en efecto los esté abordando.
¿Qué hubiera permitido una comisión de la verdad?
Nosotros como centro no pensamos que hay un tipo de institución que sea una especie de respuesta automática a los problemas. Las comisiones de la verdad tienen ciertas potencialidades muy importantes y también una serie de limitaciones. Lo que ocurre es que, a la luz de las debilidades de la fiscalía, todo el mundo piensa que la comisión de la verdad hubiera sido una respuesta correcta. Pero una comisión de la verdad que no se hubiera comunicado con la sociedad civil, que no hubiera tenido los recursos ni el apoyo político, tal como ocurrió con la fiscalía, también hubiera fracasado. El problema no es realmente el mecanismo, es la forma en que el mecanismo funciona.
La pregunta interesante, hoy, sería: ¿vale la pena hacer una comisión de la verdad? Vale la pena recuperar la verdad, porque la verdad es una deuda que México se tiene consigo mismo. ¿Podría contribuir a eso una comisión de la verdad? Posiblemente.
En México, ¿no es demasiado tarde para hacer eso?
No solamente no es demasiado tarde, es absolutamente urgente. Existe, en primer lugar, una obligación legal de México, pero, en segundo lugar, existe una urgencia de la democracia mexicana de mantener, seguir sustentando y fortalecer su legitimidad moral, demostrar su superioridad sobre todo tipo de autoritarismo, sobre todo tipo de "violentismo", más aún cuando existe el reto de la violencia.
En este caso, ¿tendría que pedir perdón el Estado mexicano?
Una de las cosas que hizo el presidente Fox fue reconocer que el Estado mexicano tenía responsabilidad por una serie de violaciones de derechos humanos. Se hicieron algunas cosas en aquella administración que eran consistentes con ese reconocimiento, como por ejemplo la desclasificación de archivos. Los pedidos de perdón estatales son una cosa importante, pero creo que no basta con el acto declaratorio de pedir perdón puntualmente, formalmente. Para pedir perdón de una manera real, uno tiene que decir por qué se está pidiendo perdón. Lo que esto significa es que uno tiene que reconstruir la memoria. En segundo lugar, si uno realmente pide perdón, tiene que comprometerse a que lo que ocurrió no va a ocurrir de nuevo. De otra manera, el pedido de perdón no es completo. Entonces, un Estado que pide perdón también tiene que implementar políticas de no repetición.
Conózcalo
Eduardo González
Nació en Trujillo, Perú, en 1967.
Asociado principal del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una ONG con sede en Nueva York y fundada en 2001 por Alex Boraine, ex vicepresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica.
Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la New School for Social Research de Nueva York.
Antes de integrarse al equipo del Centro Internacional para la Justicia Transicional, trabajó para la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, donde era responsable de las audiencias públicas y de la protección de las víctimas y de los testigos.
