¿Qué justicia queremos?

En un país donde las víctimas de delitos tan horrendos como lo son los homicidios, las desapariciones o los secuestros suman decenas de miles al año, es imposible ignorar su indignación ante tanta impunidad. Sin embargo, en un Estado de derecho, las instituciones judiciales están encargadas de otorgar a los agraviados reparación y justicia, no venganza.

MARZO 11, 2014

Por: Laurence Pantin

En una ceremonia que podríamos calificar de “pronta y expedita”, pero no por ello desprovista de bombos y platillos, el Presidente de la República promulgó el pasado martes el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En palabras de Enrique Peña Nieto, este nuevo ordenamiento es “uno de los cambios jurídicos más relevantes en las últimas décadas” y debe permitir “esclarecer los hechos delictivos con mayor rapidez y eficacia para determinar con certeza si existe o no responsabilidad penal”.

Ciertamente es importante reconocer la importancia de este nuevo instrumento. Pero llama la atención que, a la hora de reflexionar sobre la justificación de este nuevo Código, pocos mencionaron la aspiración a acceder a procesos judiciales que respeten el “debido proceso”. En cambio, muchos declararon confiar en que estas nuevas reglas del juego permitan reducir la “impunidad”, acelerar los tiempos de la justicia o volverla más “eficaz” o “eficiente”[1].

Sin duda, combatir la impunidad en un país cuya tasa se estima en 96.4%[2] es una prioridad. También lo es lograr una justicia más pronta y eficaz, cuando los procesados esperan en promedio 180 días para obtener una sentencia[3], como es el caso en México.

Sin embargo, si bien es indispensable lograr que los procesos sean más expeditos y eficaces para gozar de una justicia de calidad, no será suficiente para garantizar que nuestra justicia sea… justa.

El deseo de venganza es un impulso natural en las víctimas de cualquier tipo de delito. En un país donde las víctimas de delitos tan horrendos como lo son los homicidios, las desapariciones o los secuestros suman decenas de miles al año, es imposible ignorar su indignación ante tanta impunidad. Sin embargo, en un Estado de derecho, las instituciones judiciales están encargadas de otorgar a los agraviados reparación y justicia, no venganza.

Una justicia justa es la que prefiere, si existe una duda razonable, dejar libre a un culpable, antes que arriesgarse a encarcelar a un inocente. Una justicia justa es la que se basa en el debido proceso.

Y es en este aspecto, quizás, donde nuestro sistema de justicia tiene más dolencias. Según el Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project, que clasifica 99 países según diferentes indicadores de calidad de sus sistemas de justicia, en el rubro del debido proceso, México ocupa el lugar 93 de 99, empatado con Bangladesh y Marruecos, y detrás de la Republica Dominicana, Irán, Liberia, Ucrania o Zambia, para citar solamente unos ejemplos. Los únicos países que tienen peores calificaciones que el nuestro en este tema son Egipto, Myanmar, Pakistán, Venezuela, Zimbabwe y Nigeria.

¿A qué se debe esta trágica situación? Mucho se ha escrito ya sobre la falta de capacidad de investigación seria de los policías, el pésimo papel de los ministerios públicos, y la incapacidad de los jueces para valorar pruebas.

Recordemos que en México muchos delitos no son denunciados por la falta de confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Y su escepticismo es racional, ya que entre los delitos que sí son denunciados, el ministerio público integra averiguaciones previas en una minoría de casos, y de éstas, la mayoría no se traduce en una verdadera investigación que integre los elementos para la consignación de los delincuentes. Finalmente, de aquellos casos que son llevados a los tribunales, los imputados tienen una probabilidad del 88.6% de ser condenados[4].

Cualquiera que viera esta cifra podría celebrar la gran eficacia del sistema de justicia mexicano, si no conociera, como ya se ha mencionado, la forma en que trabajan nuestra policía y nuestro ministerio público y su casi nula capacidad de presentar evidencias científicas para sostener sus acusaciones. Lo que nos revela en realidad este 88.6% de sentencias condenatorias es que en México, los jueces no juzgan, solamente condenan.

Ahora bien, la verdadera pregunta es si este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales permitirá el cambio anhelado.

La implementación correcta de la reforma penal es clave para que el nuevo diseño institucional de la justicia mexicana permita contar con los instrumentos necesarios para que las autoridades briden verdadera justicia tanto a las víctimas de los delitos como a aquellos que enfrentan un proceso legal.

Pero, como bien lo señaló el Procurador General de la República, sería ilusorio pensar que este instrumento puede por sí solo arreglar todos los males: “El nuevo sistema demanda la evolución y modificación no sólo de las leyes, no sólo de las normas”, expresó Jesús Murillo Karam. “Requiere fundamentalmente cambios en los procesos y las personas; requiere de nuevas formas en el ejercicio de las funciones de policías, ministerios públicos, jueces, defensores. Requiere de un cambio cultural”.

Y allí surge una pregunta bien conocida de los hacedores de políticas públicas: ¿pueden las leyes cambiar mentalidades y costumbres arraigadas? Existen, sin duda, casos exitosos, en los que las leyes han provocado cambios en la manera de pensar o de comportarse de la gente, pero este proceso suele ser muy tardado y México no puede darse el lujo de esperar un cambio de generación para transformarse en un Estado de derecho pleno.

Para que este Código Nacional se vuelva realidad necesitamos una verdadera voluntad política, no sólo por parte del Legislativo que aprobó esta reforma de gran importancia, sino por parte del propio Ejecutivo y, en ese caso, del Procurador, para que los ministerios públicos reciban una formación adecuada, así como por parte del poder judicial, y en particular del Consejo de la Judicatura y sus equivalentes en los estados, que deben superar las resistencias internas e inculcar a sus miembros las nuevas reglas del juego.

Para acompañar este camino, es indispensable crear indicadores de calidad de justicia que permitan evaluar el desempeño de los policías, de los ministerios públicos y de los jueces, sin olvidar a los abogados. Esta labor es urgente, ya que será imposible medir el progreso realizado en unos años si no sabemos con precisión de dónde partimos. Dichos indicadores servirán como referencia para entender si las transformaciones que deben implementar las autoridades caminan o no en la dirección correcta.

Finalmente, no solamente son los encargados de hacer justicia los que tienen que cambiar su manera de actuar. Esta tarea le corresponde a la sociedad en su conjunto. Si los ciudadanos no dejan de pedir venganza en lugar de exigir justicia, es poco probable que nuestro sistema judicial pueda cambiar. Si no entendemos la importancia del debido proceso, será difícil que alcancemos, algún día, la Justicia con mayúscula. Sensibilizar sobre este rubro a la opinión pública sin duda será labor complicada pero indispensable.

¿Estamos dispuestos a hacer estos cambios que tanto necesita el país?

* Laurence Pantin es Coordinadora de Comunicación y Desarrollo Institucional de México Evalúa.

** Gracias a José Luis Beltrán y Néstor de Buen por su colaboración para conseguir algunos de los datos incluidos en este post, así como a Edna Jaime y Marco Fernández por sus valiosos comentarios.

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[1] Un análisis de 42 artículos de opinión que trataron el tema del Código Nacional de Procedimientos Penales entre el 1 de diciembre de 2013 y el 7 de marzo de este año arroja que solamente 5 mencionan el término “debido proceso”, mientras que 13 mencionan la palabra “impunidad”, 7 hacen referencia a la idea de una justicia “pronta” o “expedita” y 8 a la de una justicia “eficaz” o “eficiente”. Es preciso señalar que algunos artículos retoman más de una de estas justificaciones y que muchos de estos artículos no se enfocan en la cuestión de la justificación del Código.

[2] Elaboración de México Evalúa con base en datos del INEGI (Estadísticas Judiciales en materia penal de los Estados Unidos Mexicanos) correspondientes a los sentenciados en 2011 y 2012 y datos de incidencia delictiva para estos mismos años del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

[3] Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ¿Está funcionando el nuevo sistema de justicia penal en México?, 18 de enero de 2013.

[4] Elaboración propia con base en datos del Inegi (Estadísticas judiciales en materia penal de los Estados Unidos Mexicanos 2009, 2010, 2011 y 2012).

Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-evalua/2014/03/11/que-justicia-queremos/#ixzz2vrYFUOcV

Florence Cassez: el caso del siglo

Florence Cassez: el caso del siglo

Este País | Laurence Pantin | 01.03.2014 |

En enero pasado, un grupo de especialistas presentó el notable estudio de Luis de la Barreda Solórzano sobre el caso de Florence Cassez (¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo, Grijalbo, México, 2013). En alcance a la entrevista con De la Barreda que aparece en este mismo número, publicamos el texto que Laurence Pantin leyó en esa ocasión.
Al estudiar periodismo en Estados Unidos, algo que me llamó muchísimo la atención fue la obsesión de mis profesores con la “objetividad”. “Un buen periodista es un periodista objetivo”, repetían sin descansar. Por mi parte, quizá por mis orígenes franceses, llegué a la conclusión de que la objetividad es un ideal inalcanzable y que, siendo realistas, a lo que un buen periodista puede aspirar es a ser honesto y justo con las partes involucradas en sus reportajes.
Traigo esto a colación porque, mientras leía ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo, no podía dejar de pensar que lo que Luis de la Barreda hizo en este libro, con todo y su formación de abogado, es un impecable trabajo periodístico, un reportaje honesto y justo. Y para que no haya lugar a dudas, en mi boca esas palabras son un gran halago.
Tanto en este libro como en sus columnas relacionadas, creo que Luis logró lo que pocos periodistas —franceses o mexicanos— han hecho al momento de ponerse a escribir sobre este caso: dejar sus pasiones en el casillero. Quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a la labor no solamente de Luis, sino también de esos periodistas que sí lo hicieron, porque estoy convencida de que contribuyeron al desenlace de lo que muchos han llamado el “caso Cassez”.
Este ejercicio que consistió en despegarse de sus pasiones no significa que Luis sea una persona indiferente. De hecho, es todo lo contrario. Luis es un hombre apasionado. Pero su formación y remarcable trayectoria profesional le enseñaron que los asuntos penales no se deben analizar con el corazón sino con la razón. Ir al expediente, examinar las pruebas: esto es lo que hace Luis en este libro, invitando al lector a hacer lo mismo, a acompañarlo en esta aventura, “sin prejuicios, con la mente abierta y el afán de encontrar la verdad”.¹
Quien conoce a Luis sabe que, además de asombroso, es un ser humano que se asombra de todo. Alguien me dijo alguna vez, con razón creo, que esta capacidad de sorprenderse de las más mínimas cosas era la clave de la felicidad. Quizás eso explique que Luis sea una persona tan alegre.
En todo caso, ese talento de asombrarse de cualquier acontecimiento de la vida cotidiana que dejaría indiferente a la mayoría de nosotros viene acompañado de una fuerte propensión a usar adjetivos superlativos. Llama entonces la atención que los 10 primeros capítulos de este libro estén exentos de estos adjetivos (con cuatro notables excepciones, cuando se refiere a la “estupenda actriz” Marion Cotillard,² “la bellísima” Carla Bruni ³ o la “encantadora” Sylvie Boksenbaum⁴ o el “brillante abogado” Agustín Acosta⁵). En estas 112 primeras páginas, el estilo es muy depurado, casi quirúrgico. Usando una técnica muy preciada de los periodistas, la de “Show, don’t tell” (literalmente “Muestra, no digas”), Luis empieza por describir la detención y luego la “escenificación ajena a la realidad” (citando el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso).
Esta descripción neutra, fría, de las imágenes difundidas por las televisoras ese día, acompañada de la transcripción de los diálogos de sus protagonistas, me parece muy reveladora. Son imágenes que casi todos los que estaban en México en estas fechas han visto, y muchos no solamente una sino varias veces. Sin embargo, a ocho años de los acontecimientos, creo que casi todos encontrarán allí detalles significativos de los que no se acordaban o en los que no se habían fijado originalmente. Uno de estos detalles que llaman poderosamente la atención es el comentario de uno de los reporteros presentes, quien dice: “Estamos prácticamente transmitiendo en vivo”.⁶ Prácticamente: un adverbio al que nadie prestó atención en ese momento, aparte quizá de la reportera Yuli García, y que cambiaba todo el sentido de lo que se estaba presentando en la pantalla.
Posteriormente, Luis se dedica a describir, una tras otra, las diferentes etapas del proceso judicial en contra de Florence Cassez, desde las primeras declaraciones de las víctimas y de los detenidos hasta la sentencia dictada por la Suprema Corte.
Como lo comenta Luis en su preámbulo, “en nuestro país, en el presente siglo, ningún otro juicio ha provocado tanta atención y desatado tantas pasiones como este”.⁷ Por ello, considerando que si hubo un proceso judicial donde el entorno influyó fue este, Luis también da cuenta de este contexto. No solamente examina el ambiente mediático alrededor del caso, sino que, en el ánimo de ser justo con todas las partes, reporta los argumentos tanto de los que luchaban para que Florence Cassez fuera condenada, como los de quienes la apoyaron. Tampoco olvida mencionar la situación de David Orozco, una de esas tantas personas que fueron detenidas y torturadas para declarar en contra de Florence Cassez e Israel Vallarta, sin que se sepa a la fecha qué evidencias existen para que esas personas, o incluso Vallarta, sigan en la cárcel.
En cada momento, Luis sigue usando el mismo tono limpio, neutro. Pero este tono no implica que el autor no se preocupe por el lado humano. Con la sensibilidad de quien está convencido de que los seres humanos somos una suma de emociones, Luis también se interroga sobre los sentimientos que pudieron mover a las víctimas en momentos cruciales, así como sobre el estado de ánimo de Florence Cassez en cada etapa del proceso.
Finalmente, en los dos últimos capítulos, Luis deja de ser reportero para retomar la batuta de jurista y ofrecer un análisis basado en todos los elementos del expediente judicial que describió anteriormente. Allí, la voz del autor se hace más presente, pero más que imponer su punto de vista al lector, le sugiere preguntas: “¿Qué pruebas existen en contra de Florence Cassez?”.⁸ O refiriéndose a las declaraciones de las víctimas: “¿Por qué esos juzgadores que condenaron a Florence Cassez dos veces y le negaron el amparo dieron crédito a las versiones posteriores y no a las iniciales?”.⁹ O también: “¿Es creíble que los secuestradores hubieran dejado sin custodia a los secuestrados y con la puerta abierta?”.¹⁰ Todas estas preguntas y más, para llegar a la más importante: “¿Esas discordancias no son suficientes para generar una duda razonable en un juzgador objetivo y que sepa leer un expediente?”.¹¹
Allí está el gran valor de este libro, en mi opinión. Si bien quiere resolver la pregunta primordial de la culpabilidad o inocencia de Florence Cassez, creo que va mucho más allá. Trata de entender cómo nuestro sistema de justicia pudo condenar a una persona en varias instancias sin tener las pruebas suficientes. Este libro es en realidad un juicio al sistema de justicia mexicano, del que este no sale bien librado, con excepción de la Suprema Corte, la cual por cierto fue reconocida por la ONU el pasado 10 de diciembre por su labor a favor de los derechos humanos.
Coincido con Luis en que el juicio de Florence Cassez fue el juicio del siglo. Es verdad que estamos solamente a principios del siglo XXI, por lo que no es tan aventurado darle este calificativo… En todo caso, para mí, y creo que para Luis también, es así, no tanto porque permitió liberar a Florence Cassez, sino porque la sentencia de la Suprema Corte marcó un hito en la historia de México. Esta sentencia debe servir para que el debido proceso sea un requisito para juzgar a cualquier persona, impidiendo que inocentes estén en la cárcel y evitando que las víctimas tengan incertidumbre sobre la culpabilidad de las personas condenadas por los delitos en su agravio.
Por todo lo anterior, creo que este libro es una gran contribución a la reflexión sobre nuestro sistema de justicia, además de ser una lectura muy fluida y agradable por su estilo. Y como cereza en el pastel, les recomiendo mucho los epígrafes que escogió Luis tan acertadamente para encabezar cada capítulo de su libro. Son una verdadera delicia.
Por mi parte, si tuviera que ponerle un epígrafe, no a este libro, sino a la tarea a la que Luis ha dedicado su vida, escogería un pasaje de la obra de teatro Los justos del filósofo, periodista y escritor francés Albert Camus, cuyo centenario acabamos de celebrar el año pasado. En esta obra, Alexis Voinov, un joven que combate la tiranía del Gran Duque Serguey, dice: “Comprendí que no bastaba denunciar la injusticia. Era menester dar la vida para combatirla. Ahora soy feliz”. Creo que no hay mejores palabras para describir los esfuerzos que Luis lleva a cabo día a día.  

* Todas las opiniones expresadas en este texto son exclusivamente a título personal, y no en calidad de exempleada de la Embajada de Francia o a nombre de la organización en la que trabajo en la actualidad.
¹ Luis de la Barreda, ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo, Grijalbo, México, 2013, p. 13.
² Idem, p. 12.
³ Idem, p. 70.
⁴ Idem, p. 91.
⁵ Idem, p. 61. Muchas gracias a Jorge Castañeda por señalarme la omisión de esta referencia en mi texto original.
⁶ Idem, p. 28.
⁷ Idem, p. 12.
⁸ Idem, p. 118.
⁹ Idem, p. 124.
¹⁰ Idem, p. 133.
¹¹ Idem, p. 135.
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LAURENCE PANTIN es licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París, maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York y doctora en Ciencia Política por Flacso México. Ha publicado en los diarios Reforma, La Tribune y Les Echos, en el semanal neoyorkino The Village Voice y en la revista de Chicago In These Times, entre otros medios. De 2008 a 2013, fue responsable del Servicio de Prensa de la Embajada de Francia en México y en la actualidad se desempeña como coordinadora de Comunicación y Desarrollo Institucional de México Evalúa.

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