Sobre la lucha contra el narcotráfico

Combate al narcotráfico

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(17-Jun-2007).- Los operativos contra el crimen organizado y el narcotráfico cumplieron ya medio año y no pasa un día sin que se reporte una ejecución, una emboscada, un "levantamiento" o un tiroteo, a veces a plena luz del día, en calles transitadas y hasta en hospitales. En este lapso, el número de ejecutados llega a mil 270.
Más de 20 mil miembros de la Procuraduría General de la República, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública participan hasta ahora en los seis operativos lanzados. El gobierno federal ya gastó más de 19 millones de pesos en viáticos de las elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva solamente para los operativos de Michoacán, Tijuana y del Triángulo Dorado.
Frente a este panorama, los especialistas Luis Astorga, Javier Oliva y Guillermo Zepeda hacen el balance del esfuerzo gubernamental contra el narcotráfico. Coinciden en que estos operativos eran necesarios para retomar territorios al crimen organizado y restablecer la autoridad del Estado. Reconocen la intervención del Ejército en el asunto, pero echan de menos la preparación y el fortalecimiento de los cuerpos policiacos así como el trabajo de inteligencia que soporte los operativos.
Asimismo, advierten falta de compromiso en la postura de Estados Unidos frente al combate que México está dando en la materia y descartan, al menos en el corto plazo, la legalización de las drogas como un recurso para atemperar el problema.



A seis meses de que empezaran los operativos para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, ¿cuál es su evaluación de éstos?


Luis Astorga: Primero habría que saber cuáles son los objetivos del gobierno. A juzgar por las declaraciones de los funcionarios, los objetivos parecerían ser recuperar territorio que ha estado controlado por algunas bandas de traficantes en distintas partes del país; recuperar la autoridad del Estado; inhibir las manifestaciones más extremas de la violencia. Y no es un objetivo el capturar líderes del tráfico de drogas, ni reducir el cultivo, el tráfico y el consumo -por lo menos no he escuchado declaraciones de funcionarios en ese sentido.
Es mucho lo que se ha dejado de hacer durante demasiado tiempo y las instituciones dedicadas a estos asuntos no han sido atendidas debidamente. Entonces la situación que va heredando cada uno de los presidentes es cada vez más complicada. Por lo tanto, el abanico de posibilidades -sin romper con la política sobre drogas vigente, que es esencialmente punitiva- se va reduciendo cada vez más. Las medidas tienden a ser más en función de la razón de Estado que en función del Estado de derecho. Las estrategias que se implementan son cada vez más desesperadas y muestran la escasez de opciones si no se rompe con el paradigma en que está basada la política sobre drogas.
La estrategia por la cual se optó tuvo en un principio un amplio consenso, no sólo en la sociedad, sino en las mismas fuerzas políticas porque ninguna de las fuerzas políticas tiene opciones distintas. Todas parten del mismo paradigma. Se llega a la Presidencia en la situación que conocemos con un margen de maniobra reducido y se empieza en el punto en el que todo mundo coincide, que es el de seguridad, para tratar de sumar voluntades en lugar de dividir. Además es un problema real, no es un problema inventado. No es una estrategia esencialmente mediática como algunos han dicho.
Ya que se optó por no romper con Estados Unidos porque es una de las opciones más difíciles, entonces se tiene que maniobrar dentro de una estrategia cuyo contenido es esencialmente punitivo. Para llevarla a cabo, las instituciones con las que cuenta el Estado mexicano no son infinitas. En el corto plazo, los grupos de la delincuencia organizada y particularmente del tráfico de drogas, todos los días, están haciendo negocio, ganando terreno y tratando de imponer sus reglas del juego donde operan. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Vemos que la estrategia no es deseable en términos de lo que las buenas conciencias quisieran, pero en términos de la política real, el haber logrado desde un inicio ese consenso -con ciertas críticas, que es muy sano que existan- ya es algo.


Javier Oliva: Habría que hacer el balance en tres ámbitos. Uno, el que tiene que ver estrictamente con los resultados materiales, es decir, incautación de drogas, destrucción de laboratorios y detención de delincuentes. La segunda variable para analizar es cuáles han sido las consecuencias de carácter jurídico: qué mecanismos se han creado o qué mecanismos son obsoletos a la luz de los acontecimientos. El tercer balance es la percepción de la opinión pública.
Respecto a los resultados materiales, no se han detenido jefes de bandas de narcotraficantes, como en la administración anterior. ¿Por qué? Porque el trabajo de hacerle frente al narcotráfico también es un asunto de trabajo selectivo de inteligencia. Se requiere todo un trabajo de seguimiento. No se conocen bien a bien las cifras del volumen de la droga incautada y destruida, pero lo cierto es que la actuación del Ejército mexicano ha propiciado una fragmentación de los grupos delictivos, lo que genera una mayor dispersión en los intereses. En cuanto al aspecto jurídico, tenemos el decreto del 9 de mayo y lo que anunció la Secretaría de Gobernación hace poco: la creación del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional, que será la autoridad responsable de enlace con otros países, según el documento dado a conocer. Y tercero, la percepción social en general ha sido de aceptación. Ha habido algunas voces que lo critican, pero es importante dejar en claro que no había otra opción: era el Ejército o era el Ejército.
Ahora, éste es el momento para la reforma judicial y penal que necesita México: la sociedad está sensibilizada, los medios de comunicación están al tanto, los partidos políticos y sus líderes parlamentarios saben que es necesaria. Quiero suponer que el presidente de la república tiene ese paso ya contemplado y que no vamos a tener a los soldados durante meses y meses en actividades que naturalmente no les corresponden. No había de otra, todos estamos de acuerdo. ¡Qué bueno que salieron! Fue una buena decisión del presidente Calderón. Pero, ¿qué sigue? Una reforma judicial, la aplicación de medidas que propicien un cuerpo policiaco especializado, la unificación de mandos policiacos, un código penal único a nivel nacional, homologación de penas y delitos.


Guillermo Zepeda: Ya se agotó la etapa mediática, a que lamentablemente habíamos llegado, de tener que dar el mensaje de que al otro lado había un Estado. Ya se superó esa etapa. Y lo que ya está echándose mucho de menos es inteligencia policial para dar golpes precisos que desarticulen la capacidad de operación y de violencia de los cárteles.
Queda claro que la función del Ejército no es sustituir a las policías municipales en patrullajes y en operativos ordinarios, sino que su papel debe ser actuar guiados por inteligencia policial para atacar a los directivos de los cárteles -no sólo los poseedores de droga, sino desarticular la capacidad de operación de los cárteles. Eso no ha sucedido. Al principio, lamentablemente, de alguna forma era aceptable decir que es un mensaje de que llegó un nuevo gobierno y hay un Estado, pero eso debió de haber durado una o dos semanas y después ya deberían de haberse dado los golpes más precisos de inteligencia policial que no se han dado.



¿Qué ha provocado una escalada de la violencia por parte de los cárteles involucrados?


Astorga: En primer lugar, los cárteles no existen. Existen bandas grandes, medianas, pequeñas, con mayor o menor fortaleza, algunas con más o menos organización, y algunas con características muy particulares. Es el caso de los tamaulipecos, que han iniciado el fenómeno del paramilitarismo en México, una variable que se ha convertido en una de las más problemáticas en cuanto al combate del Estado hacia estos grupos. Es otra de las paradojas de esta política sobre drogas: que el propio Estado, al mantener esta política basada en el paradigma punitivo, crea las condiciones de posibilidad para que se den estos fenómenos de paramilitarismo. Se empieza a poner a las Fuerzas Armadas a la cabeza de la lucha antidrogas y se entrena a grupos de elite en contrainsurgencia y para combatir el tráfico de drogas que eventualmente pasan a engrosar las filas de las organizaciones del tráfico de drogas. O sea, los traficantes no forman a sus sicarios especializados. Simple y sencillamente los cooptan.
El otro elemento es que las modificaciones en el campo de la política han tenido repercusiones cualitativas en el campo del tráfico de drogas. En el sistema de partido de Estado, el Estado contaba con instituciones que tenían atribuciones extralegales para atacar a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas. Y no sólo atacarlo sino protegerlo también. Entonces, el árbitro era el Estado. Desaparece el sistema de partido de Estado y desaparece el árbitro simultáneamente. Y desaparecen también las instituciones mediadoras político-policiacas con las que contaba ese sistema para controlar y proteger a los grupos delincuenciales. Y cuando entramos al sistema de competencia de partidos, se empieza a dar un fenómeno de desarticulación progresiva de los controles del Estado sobre sus propias instituciones coactivas. Y si el sistema empieza a perder el control sobre sus propias instituciones coactivas, que eran las mediadoras entre el campo del tráfico de drogas y el de la política, empieza a perder control de los grupos delincuenciales.


Oliva: Se han modificado desde hace tres años las formas de operación. Eso es lo que ha conducido a que haya más violencia. Antes era mejor arreglarte con un comandante de la Policía Judicial a nivel del estado y ahora es mejor con un policía de crucero municipal. Es más barato pero también es más débil la autoridad. Ésa es una parte.
La otra es la fragmentación de la representación política. El establecimiento de contactos con las autoridades locales provoca conflictos de intereses. Y una cosa que provoca muchísima violencia es que el 80 por ciento de la cocaína colombiana pasa por México. Y lo que más violencia genera es que vivimos junto al mercado consumidor más grande del mundo, que además da pie al trasiego de armas.


Zepeda: Mi percepción es que se están dando ajustes por el nuevo mercado de drogas que hay, sobre todo en Estados Unidos, donde hay un nuevo tipo de drogas sintéticas. También se está dando una lucha calle por calle de los mercados. Hay ciertos lugares como es Michoacán donde el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa están disputando la hegemonía en esas regiones. A diferencia de los años ochenta donde se ejecutaban entre sí los grandes capos, ahora son los pequeños distribuidores, a veces por deudas mínimas. Hay una descentralización de la violencia a niveles de ya casi pelearse los mercados calle por calle.



Según usted, ¿debe continuar el Ejército en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico?


Astorga: Depende desde qué angulo. Desde el punto de vista utópico, lo deseable sería que se retire el Ejército. Del lado del analista, dada la relación que tenemos con Estados Unidos -que considera que para combatir el tráfico de drogas, el papel de las Fuerzas Armadas es prioritario- objetivamente, no se puede hacer más.
Esta política de poner a los militares a la cabeza de la política antidrogas no es una invención colombiana, ni mexicana: es una invención de Washington. Ésa era la lógica de la Operación Cóndor en México en los años setenta; la Operación Fulminante en Colombia de 1978 a 1980; la Iniciativa Andina de finales de los ochenta dirigida a países como Colombia, Perú y Bolivia para el control de la cocaína; después el Plan Colombia; y los primeros intentos por colocar a las Fuerzas Armadas a la cabeza de la lucha antidrogas desde la segunda parte del sexenio de Zedillo, pasando por la administración Fox, con una presencia cada vez mayor de estas Fuerzas Armadas, el Plan México Seguro, hasta derivar en lo que hoy conocemos como los Operativos Conjuntos en distintas partes del país. Entonces, hay que entender que las decisiones de los presidentes no son decisiones propias, sino que vienen enmarcadas en un contexto internacional. En la misma medida en que los países de América Latina con mayor producción y tráfico han ido agotando sus instituciones civiles, la presencia de las Fuerzas Armadas ha ganado terreno. Y es la institución en la que, dadas estas condiciones de los países de América Latina, Estados Unidos ha tenido más confianza.
Las críticas más recientes que vienen desde la oposición política dicen que hay que retirar las fuerzas militares y dar más apoyo a la policía. Sí, pero ¿qué se hace mientras tanto? ¿Se queda uno con los brazos cruzados? Cuanto menos haces ahora, más se extiende el problema. El gobierno federal ya ha dicho que los operativos militares van a continuar. Ya vimos en la reunión de la Conago el apoyo de los gobernadores tanto a la política seguida por el presidente Calderón como a las actividades de las Fuerzas Armadas y sabemos que los gobernadores son de los distintos partidos políticos. Entonces la clase política que gobierna y una fracción de los representantes de esta misma clase política en el Congreso tienen posiciones distintas. Y quienes pueden modificar eventualmente el uso de las Fuerzas Armadas en este tipo de operativos son los que están en el Congreso. Pero no vemos que haya intención de hacerlo de parte de estas fracciones políticas que se han opuesto a la presencia de las Fuerzas Armadas.


Oliva: Claro. Por supuesto que sí, pero como lo venía haciendo antes, no en la medida en la que está involucrado en este momento. Es decir, esta salida de demostración de fuerza del Estado mexicano -no del gobierno mexicano, que hay una diferencia importante- fue necesaria y era indispensable. Sin embargo, el gobierno -no el Estado- debe retomar el control de la seguridad pública como una de sus finalidades primordiales.
Para que el narcotráfico no evolucione en un problema de seguridad nacional, hay que invertir en el campo, hay que invertir en el sistema educativo, que los jóvenes tengan acceso a la educación y a un empleo digno, bien remunerado y estable, porque los jóvenes se están dedicando a estas tareas porque no encuentran qué hacer en buena parte. O se drogan y esto ya sería más bien un tema de patología social. Es decir, ¿por qué se drogan los jóvenes? Porque no hay futuro. Peor que el problema del narcotráfico es la calidad del sistema educativo. Le hace más daño al futuro del país el sistema educativo que el narcotráfico, porque finalmente los jóvenes que andan en las redes del narcotráfico como operadores, distribuidores y consumidores es por falta de opciones.


Zepeda: Al principio, se empezó a utilizar el Ejército solamente para los operativos de quema de enervantes y ahora ya está inmerso en la parte de diseño de toda la política antidrogas. No estaría a favor de que se militarice el combate a las drogas porque por lo que se está utilizando el Ejército es por las cualidades que tiene el Ejército, que no tienen nuestras policías: un mayor grado de solvencia institucional, de menor corrupción. No está penetrado por el crimen organizado, pero lo riesgoso es que se está poniendo en una situación de vulnerabilidad al Ejército, desnaturalizando sus labores en tiempos de paz, según nuestra Constitución. Lo que se debería hacer es una policía profesional, especializada que actúe en esos ámbitos y de pronto dejar a las Fuerzas Armadas actuar pero como apoyo en operativos logísticos. Estamos corriendo altos riesgos en inmiscuir al Ejército en la parte de política criminal contra el narcotráfico.



¿Qué opina de la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal por el presidente de la República?


Astorga: Parecería que la creación de este grupo responde a un aparente desacuerdo entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. Parece que no se logró la fusión de la Agencia Federal de Investigación con la Policía Federal Preventiva para conformar el Cuerpo de Policía Federal bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo que se creó ya no fue un Cuerpo Federal de Policía, sino una instancia de coordinación entre la AFI y la PFP, y quien estará a la cabeza de esta instancia de coordinación será nombrado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Si no se logró esta fusión, probablemente fue porque PGR y SSP no se pusieron de acuerdo. Quizás PGR no quiso soltar a su policía, la AFI, que es un cuerpo de policía civil creado en la administración Fox para, en el momento en el que se desaparece formalmente la Policía Judicial federal, tener un cuerpo mucho más profesionalizado y con menos corrupción. Probablemente por eso el Presidente crea este grupo especializado de militares.
Quizás la intención podría ser que se retiren paulatinamente las Fuerzas Armadas tal y como están desplegadas actualmente en los operativos conjuntos y se concentre la acción del gobierno federal en el uso de este grupo especial de militares, que pasaría bajo la dirección del Presidente y que, como lo establece el decreto, se use a petición de las autoridades civiles para apoyarles en lo que consideren necesario en asuntos de delincuencia organizada. Y el punto de discusión en el que la oposición política saltó -y creo que con justa razón- es que se puede utilizar también para disturbios sociales. Ahí, les corresponde a las fuerzas políticas establecer los candados para que este grupo no se convierta en lo que fue la Dirección Federal de Seguridad en la época del sistema de partido de Estado: era la policía política del Presidente y del régimen y tenía atribuciones extralegales.


Oliva: Más que el cuerpo en sí mismo, lo importante es que este decreto le da al Presidente piso jurídico para sus acciones. Y algo todavía más importante: él se responsabiliza de la situación, a diferencia de lo que ocurrió con la creación de la fiscalía cuando los militares no estaban muy seguros de obedecer al mando civil porque después los iba a dejar al garete. En cambio, ahora tenemos una norma jurídica en la que no van a quedar a expensas de futuros gobiernos que de repente los señalen por exceso en cumplimiento del deber.


Zepeda: El decreto del 9 de mayo busca crear un grupo de elite para contrarrestar el narcotráfico a nivel más sofisticado. Y consiste en la militarización de las fuerzas de ataque al crimen organizado basándose en la capacitación que tienen estos elementos en vez de mejorar a la policía o crear un grupo especializado de la policía, quizás como ocurrió con la Policía Federal Preventiva, con elementos prestados del Ejército pero ya fuera de las líneas de mando del Ejército. El Presidente ha optado por la línea militar. Y es una respuesta ante los grupos de elite del crimen organizado, Los Zetas y esos grupos criminales más sofisticados, que muchos de ellos se nos fueron de otras fuerzas especiales del Ejército como los Grupos de Fuerzas Especiales del Ejército. El reto es que sería deseable, en primer lugar que este nuevo grupo no fuera dependiente del Ejército. Hubiera sido mejor fortalecer en el ámbito policiaco-civil. Y en segundo lugar, mantenerlo hermético a la capacidad de corrupción y de violencia del crimen organizado.



Según usted, ¿la estrategia del presidente de la República es la adecuada?


Astorga: Lo deseable para mí sería una ruptura del paradigma en el que está sostenida la política sobre drogas actual. Pero hay que aclarar que no es la política sobre drogas del presidente Calderón. Es la política sobre drogas vigente en la mayor parte del planeta. Todos los países signatarios de Naciones de Unidas hacen lo mismo. Algunos serán más ortodoxos que otros. México encaja dentro de éstos. Y esa ortodoxia no le viene necesariamente por la voluntad de los distintos presidentes que hemos tenido, sino por una situación de política real de ser vecinos de quien sostiene este paradigma con mayor fuerza y es la principal potencia mundial, que es Estados Unidos. Francamente no hay mucho para moverse en ese terreno.

Oliva: Hasta este momento es la adecuada. Falta saber cuál es el siguiente paso. Supondría que va a haber un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión donde se va a discutir su iniciativa de fondo que el país requiere. Tenemos un sistema judicial anacrónico, entonces ésta es la gran oportunidad para poder discutirlo.


Zepeda: Le falta mucha inteligencia policial. Están los estados reclamando operativos, pero con esos operativos, entienden sustituir a las autoridades locales en sus actividades ordinarias como es patrullar las calles, atender algunos reportes o denuncias que se den. La labor que debe tener el gobierno federal es mandar un mensaje de presencia, pero sobre todo ir precedidos de una intensa labor de inteligencia policial para dar golpes más precisos al crimen organizado.



¿Qué ha faltado o fallado en esta estrategia?


Astorga: Una de las cosas que parecen haber fallado es el trabajo de inteligencia, porque éste permite tener más probabilidades de éxito en los objetivos que se plantean. Si es reducir los índices de violencia, hay que detectar cuáles son los grupos y en qué partes del país están mostrando mayor belicosidad; identificarlos y realizar operativos mucho más puntuales, no realizar operativos al contragolpe. Porque allí, la iniciativa está viniendo de los agresores, no del Estado. Cuando observemos lo contrario, estaremos viendo que este trabajo de inteligencia que normalmente debería existir está teniendo resultados.


Oliva: Ha faltado discreción en las operaciones. Se anuncian con mucha anticipación y hay que hacerlo con sigilo. También le ha faltado un posicionamiento más consistente vía la comunicación oficial, en donde la ciudadanía, los medios de comunicación, la opinión pública nos enteremos de una postura oficial al respecto. Da la impresión de que no hay una política de comunicación, al menos en este punto. Y tercero, la convocatoria que ha hecho el presidente de la República de que él no puede solo, le ha faltado fuerza a ese pronunciamiento.
Necesitaría más contundencia para involucrar a la sociedad, principalmente padres de familia y maestros, como sus aliados fundamentales en esta lucha para evitar las adicciones porque es una patología socia. No es un asunto sólo de seguridad pública, sino que es un asunto que tiene que ver con el tejido social.
¿Qué más falta? Una ley de Defensa Nacional en México que estipule claramente cuándo la autoridad civil puede hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas que lo competan y cuándo hay que movilizar. Porque si no, quedan al arbitrio de la autoridad civil en turno.


Zepeda: No ha sido suficiente la información o la inteligencia policial que se ha hecho porque se dice que hay tal cártel o tal otro, cómo operan y las razones por las cuales hay conflictos en estas zonas del país, pero no hay información suficiente o no han sido capaces de operar acertadamente para detener a los líderes de los cárteles y sobre todo a los sicarios. Se han dado algunos golpes, que son avances, pero todavía están desafiantes los cárteles. A pesar de la presencia de autoridades federales y de efectivos del Ejército, sigue habiendo ejecuciones. Entonces, es bueno que se haya detenido a un par de grupos numerosos de sicarios pero aún se sigue viendo que el crimen organizado tiene mucha capacidad de violencia.



¿La falta de inteligencia policial se debe a una falta de capacidad o a un enfoque inadecuado?


Zepeda: Las políticas de inteligencia por su naturaleza son muy difíciles de evaluar porque uno no sabe exactamente, hasta que se vean los efectos, lo que no pudieron anticipar. Pero a lo mejor hay cosas que sí han podido anticipar y no nos hemos enterado porque han sido exitosas. Nomás nos enteramos cuando fracasan las políticas inteligencia. En la actualidad, el mejor arsenal que tiene la inteligencia policial mexicana está en la toma de decisiones. El secretario de Seguridad Pública estuvo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y muchos mandos que estuvieron en el Cisen están ahora en la toma de decisiones. Quiero pensar que lo mejor de la política de inteligencia policial está en lugares donde puede tomar decisiones. Y si no hay resultados, entonces, a lo mejor tendríamos que admitir que es insuficiente la capacidad instalada de la inteligencia policial, que no da para combatir eficazmente al crimen organizado.



¿Cómo califica la postura de Estados Unidos ante el gobierno mexicano en el combate al narcotráfico?


Astorga: Estados Unidos está contento con estas medidas, así lo han expresado altos funcionarios del Departamento de Estado y de la DEA. México ha dicho que no es suficiente el tipo de apoyos que recibe de Estados Unidos para el tamaño del reto en el que se ha metido esta administración. Y tiene razón.
Lo que se ha expresado por gente del Departamento de Estado y por el propio embajador de México en Estados Unidos es que aparentemente existen ya unas negociaciones o quizás un plan llave en mano, diseñado por Estados Unidos, que se ha denominado de manera informal Plan México, recordando el Plan Colombia. Se han adelantado para decir que no tendría el componente militar del Plan Colombia, lo cual es un buen signo. También se ha hablado de que no sería únicamente un Plan México, sino una especie de iniciativa para México y América Central que recordaría a la Iniciativa Andina de Bush padre. Pero no sabemos todavía en qué va a consistir. Entonces, no podemos decir qué tan positivo o negativo podría ser para México.
Lo que hay que tener siempre presente es que seguimos en el mismo esquema esencialmente punitivo. Dentro de ese esquema, hay que ver cómo se va a plantear esta siguiente fase de lo que ya ha puesto en práctica esta administración.

Oliva: Falta mucho compromiso. Quiero que me expliquen cómo pueden instalar un sistema antimisiles en Polonia y en la República Checa para detectar los posibles ataques misilísticos de Corea del Norte y no puedan detectar toneladas y toneladas de drogas que pasan diariamente por sus fronteras y llegan a Chicago, San Francisco, Nueva York, Atlanta. ¿Cómo le hacen? Y todavía falta compromiso -sé que es un tema muy sensible para los estadounidenses- en el control de las armas.



¿Cómo están apoyando al gobierno mexicano en el trasiego de armas que pasan por su frontera hacia los grupos delictivos?


Zepeda: Estados Unidos ha participado evaluando las políticas iniciales del gobierno de Felipe Calderón. Su postura me parece hasta el momento adecuada, aunque sería muy conveniente fortalecer el combate a la pequeña distribución y al consumo en Estados Unidos. Dicen que México es trampolín, pero si no hubiera alberca, no habría trampolín.



¿Podría la legalización de la droga ser una salida al problema del narcotráfico?

Astorga: No está prohibido soñar, pero esa opción no es viable en el corto ni en el mediano plazo. Más bien se debería pensar en lo que sí se puede hacer.


Oliva: Por supuesto que sí. Pero México solo, ¿cómo? Se necesitan acuerdos internacionales. Pero sí, es importante comenzar a plantearse el tema.


Zepeda: No porque es utópico. Como está la situación actual, tendría que ser una medida regional, hemisférica, incluyendo a Estados Unidos. Y dentro de las alternativas de política pública disponibles, la legalización no es una de las viables. No la consideraría porque no es viable. Lo más que se ha logrado es en Holanda y ha tenido muchos problemas. Solamente han podido legalizar cierto tipo de drogas en ciertas zonas pero hay gran presión si los países vecinos no participan de estas cuestiones. Han tenido que restringir cada vez más las políticas iniciales que se dieron. En el hemisferio, ahorita no hay las condiciones para hacerlo. Como país, tendríamos que tener mucho desarrollo de las instituciones de salud también para aprehender las adicciones.



¿Considera que el enfoque casi exclusivo que el presidente Calderón ha puesto en el combate al narcotráfico es conveniente o justificado?


Astorga: Sí, es justificado. Si la coincidencia de la sociedad mexicana es que el trafico de drogas es el problema número uno, es por algo. También es verdad que no es el único problema. Pero si se logra reducir el problema del tráfico de drogas, es posible que otros problemas sean abordados con mayor tranquilidad.


Oliva: Es justificado como primera salida, pero se necesitan pasos secuenciales. Recordemos que hacia finales del gobierno del presidente Vicente Fox, el Congreso de la Unión aprobó la portación de dosis de drogas para consumo personal. Y fueron las presiones estadounidenses las que lo obligaron a vetar esta determinación. Entonces, México ha dado pasos importantes en esta materia y el presidente Calderón debe tomar estos antecedentes como un referente de que no se está iniciando de cero, sino que hay elementos que pueden permitir fortalecer el nivel de la salud pública.


Zepeda: En las campañas, el tema de la seguridad fue predominante en el país. El problema es que lo que es seguridad y justicia penal se lo ha comido el tema de seguridad. Las reformas que se proponen a nivel constitucional por parte de Calderón van enfocadas a la seguridad, no a tener una mejor justicia penal. Y dentro del tema de la seguridad pública, el narcotráfico ha desplazado a otras modalidades de conductas delictivas. Entonces, se ha justificado por la demanda ciudadana y porque también la ciudadanía ha demandado alguna presencia del Estado ante la espiral de violencia e impunidad que se ha registrado en Michoacán, en Guerrero, y en otras entidades. El gobierno ha tenido que apostar la mayoría de sus políticas en ese ámbito. Es políticamente justificado.



Conózcalo

Nombre: Luis Astorga

Experiencia: Investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es titular de la Cátedra UNESCO "Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas". Es doctor en Sociología de Desarrollo por la Universidad de La Sorbona, París I. Es autor de varios libros sobre el tema.

La estrategia no es deseable en términos de lo que las buenas conciencias quisieran, pero en términos de la política real, el haber logrado desde un inicio ese consenso -con ciertas críticas, que es muy sano que existan- ya es algo.



Conózcalo

Nombre: Javier Oliva

Experiencia: Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinador del diplomado de Seguridad Nacional de la misma facultad. Actualmente, es secretario de Relaciones Académicas del CEN del PRI. También fungió como secretario particular de Roberto Madrazo, representante del PRI ante el IFE y candidato a la presidencia del CEN en febrero pasado.

El presidente de la República se responsabiliza de la situación, a diferencia de lo que ocurrió con la creación de la fiscalía cuando los militares no estaban muy seguros de obedecer al mando civil porque después los iba a dejar al garete.



Conózcalo

Nombre: Guillermo Zepeda

Experiencia: Investigador asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, donde coordina el proyecto "Seguridad Ciudadana y Justicia Penal en México", así como la Red de Investigaciones sobre Reforma Penal Comparada. Se ha especializado en los temas de desarrollo institucional, reforma judicial, seguridad ciudadana y justicia penal. Obtuvo el Premio Nacional de Derecho y Economía en 1999.

Se han dado algunos golpes, que son avances, pero todavía están desafiantes los cárteles. A pesar de la presencia de autoridades federales y de efectivos del Ejército, sigue habiendo ejecuciones.


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Combate al narco: números y episodios

En el semestre transcurrido del 11 de diciembre 2006 al 11 de junio 2007, cada mes -por no decir cada día-, ha arrojado episodios y números impresionantes. El recuento de ejecuciones es semanal.

Información: Laurence Pantin y Centro de Información de REFORMA. Infografía: Julio López.

Ejecuciones registradas durante el lapso señalado.

1,270 ejecuciones

87 mujeres
1,143 hombres
40 no identificados
1,083 civiles
19 militares
168 policías

Ejecuciones peculiares:

134 torturados
13 decapitados
53 con mensaje


Elementos oficiales participantes en los operativos:

Secretaría de Defensa Nacional
14,800
Infantería de Marina
2,000
PGR
250
PFP y AFI
1,500
Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal
900
Elementos mandados a Veracruz (No se cuenta con la información sobre las dependencias a las cuales pertenecen estos elementos)
1,200
Total
20,650

Fuentes: Presidencia de la República y Sedena, vía acceso a la información. En el caso del Operativo Veracruz: Secretaría de Gobierno del estado.



Sólo cinco entidades se salvan

Ejecuciones por estado

De 1 a 20

Tlaxcala
1
Puebla
1
Querétaro
2
Nayarit
2
Zacatecas
4
Hidalgo
6
Aguascalientes
10
Chiapas
10
Oaxaca
13
Morelos
14
Tabasco
15
Coahuila
16
Quintana Roo
17
Guanajuato
18


De 21 a 50

Jalisco
30
Veracruz
37
Tamaulipas
50


De 51 a 100

Edomex
53
Chihuahua
59
Baja California
66
Durango
77
Nuevo León
79
Distrito Federal
83
Sonora
92


Más de 100

Guerrero
155
Michoacán
169
Sinaloa
191



Diciembre 2006

11

Operativo Michoacán

Participan más de 6 mil 700 elementos de la PGR, Sedena, Semar y SSP. El objetivo es aprehender a 300 miembros de las bandas "Los Valencia", “Los Zetas” y “La Familia”. Se reportan 150 detenidos.



Enero 2007


2

Operativo Tijuana

A fin de restablecer las condiciones mínimas de orden y autoridad, se traslada a más de 3 mil 300 elementos del Ejército, Marina, PFP, AFI y Ministerios Públicos federales. Detienen a 32 personas, tres de ellas extranjeras.


7

Operativo Triángulo Dorado

Participan cerca de 4 mil elementos federales en dicha operación, también conocida como "Sierra Madre". Se detiene a 107 personas, entre ellos un extranjero.


14

Operativo Guerrero

Con apoyo en 2 mil elementos federales, se busca aprehender a 500 delincuentes ligados al narcotráfico. La plaza de Guerrero es disputada por los cárteles del Golfo y Sinaloa. Se informa de la detención de 106 personas.


19

Extradiciones

El gobierno extradita a Estados Unidos a 11 narcotraficantes y cuatro delincuentes acusados por homicidio, trata de personas y asalto sexual. Entre los narcotraficantes figuran: Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo; Héctor “El Güero” Palma, Miguel Ángel Arriola y Saúl Saucedo Chaides del Cártel del “Chapo” Guzmán; los hermanos Gilberto e Ismael Higuera Guerrero, así como José Alberto Márquez Esqueda o Francisco Javier Moreno Molinas del Cártel de los Arellano Félix; Gilberto “El Güero Gil” Garza del Cártel de Juárez; Gracielo Gardea Carrasco del Cártel “Los Tres de la Sierra”; y los hermanos Efraín y Alicia González Cisneros.



Febrero


18

Operativo Nvo. León-Tamaulipas

Tres mil 600 elementos federales. Se pretende la captura de miembros del Cártel del Golfo y de su grupo de sicarios “Los Zetas”. Se aprehende a 188 nacionales y siete extranjeros.



Marzo

15

Decomiso millonario

La Policía Federal decomisa 205.6 millones de dólares en una residencia de las Lomas de Chapultepec en el Distrito Federal y detiene a una pareja de origen chino, vinculados con un caso de tráfico de seudoefedrina y lavado de dinero.


Abril


18

Tiroteo en un hospital

Una veintena de sicarios asalta el área de urgencias del Hospital General de Tijuana para rescatar a un compañero herido y matan a dos policías estatales. Cuatro horas después son detenidos por 400 elementos del Ejército y policías federales, estatales y municipales.


Mayo


1

Emboscan a soldados

Cinco militares son asesinados y tres heridos en Carácuaro, Michoacán. Los soldados son atacados a tiros y con granadas de mano por 14 delincuentes, al dirigirse a atender una denuncia de presencia de traficantes en el municipio. También murió un sicario en el enfrentamiento que duró media hora.


9

Fuerzas de Apoyo Federal

El presidente Felipe Calderón decreta la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, un agrupamiento militar, bajo el mando presidencial, destinado a apoyar a las autoridades civiles en tareas de restauración del orden y seguridad pública, el combate a la delincuencia organizada o de actos que atenten contra la seguridad de la nación.


11

Operativo Veracruz

Con mil 200 elementos federales, se atiende a la petición del gobernador Fidel Herrera. El envío de tropas se da horas después de la ejecución de la escolta que acompañaba en sus vacaciones a los hijos del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.


14

Ejecutan a mando policiaco

José Nemesio Lugo Félix, responsable del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, es ejecutado por dos sicarios, cerca de su oficina en Coyoacán, en el DF.


16

Terror en Cananea

Un grupo armado “levanta” a siete policías municipales y cuatro civiles. Ejecuta a cinco de los policías. El hecho desata un enfrentamiento entre la policía estatal con apoyo del Ejército y los sicarios. El saldo: 15 sicarios y dos civiles muertos. Dos días después, Cananea sufre de histeria colectiva a raíz de un anónimo que alerta de la llegada de un nuevo grupo de sicarios del Cártel del Golfo. Sin embargo, aquello queda en un rumor.



Junio


1

Soldados matan a civiles

Esa noche, en un presunto retén militar instalado en La Joya de los Martínez, Sinaloa, soldados matan a dos mujeres y tres niños, dejando heridas a tres personas más. El 11 de junio, un juez militar declara auto de formal prisión contra 19 militares supuestamente involucrados.


4

Matan a dos en funeraria

Esa madrugada, en el estacionamiento de la funeraria Gayosso, donde era velado un menor, varios sujetos ejecutan a Jorge Murillo Rendón y Abel Mario García Ayón. Al día siguiente, la Procuraduría capitalina informa que el menor era nieto del narcotraficante preso Miguel Ángel Félix Gallardo.