El Congreso no puede fallar
Publicado en Enfoque - Reforma
Por Laurence Pantin
(21-Oct-2007).-
"Hay que romper totalmente con los estilos y las prácticas del corporativismo. Cualquier ciudadano debería poder autoproponerse o proponer a otro".
John Ackerman
"Que el candidato a consejero no esté comprometido políticamente con ningún partido, pero que haya demostrado su compromiso con la democracia".
Jorge Carpizo
"La designación de los consejeros en 2003 mostró los graves inconvenientes de una consulta reservada a los partidos sin que ni siquiera los propios diputados conocieran los pormenores de la selección".
Miguel Ángel Granados Chapa
"Por ética y conveniencia propia, es mejor que privilegien los antecedentes de imparcialidad de los consejeros, más que su presunta simpatía o antipatía respecto del partido A o B".
Eduardo R. Huchim May
"El mecanismo ideal para seleccionar a los consejeros del IFE únicamente existe en el reino, efectivamente, de lo ideal".
Lorenzo Meyer
La Cámara de Diputados está a punto de iniciar el proceso de designación del consejero presidente y de dos consejeros del Instituto Federal Electoral, conforme a lo acordado en la reforma constitucional en materia electoral.
La reforma prevé que, en un plazo no mayor a 30 días naturales después de su publicación, los consejeros sean elegidos "por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad". Sin embargo, la falta de precisión del enunciado deja mucho margen a los legisladores para escoger el método de selección de los consejeros electorales.
Consultados por Enfoque, cinco especialistas hablan sobre el mecanismo ideal para nombrar a los nuevos consejeros del IFE: John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de Organismos autónomos y democracia: el caso de México; Jorge Carpizo, experto en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien como secretario de Gobernación presidió el IFE en 1994; Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y consejero ciudadano del IFE entre 1994 y 1996; Eduardo Huchim May, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, y Lorenzo Meyer, historiador e investigador de El Colegio de México.
Los expertos proponen fórmulas para evitar una nueva crisis como la ocurrida en el proceso electoral del año pasado, con un IFE que en el 2003 fue renovado sin los votos del PRD y en medio de suspicacias.
Urgen a que el proceso de selección sea transparente y sugieren que los candidatos comparezcan en audiencias públicas, de preferencia transmitidas por el Canal del Congreso. También subrayan la importancia de que los consejeros sean escogidos por su conocimiento y trayectoria profesional, y no por sus compromisos políticos, pero también estiman que los partidos deben buscar un consenso a la hora de determinar quién jugará el papel de árbitro en las próximas elecciones federales.
¿Cuál es el mecanismo ideal para seleccionar a los nuevos consejeros electorales?
John Ackerman
La crisis electoral que vivimos en 2006 fue principalmente responsabilidad de los individuos que estuvieron a cargo de las instituciones electorales, tanto del IFE, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como de la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales. No le resto de ninguna manera importancia a la reforma electoral, es histórica y fundamental. Sin embargo, si bien la crisis del año pasado fue en parte por lagunas en la ley, el principal problema fue el desempeño deficiente de nuestras instituciones. Por lo tanto, el cumplimiento de la nueva legislación dependerá de la creatividad, el arrojo, la valentía y el compromiso de las personas a cargo de las instituciones electorales.
Hay un detalle importante con respecto al nombramiento de los primeros tres consejeros nuevos. Se requiere que la nueva ley esté aprobada dentro de 30 días y también el nombramiento de los consejeros. Entonces, estrictamente hablando, los primeros tres consejeros no van a entrar con el nuevo procedimiento legal. La Constitución dice que debe haber una amplia consulta a la sociedad. Eso sí se tiene que dar, pero no va a haber tiempo para que este nombramiento sea reglamentado por una nueva ley.
Ahora, una "amplia consulta a la sociedad" puede implicar todo y nada. En México tenemos una larga historia de "consultitas", donde se consulta pero no se toma en cuenta. Existe, por un lado, la opción minimalista de que los grupos parlamentarios seleccionen a sus candidatos y luego los remitan a la sociedad para que den opiniones. Al otro extremo -que es por donde deberíamos caminar- existe la posibilidad de emitir una convocatoria pública. Esta convocatoria debería estar totalmente abierta. Ni siquiera veo la necesidad de que las propuestas vengan de parte de las universidades o las ONGs. Hay que romper totalmente con los estilos y las prácticas del corporativismo. Cualquier ciudadano debería poder autoproponerse o proponer a otro.
Jorge Carpizo
Hay dos aspectos, el legal y un segundo aspecto que llamaría el consenso. Desde el punto de vista legal, considero acertado el procedimiento que se ha propuesto en la reforma y que tiene antecedentes ya desde hace muchos años, esto es, que quien designa es una de las Cámaras del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque son los representantes que han sido electos, tienen una legitimidad en el sistema democrático y porque en esa Cámara están representadas las más diversas ideologías del país, es decir, allí se encuentra representada la pluralidad nuestra. También estoy de acuerdo en que el nombramiento debe de ser con un quórum de votación calificado porque eso, desde un punto de vista jurídico, garantiza o pretende garantizar que el designado tiene un alto grado de aceptación de esas fuerzas políticas.
Pero, ahora bien, el aspecto legal debe de completarse con otros aspectos. Uno de ellos es el consenso. Las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados deben de tener muy claro cuál es el perfil idóneo de un consejero electoral y que antes que discutir nombres, deberían de ponerse de acuerdo en este perfil también para tratar, hasta donde es humanamente posible, que la designación no responda a fines partidistas sino a personalidades que tengan la confianza cuando menos de los grandes partidos políticos. Esto quiere decir que el consenso va más allá del quórum de votación que señala el orden jurídico. México tiene varias experiencias en este aspecto. Recuerdo una que me tocó directamente a mí en 1994, cuando se creó la figura del consejero ciudadano. Más allá del quórum de votación, los tres grandes partidos de entonces, que continúan siendo los mismos hoy en día, pudieron llegar a un consenso. Esto hizo que las votaciones de 1994 hayan tenido un alto grado de certeza y que mayormente los partidos políticos aceptaron las conclusiones a las cuales llegó el Consejo General del IFE. Y tan es posible que de esos seis consejeros de 1994, para el 1996-1997, uno de ellos fue designado también con un gran consenso presidente del consejo. Y como en ese año también se pudieron poner de acuerdo los tres grandes partidos, hubo un alto grado de certeza en las decisiones del consejo. En cambio, en esta última ocasión, más allá de las personalidades que fueron electas -a muchas de las cuales respeto-, el hecho de que se cumplió con la norma constitucional pero no se alcanzó el consenso entre los tres grandes partidos ha traído una serie de problemas y de descalificaciones que hay que evitar en el futuro. Más allá del aspecto jurídico, lo que tienen que hacer los partidos políticos en primer lugar es encontrar un perfil que deben de satisfacer los candidatos a consejeros.
Miguel Ángel Granados Chapa
No hay un mecanismo ideal, hay un mecanismo mejor que otro. Desde luego, tal como lo dice la reforma constitucional, tiene que hacerse en consulta con la sociedad. La designación de los consejeros en 2003 mostró los graves inconvenientes de una consulta reservada a los partidos en la Cámara de Diputados sin que ni siquiera los propios diputados conocieran los pormenores de la selección. En consecuencia, tiene que ser una elección abierta a la sociedad. Ya hay varios antecedentes en otros organismos que ofrecen la experiencia suficiente. Para elegir al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a su Consejo Consultivo, para elegir a miembros del Consejo de la Judicatura, se han establecido mecanismos de propuesta pública y de selección por parte de los partidos. Creo que en este caso se requeriría un eslabón más que es la presentación de los candidatos en exámenes o por lo menos comparecencias de la Cámara de Diputados difundidas por el Canal del Congreso de tal manera que los grupos parlamentarios no pudieran sacarse de la manga a candidatos que no hayan sido vistos por la gente y sin que se hubiera podido apreciar su aptitud, su competencia, porque la tarea de ser consejero electoral requiere una calificación técnica, requiere conocimiento del derecho electoral, requiere una experiencia política de la que carecían varios de los consejeros que están por salir. Para evitar que eso ocurra, los consejeros electorales tienen que mostrarse ante el público como conocedores de la materia, y sólo después, los partidos políticos, los grupos parlamentarios, seleccionarlos.
Eduardo R. Huchim May
Un mecanismo idóneo para elegir a los nuevos integrantes del Consejo General del IFE debiera reunir estas características:
a) Conforme a la reciente reforma constitucional, debe incluir consultas reales -no simuladas- con organismos y ciudadanos de la sociedad civil interesados en la materia electoral, como el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral y Alianza Cívica (cito estos nombres con intención ilustrativa y de ninguna manera limitativa).
b) Organizar comparecencias públicas de los aspirantes a ser consejeros electorales y difundirlas profusamente, en particular por el Canal del Congreso, de tal suerte que la sociedad pueda tener elementos sobre su idoneidad y conocimientos en materia electoral. No debe repetirse la experiencia de 2003, cuando llegaron al Consejo General del IFE algunos consejeros que no tenían experiencia ni conocimientos suficientes en la materia.
c) Buscar el consenso de todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, o al menos el acuerdo de los tres partidos más votados: PAN, PRD y PRI.
d) Excluir criterios basados en filias y/o fobias partidarias. Los partidos se equivocan cuando suponen que la cercanía (o simpatía) de algunos aspirantes con ellos les producirá ventajas. Por ética y conveniencia propia, es mejor que privilegien los antecedentes de imparcialidad de los consejeros, más que su presunta simpatía o antipatía respecto del partido A o B. Un consejero imparcial es garantía para todos, uno que no lo es sólo puede garantizar ineficiencia y conflicto.
e) Excluir el cabildeo como instrumento de selección, porque someter a ese proceso a los candidatos fácilmente puede generar suspicacias entre la sociedad y, en algún grado, ataduras políticas para los próximos consejeros.
Lorenzo Meyer
El mecanismo ideal para seleccionar a los consejeros del IFE únicamente existe en el reino, efectivamente, de lo ideal. En ese mundo ideal, todos los ciudadanos, con plena información sobre lo que es el IFE y la biografía de candidatos propuestos a ser autoridades de esa institución por la sociedad civil, votarían. En la realidad ese mecanismo es imposible y todos los demás tienen defectos, pues la intervención de los partidos -siempre dominados por sus respectivas oligarquías- limitan terriblemente el universo de ciudadanos que podrían ocupar puestos donde la preparación y la ética se requieren por igual.
¿Cómo asegurar capacidad y legitimidad en los próximos consejeros?
Ackerman
¿Cómo sería un Consejo General efectivo? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Lo que explica el éxito del Consejo General del IFE 1996-2003, más allá del hecho de que los consejeros fueron profesionales y conocedores de su tema, es que era un consejo diverso en que sus integrantes debatían entre sí. Fueron consejeros que representaban posiciones diferentes sobre la interpretación de derecho, sobre la función del Estado, incluso posiciones ideológicas diferentes. Ninguno era comprometido con un partido específico, pero había una gran diversidad ideológica. Eso es lo que tenemos que buscar. No es un asunto de buscar perfiles de ciudadanos puros, no es buscar nueve ángeles que nos van a enseñar el camino al cielo, sino encontrar un conjunto de personas que son diversas, tienen puntos de vista diferentes y que debaten dentro del seno del Consejo General.
Otra cosa que explica el éxito del Consejo 1996-2003 es el activismo de algunos de los consejeros más valientes, más arrojados, más comprometidos con ir hasta el fondo, e incluso ir más allá de lo que decía la ley explícitamente. Hay muchos ejemplos. La ley de 1996 no permitía que el IFE investigara a los partidos de oficio. Teóricamente, el instituto tendría que limitarse únicamente a recibir quejas y documentación. Sin embargo, los consejeros invirtieron el proceso y llegaron hasta el fondo en la investigación de los partidos. Asimismo, la idea original del diseño del IFE en 1996 era tener un consejo observador desde fuera, tal y como había sido antes en el 1994-1996 y como es actualmente el consejo de la CNDH.
Sin embargo, un grupo de consejeros, encabezados por figuras como Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, rompió con este esquema, habilitó las comisiones del Consejo General y se metió hasta el fondo en la fiscalización y control del funcionamiento del instituto. Tenemos que buscar personas con esta disposición de interpretación pro-activa de la ley así como la voluntad para luchar hasta el final en defensa de los principios democráticos.
Carpizo
Para asegurar legitimidad es muy importante que exista consenso entre las grandes fuerzas políticas. Y hemos visto que esto se ha dado ya en el país en varias ocasiones y que ha sido muy beneficioso. Ahora bien, para llegar a este consenso, antes que discutir personalidades, se debe de llegar a un consenso entre los tres grandes partidos de qué perfil, qué cualidades deben satisfacer los candidatos a consejero electoral. Y aquí se pueden dar muchas ideas. Desde luego lo que le voy a decir no es exhaustivo ni tampoco se trata de que sea una especie de decálogo, sino son ideas sueltas. Por ejemplo, diría: Que el candidato no esté comprometido políticamente con ningún partido, pero que haya demostrado su compromiso con la democracia.
Que esté convencido que su función es técnica, no política.
Que goce de prestigio nacional, que sea conocido en amplios sectores tanto por su preparación como por los resultados que ha tenido en su carrera profesional.
Que ese cargo sea casi un cargo terminal, que no se vea como un trampolín político. Este aspecto puede ser muy controvertido, pero lo fundamento en lo siguiente: la remuneración que tiene el cargo es equivalente a la de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, y cuando se designa a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, no se designa a una persona que empieza su carrera, sino se designa a alguien que ha probado ya responsabilidad, capacidad. Quien llega a ministro de la Suprema Corte de Justicia debe de ver que lo más probable es que sea un cargo casi terminal. Quien tiene a su cargo la organización de las elecciones en donde está en juego parte de la democracia de un país debe de ver ese cargo más o menos en la misma forma y ésa es la única razón que justifica que su remuneración sea tan extraordinariamente alta en un país donde faltan recursos para desarrollo social.
Honestidad moral: cuando hablo de moral, siempre me refiero a moral laica. Que se haya distinguido con su compromiso con la verdad y algo que es muy importante en nuestro país, por su honestidad económica. No es posible que alguien que está controvertido en el aspecto de su honestidad económica pueda llegar a un cargo de éstos. Y también la responsabilidad y entrega que ha demostrado en sus funciones. Porque también puede haber una persona que sea estupenda, pero que no sea muy trabajadora, y en ese cargo, hay que trabajar mucho.
Ésas son ideas sueltas, pero ojalá que los partidos se pusieran de acuerdo en un perfil porque eso les va a ayudar a lograr el consenso entre ellos de quiénes deben de ser los nuevos consejeros.
Granados Chapa
Primero, haciendo pública su trayectoria. Repito que ni siquiera los diputados conocieron en 2003 quiénes eran aquellos a los que eligieron porque no se presentaron sus currícula en el momento de la elección y había notoriamente entre los aspirantes algunos -pienso por ejemplo en el doctor Ignacio Almada de Sonora- que estaban mucho mejor calificados que algunos de los que fueron elegidos y no se les consideró. De modo que hay que hacer pública la trayectoria, el currículum de cada uno de los aspirantes, y luego hacer estas comparecencias para que se asegure que son personas con aptitud técnica y solvencia moral.
Huchim
Desde mi perspectiva, los consejeros electorales deben reunir cuatro cualidades fundamentales: honorabilidad, imparcialidad, capacidad y experiencia en materia electoral. Ciertamente, no siempre es fácil medir estas virtudes, pero los antecedentes de los candidatos pueden ser una buena ayuda para la detección de tales cualidades. Si éstas se dan, lo demás es secundario.
Meyer
La capacidad la daría el curriculum vitae, pero sobre todo la legitimidad; la biografía política, pero también la social e intelectual, son elementos fundamentales. Sí hay "ciudadanos justos" y bien preparados, pero generalmente no están en los círculos de los políticos profesionales.
¿La selección de los consejeros debe ser producto de un consenso entre todos los grupos parlamentarios?
Ackerman
Desde luego que sí. Tiene que haber consenso entre todos los actores para asegurar la legitimidad del nuevo consejo. Pero también habría que reconocer que la debilidad más importante del consejo actual es el hecho que no hay nadie que haya sido propuesto por el PRD. Entonces, yo propondría que los primeros tres consejeros nuevos sean propuestos por el partido que fue excluido en las negociaciones de 2003. Deberían ser nombrados por consenso y pasar por una revisión minuciosa, pero originarse en la propuesta del grupo del PRD.
No estoy hablando de una repetición del sistema de cuotas estrictas de 2003. En aquel año el PRI, el PAN y el Partido Verde colocaron a quienes quisieron en "sus" lugares en el consejo. En 1996, también se implementó un sistema de cuotas, pero fueron cuotas "light". Es decir, fue una mesa de negociación en que cada partido proponía candidatos y el candidato que entraba llegaba identificado con algún partido, pero después de haber sido avalado por todos. No hay ningún problema con este tipo de cuotas "light", siempre y cuando los nuevos consejeros sean votados por consenso y sean expertos en la materia. Lo realmente importante es garantizar la pluralidad del Consejo General en su conjunto, no la "pureza" de los consejeros en lo individual.
Carpizo
Desde luego que sí. Sin embargo, hay que ser realista. Cuando, en un país como México, tres partidos representan alrededor del 90 por ciento del electorado, el consenso mayormente debe ser entre esos tres partidos. Pero hay que tener respeto a quienes representan corrientes minoritarias porque nadie sabe si en la próxima elección puedan llegar a ser mayoritarias o a representar una sección importante de la sociedad.
Ha llegado el momento en que los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión sientan que si el Consejo General del IFE tiene la responsabilidad de la organización de las elecciones y que debe de contar con el apoyo y la confianza de todos los partidos políticos, resulta inconveniente que ese mismo órgano sea quien fiscalice e imponga castigos a los partidos políticos. Creo que puede ser muy conveniente para el buen funcionamiento de la organización de las elecciones y del desarrollo de nuestra propia democracia que se cree un órgano especial que tenga únicamente como funciones la fiscalización de los partidos políticos y en su caso la imposición de sanciones. Esto ya existe en Chiapas. Creo que funcionaría mucho mejor el IFE, que los partidos políticos no tendrían razones para estarlo impugnando.
Granados Chapa
Sí, un consenso que no signifique veto por parte de alguno de los grupos. El consenso no es una votación, por lo tanto, ninguno de los grupos debería arrogarse el derecho de impedir que alguien sea consejero presidente o consejero, como tiene que elegirse. De modo que el consenso es el acuerdo y ese acuerdo es posible a partir de este procedimiento público. El consenso también es posible a partir de la abstención de los partidos de presentar candidatos. Los candidatos tienen que surgir de su propia propuesta o de propuestas de los grupos sociales, de las organizaciones civiles y no de los partidos.
Huchim
Lo ideal es que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo en la designación de los consejeros electorales, y en todo caso será importante que los partidos menos votados sean escuchados. Sin embargo, las cuotas partidarias y de cualquier otro tipo deben quedar fuera de la negociación respectiva.
Si no es posible el consenso de todos los grupos parlamentarios, sí resulta indispensable el acuerdo de al menos las tres fuerzas políticas más votadas. Sin el acuerdo de éstas, se corre un alto riesgo de repetir la experiencia de 2003, cuando dos partidos -y en particular la entonces coordinadora priista Elba Esther Gordillo- impusieron a los consejeros. Cualquier combinación de dos de los tres partidos más votados y la marginación de uno dañaría la selección. La exclusión debe ser excluida.
Meyer
El consenso sería parte de lo ideal pero, ¿hay consenso social sobre la honestidad de los parlamentarios? Hasta donde las encuestas de opinión son confiables, lo que ellas nos dicen es que la sociedad desconfía enormemente de los parlamentarios. ¿Alguien que viene de un acuerdo entre grupos sin prestigio ni legitimidad puede realmente tener prestigio y legitimidad? La respuesta es un sí, pero muy improbable.
¿Debe transparentarse la selección?
Ackerman
Tendría que haber una convocatoria totalmente pública, un proceso transparente de auscultación, entrevistas, presentación de ternas, de debate, eso es lo que va a asegurar que los que entren al IFE tengan un respaldo social amplio, una legitimidad pública.
Hay una tradición en México de no candidatearse para este tipo de puestos, de no hacer campañas. Pero ahora en los tiempos democráticos, se vale que los candidatos defiendan sus credenciales, que se autopropongan y que busquen apoyos en un ambiente democrático. En el caso de la UNAM, por ejemplo, ya tenemos una amplia variedad de candidatos para la Rectoría que están buscando apoyo de manera pública y presentándose ante los medios y la comunidad universitaria. A final de cuentas, será la Junta de Gobierno quien decida, pero aquí hay un avance porque el concurso para la Rectoría se está desarrollando de cara a la sociedad.
Carpizo
Sí y para eso hay muchas formas de hacerlo: que organizaciones propongan candidatos, que los propios partidos políticos puedan preguntar a organizaciones sociales de prestigio -como pueden ser algunas universidades públicas- propuestas de listas que reunieran el perfil en el cual se han puesto de acuerdo. Y, desde luego, sería más que conveniente que a los posibles candidatos los entrevistaran, los escucharan y, como se usa en muchas partes del mundo, que pudieran fiscalizar ciertos aspectos. ¿Qué quiero decir? Que con su autorización, porque se consideran candidatos, un órgano especializado como puede ser la Auditoría Superior de la Federación viera que sus bienes están de acuerdo con las remuneraciones que han recibido.
Granados
Sí, a través del mecanismo de presentación pública, se debe transparentar para que, repito, no resulten sorpresas, que no resulte elegido alguien o que no compareció ante el público o cuya presentación fue pobre. Eso no sería posible sino aplicando ese mecanismo de transparencia.
Huchim
Desde luego que sí, nada de acuerdos en conciliábulos cerrados ni en lo oscurito. La transparencia es condición sine qua non para el buen éxito en la selección de los nuevos consejeros electorales. Después del grave error de 2003, la Cámara de Diputados no debe equivocarse otra vez.
Meyer
Dada la historia reciente del IFE, la transparencia es una absoluta necesidad aunque no es garantía de calidad intelectual o moral.
La legislación secundaria
Además del nombramiento de tres nuevos consejeros, el Congreso tiene frente a sí la tarea de adecuar 16 leyes secundarias a las nuevas disposiciones constitucionales en materia electoral.
1. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
· Nueva forma de calcular y de asignar el financiamiento público a los partidos.
· Nueva regulación de los topes de gastos de campaña.
· Nuevos requisitos de coaliciones.
· Nuevo sistema de fiscalización de los partidos.
· Instauración de un procedimiento de renovación del Consejo General del IFE.
· Otorgamiento de nuevas facultades del IFE y redistribución de éstas entre los distintos órganos del organismo.
· Fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral.
· Regulación de las precampañas.
· Modificación de los plazos de campañas.
· Nueva regulación de acceso a radio y televisión por parte de los partidos.
2. Ley Federal de Radio y Televisión.
· Integración de la prohibición de comprar espacios publicitarios en radio y televisión por parte de los partidos y candidatos, así como por parte de particulares, y regulación de los tiempos oficiales.
3. Ley sobre Delitos de Imprenta.
· Prohibición de las campañas negras.
4. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
· Revisión del sistema de recuento y nulidades para definir los casos en los que se puede impugnar una elección presidencial.
5. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
· Prohibición de la propaganda gubernamental personalizada y de toda propaganda gubernamental en los tres meses previos a una elección. Definición de las responsabilidades del contralor del IFE.
6. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
· Las salas regionales pasan de ser temporales (para la duración de los procesos electorales) a ser permanentes. Redistribución de competencias entre la sala superior y las salas regionales.
7. Estatuto del Gobierno del DF.
· Adecuación de la legislación del Distrito Federal aplicable conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional.
8. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
· Prohibición de la propaganda gubernamental personalizada y de toda propaganda gubernamental en los tres meses previos a una elección.
9. Ley Orgánica del Congreso.
· Regulación del proceso de elección escalonada de los consejeros, del consejero presidente y del contralor general del IFE.
10. Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
· Mención de que el contralor del IFE tendrá que coordinarse con el auditor superior de la Federación.
11. Ley Federal de Desarrollo Social.
· Blindaje de los programas sociales.
12. Ley del Servicio de Administración Tributaria.
13. Código Fiscal de la Federación.
14. Ley de Instituciones de Crédito.
15. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
16. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
· Modificaciones para que el IFE no se vea obstaculizado en su tarea de fiscalización de los partidos políticos por el secreto bancario, fiduciario y fiscal.
John Ackerman
"Que el candidato a consejero no esté comprometido políticamente con ningún partido, pero que haya demostrado su compromiso con la democracia".
Jorge Carpizo
"La designación de los consejeros en 2003 mostró los graves inconvenientes de una consulta reservada a los partidos sin que ni siquiera los propios diputados conocieran los pormenores de la selección".
Miguel Ángel Granados Chapa
"Por ética y conveniencia propia, es mejor que privilegien los antecedentes de imparcialidad de los consejeros, más que su presunta simpatía o antipatía respecto del partido A o B".
Eduardo R. Huchim May
"El mecanismo ideal para seleccionar a los consejeros del IFE únicamente existe en el reino, efectivamente, de lo ideal".
Lorenzo Meyer
La Cámara de Diputados está a punto de iniciar el proceso de designación del consejero presidente y de dos consejeros del Instituto Federal Electoral, conforme a lo acordado en la reforma constitucional en materia electoral.
La reforma prevé que, en un plazo no mayor a 30 días naturales después de su publicación, los consejeros sean elegidos "por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad". Sin embargo, la falta de precisión del enunciado deja mucho margen a los legisladores para escoger el método de selección de los consejeros electorales.
Consultados por Enfoque, cinco especialistas hablan sobre el mecanismo ideal para nombrar a los nuevos consejeros del IFE: John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de Organismos autónomos y democracia: el caso de México; Jorge Carpizo, experto en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien como secretario de Gobernación presidió el IFE en 1994; Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y consejero ciudadano del IFE entre 1994 y 1996; Eduardo Huchim May, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, y Lorenzo Meyer, historiador e investigador de El Colegio de México.
Los expertos proponen fórmulas para evitar una nueva crisis como la ocurrida en el proceso electoral del año pasado, con un IFE que en el 2003 fue renovado sin los votos del PRD y en medio de suspicacias.
Urgen a que el proceso de selección sea transparente y sugieren que los candidatos comparezcan en audiencias públicas, de preferencia transmitidas por el Canal del Congreso. También subrayan la importancia de que los consejeros sean escogidos por su conocimiento y trayectoria profesional, y no por sus compromisos políticos, pero también estiman que los partidos deben buscar un consenso a la hora de determinar quién jugará el papel de árbitro en las próximas elecciones federales.
¿Cuál es el mecanismo ideal para seleccionar a los nuevos consejeros electorales?
John Ackerman
La crisis electoral que vivimos en 2006 fue principalmente responsabilidad de los individuos que estuvieron a cargo de las instituciones electorales, tanto del IFE, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como de la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales. No le resto de ninguna manera importancia a la reforma electoral, es histórica y fundamental. Sin embargo, si bien la crisis del año pasado fue en parte por lagunas en la ley, el principal problema fue el desempeño deficiente de nuestras instituciones. Por lo tanto, el cumplimiento de la nueva legislación dependerá de la creatividad, el arrojo, la valentía y el compromiso de las personas a cargo de las instituciones electorales.
Hay un detalle importante con respecto al nombramiento de los primeros tres consejeros nuevos. Se requiere que la nueva ley esté aprobada dentro de 30 días y también el nombramiento de los consejeros. Entonces, estrictamente hablando, los primeros tres consejeros no van a entrar con el nuevo procedimiento legal. La Constitución dice que debe haber una amplia consulta a la sociedad. Eso sí se tiene que dar, pero no va a haber tiempo para que este nombramiento sea reglamentado por una nueva ley.
Ahora, una "amplia consulta a la sociedad" puede implicar todo y nada. En México tenemos una larga historia de "consultitas", donde se consulta pero no se toma en cuenta. Existe, por un lado, la opción minimalista de que los grupos parlamentarios seleccionen a sus candidatos y luego los remitan a la sociedad para que den opiniones. Al otro extremo -que es por donde deberíamos caminar- existe la posibilidad de emitir una convocatoria pública. Esta convocatoria debería estar totalmente abierta. Ni siquiera veo la necesidad de que las propuestas vengan de parte de las universidades o las ONGs. Hay que romper totalmente con los estilos y las prácticas del corporativismo. Cualquier ciudadano debería poder autoproponerse o proponer a otro.
Jorge Carpizo
Hay dos aspectos, el legal y un segundo aspecto que llamaría el consenso. Desde el punto de vista legal, considero acertado el procedimiento que se ha propuesto en la reforma y que tiene antecedentes ya desde hace muchos años, esto es, que quien designa es una de las Cámaras del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque son los representantes que han sido electos, tienen una legitimidad en el sistema democrático y porque en esa Cámara están representadas las más diversas ideologías del país, es decir, allí se encuentra representada la pluralidad nuestra. También estoy de acuerdo en que el nombramiento debe de ser con un quórum de votación calificado porque eso, desde un punto de vista jurídico, garantiza o pretende garantizar que el designado tiene un alto grado de aceptación de esas fuerzas políticas.
Pero, ahora bien, el aspecto legal debe de completarse con otros aspectos. Uno de ellos es el consenso. Las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados deben de tener muy claro cuál es el perfil idóneo de un consejero electoral y que antes que discutir nombres, deberían de ponerse de acuerdo en este perfil también para tratar, hasta donde es humanamente posible, que la designación no responda a fines partidistas sino a personalidades que tengan la confianza cuando menos de los grandes partidos políticos. Esto quiere decir que el consenso va más allá del quórum de votación que señala el orden jurídico. México tiene varias experiencias en este aspecto. Recuerdo una que me tocó directamente a mí en 1994, cuando se creó la figura del consejero ciudadano. Más allá del quórum de votación, los tres grandes partidos de entonces, que continúan siendo los mismos hoy en día, pudieron llegar a un consenso. Esto hizo que las votaciones de 1994 hayan tenido un alto grado de certeza y que mayormente los partidos políticos aceptaron las conclusiones a las cuales llegó el Consejo General del IFE. Y tan es posible que de esos seis consejeros de 1994, para el 1996-1997, uno de ellos fue designado también con un gran consenso presidente del consejo. Y como en ese año también se pudieron poner de acuerdo los tres grandes partidos, hubo un alto grado de certeza en las decisiones del consejo. En cambio, en esta última ocasión, más allá de las personalidades que fueron electas -a muchas de las cuales respeto-, el hecho de que se cumplió con la norma constitucional pero no se alcanzó el consenso entre los tres grandes partidos ha traído una serie de problemas y de descalificaciones que hay que evitar en el futuro. Más allá del aspecto jurídico, lo que tienen que hacer los partidos políticos en primer lugar es encontrar un perfil que deben de satisfacer los candidatos a consejeros.
Miguel Ángel Granados Chapa
No hay un mecanismo ideal, hay un mecanismo mejor que otro. Desde luego, tal como lo dice la reforma constitucional, tiene que hacerse en consulta con la sociedad. La designación de los consejeros en 2003 mostró los graves inconvenientes de una consulta reservada a los partidos en la Cámara de Diputados sin que ni siquiera los propios diputados conocieran los pormenores de la selección. En consecuencia, tiene que ser una elección abierta a la sociedad. Ya hay varios antecedentes en otros organismos que ofrecen la experiencia suficiente. Para elegir al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a su Consejo Consultivo, para elegir a miembros del Consejo de la Judicatura, se han establecido mecanismos de propuesta pública y de selección por parte de los partidos. Creo que en este caso se requeriría un eslabón más que es la presentación de los candidatos en exámenes o por lo menos comparecencias de la Cámara de Diputados difundidas por el Canal del Congreso de tal manera que los grupos parlamentarios no pudieran sacarse de la manga a candidatos que no hayan sido vistos por la gente y sin que se hubiera podido apreciar su aptitud, su competencia, porque la tarea de ser consejero electoral requiere una calificación técnica, requiere conocimiento del derecho electoral, requiere una experiencia política de la que carecían varios de los consejeros que están por salir. Para evitar que eso ocurra, los consejeros electorales tienen que mostrarse ante el público como conocedores de la materia, y sólo después, los partidos políticos, los grupos parlamentarios, seleccionarlos.
Eduardo R. Huchim May
Un mecanismo idóneo para elegir a los nuevos integrantes del Consejo General del IFE debiera reunir estas características:
a) Conforme a la reciente reforma constitucional, debe incluir consultas reales -no simuladas- con organismos y ciudadanos de la sociedad civil interesados en la materia electoral, como el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral y Alianza Cívica (cito estos nombres con intención ilustrativa y de ninguna manera limitativa).
b) Organizar comparecencias públicas de los aspirantes a ser consejeros electorales y difundirlas profusamente, en particular por el Canal del Congreso, de tal suerte que la sociedad pueda tener elementos sobre su idoneidad y conocimientos en materia electoral. No debe repetirse la experiencia de 2003, cuando llegaron al Consejo General del IFE algunos consejeros que no tenían experiencia ni conocimientos suficientes en la materia.
c) Buscar el consenso de todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, o al menos el acuerdo de los tres partidos más votados: PAN, PRD y PRI.
d) Excluir criterios basados en filias y/o fobias partidarias. Los partidos se equivocan cuando suponen que la cercanía (o simpatía) de algunos aspirantes con ellos les producirá ventajas. Por ética y conveniencia propia, es mejor que privilegien los antecedentes de imparcialidad de los consejeros, más que su presunta simpatía o antipatía respecto del partido A o B. Un consejero imparcial es garantía para todos, uno que no lo es sólo puede garantizar ineficiencia y conflicto.
e) Excluir el cabildeo como instrumento de selección, porque someter a ese proceso a los candidatos fácilmente puede generar suspicacias entre la sociedad y, en algún grado, ataduras políticas para los próximos consejeros.
Lorenzo Meyer
El mecanismo ideal para seleccionar a los consejeros del IFE únicamente existe en el reino, efectivamente, de lo ideal. En ese mundo ideal, todos los ciudadanos, con plena información sobre lo que es el IFE y la biografía de candidatos propuestos a ser autoridades de esa institución por la sociedad civil, votarían. En la realidad ese mecanismo es imposible y todos los demás tienen defectos, pues la intervención de los partidos -siempre dominados por sus respectivas oligarquías- limitan terriblemente el universo de ciudadanos que podrían ocupar puestos donde la preparación y la ética se requieren por igual.
¿Cómo asegurar capacidad y legitimidad en los próximos consejeros?
Ackerman
¿Cómo sería un Consejo General efectivo? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Lo que explica el éxito del Consejo General del IFE 1996-2003, más allá del hecho de que los consejeros fueron profesionales y conocedores de su tema, es que era un consejo diverso en que sus integrantes debatían entre sí. Fueron consejeros que representaban posiciones diferentes sobre la interpretación de derecho, sobre la función del Estado, incluso posiciones ideológicas diferentes. Ninguno era comprometido con un partido específico, pero había una gran diversidad ideológica. Eso es lo que tenemos que buscar. No es un asunto de buscar perfiles de ciudadanos puros, no es buscar nueve ángeles que nos van a enseñar el camino al cielo, sino encontrar un conjunto de personas que son diversas, tienen puntos de vista diferentes y que debaten dentro del seno del Consejo General.
Otra cosa que explica el éxito del Consejo 1996-2003 es el activismo de algunos de los consejeros más valientes, más arrojados, más comprometidos con ir hasta el fondo, e incluso ir más allá de lo que decía la ley explícitamente. Hay muchos ejemplos. La ley de 1996 no permitía que el IFE investigara a los partidos de oficio. Teóricamente, el instituto tendría que limitarse únicamente a recibir quejas y documentación. Sin embargo, los consejeros invirtieron el proceso y llegaron hasta el fondo en la investigación de los partidos. Asimismo, la idea original del diseño del IFE en 1996 era tener un consejo observador desde fuera, tal y como había sido antes en el 1994-1996 y como es actualmente el consejo de la CNDH.
Sin embargo, un grupo de consejeros, encabezados por figuras como Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, rompió con este esquema, habilitó las comisiones del Consejo General y se metió hasta el fondo en la fiscalización y control del funcionamiento del instituto. Tenemos que buscar personas con esta disposición de interpretación pro-activa de la ley así como la voluntad para luchar hasta el final en defensa de los principios democráticos.
Carpizo
Para asegurar legitimidad es muy importante que exista consenso entre las grandes fuerzas políticas. Y hemos visto que esto se ha dado ya en el país en varias ocasiones y que ha sido muy beneficioso. Ahora bien, para llegar a este consenso, antes que discutir personalidades, se debe de llegar a un consenso entre los tres grandes partidos de qué perfil, qué cualidades deben satisfacer los candidatos a consejero electoral. Y aquí se pueden dar muchas ideas. Desde luego lo que le voy a decir no es exhaustivo ni tampoco se trata de que sea una especie de decálogo, sino son ideas sueltas. Por ejemplo, diría: Que el candidato no esté comprometido políticamente con ningún partido, pero que haya demostrado su compromiso con la democracia.
Que esté convencido que su función es técnica, no política.
Que goce de prestigio nacional, que sea conocido en amplios sectores tanto por su preparación como por los resultados que ha tenido en su carrera profesional.
Que ese cargo sea casi un cargo terminal, que no se vea como un trampolín político. Este aspecto puede ser muy controvertido, pero lo fundamento en lo siguiente: la remuneración que tiene el cargo es equivalente a la de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, y cuando se designa a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, no se designa a una persona que empieza su carrera, sino se designa a alguien que ha probado ya responsabilidad, capacidad. Quien llega a ministro de la Suprema Corte de Justicia debe de ver que lo más probable es que sea un cargo casi terminal. Quien tiene a su cargo la organización de las elecciones en donde está en juego parte de la democracia de un país debe de ver ese cargo más o menos en la misma forma y ésa es la única razón que justifica que su remuneración sea tan extraordinariamente alta en un país donde faltan recursos para desarrollo social.
Honestidad moral: cuando hablo de moral, siempre me refiero a moral laica. Que se haya distinguido con su compromiso con la verdad y algo que es muy importante en nuestro país, por su honestidad económica. No es posible que alguien que está controvertido en el aspecto de su honestidad económica pueda llegar a un cargo de éstos. Y también la responsabilidad y entrega que ha demostrado en sus funciones. Porque también puede haber una persona que sea estupenda, pero que no sea muy trabajadora, y en ese cargo, hay que trabajar mucho.
Ésas son ideas sueltas, pero ojalá que los partidos se pusieran de acuerdo en un perfil porque eso les va a ayudar a lograr el consenso entre ellos de quiénes deben de ser los nuevos consejeros.
Granados Chapa
Primero, haciendo pública su trayectoria. Repito que ni siquiera los diputados conocieron en 2003 quiénes eran aquellos a los que eligieron porque no se presentaron sus currícula en el momento de la elección y había notoriamente entre los aspirantes algunos -pienso por ejemplo en el doctor Ignacio Almada de Sonora- que estaban mucho mejor calificados que algunos de los que fueron elegidos y no se les consideró. De modo que hay que hacer pública la trayectoria, el currículum de cada uno de los aspirantes, y luego hacer estas comparecencias para que se asegure que son personas con aptitud técnica y solvencia moral.
Huchim
Desde mi perspectiva, los consejeros electorales deben reunir cuatro cualidades fundamentales: honorabilidad, imparcialidad, capacidad y experiencia en materia electoral. Ciertamente, no siempre es fácil medir estas virtudes, pero los antecedentes de los candidatos pueden ser una buena ayuda para la detección de tales cualidades. Si éstas se dan, lo demás es secundario.
Meyer
La capacidad la daría el curriculum vitae, pero sobre todo la legitimidad; la biografía política, pero también la social e intelectual, son elementos fundamentales. Sí hay "ciudadanos justos" y bien preparados, pero generalmente no están en los círculos de los políticos profesionales.
¿La selección de los consejeros debe ser producto de un consenso entre todos los grupos parlamentarios?
Ackerman
Desde luego que sí. Tiene que haber consenso entre todos los actores para asegurar la legitimidad del nuevo consejo. Pero también habría que reconocer que la debilidad más importante del consejo actual es el hecho que no hay nadie que haya sido propuesto por el PRD. Entonces, yo propondría que los primeros tres consejeros nuevos sean propuestos por el partido que fue excluido en las negociaciones de 2003. Deberían ser nombrados por consenso y pasar por una revisión minuciosa, pero originarse en la propuesta del grupo del PRD.
No estoy hablando de una repetición del sistema de cuotas estrictas de 2003. En aquel año el PRI, el PAN y el Partido Verde colocaron a quienes quisieron en "sus" lugares en el consejo. En 1996, también se implementó un sistema de cuotas, pero fueron cuotas "light". Es decir, fue una mesa de negociación en que cada partido proponía candidatos y el candidato que entraba llegaba identificado con algún partido, pero después de haber sido avalado por todos. No hay ningún problema con este tipo de cuotas "light", siempre y cuando los nuevos consejeros sean votados por consenso y sean expertos en la materia. Lo realmente importante es garantizar la pluralidad del Consejo General en su conjunto, no la "pureza" de los consejeros en lo individual.
Carpizo
Desde luego que sí. Sin embargo, hay que ser realista. Cuando, en un país como México, tres partidos representan alrededor del 90 por ciento del electorado, el consenso mayormente debe ser entre esos tres partidos. Pero hay que tener respeto a quienes representan corrientes minoritarias porque nadie sabe si en la próxima elección puedan llegar a ser mayoritarias o a representar una sección importante de la sociedad.
Ha llegado el momento en que los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión sientan que si el Consejo General del IFE tiene la responsabilidad de la organización de las elecciones y que debe de contar con el apoyo y la confianza de todos los partidos políticos, resulta inconveniente que ese mismo órgano sea quien fiscalice e imponga castigos a los partidos políticos. Creo que puede ser muy conveniente para el buen funcionamiento de la organización de las elecciones y del desarrollo de nuestra propia democracia que se cree un órgano especial que tenga únicamente como funciones la fiscalización de los partidos políticos y en su caso la imposición de sanciones. Esto ya existe en Chiapas. Creo que funcionaría mucho mejor el IFE, que los partidos políticos no tendrían razones para estarlo impugnando.
Granados Chapa
Sí, un consenso que no signifique veto por parte de alguno de los grupos. El consenso no es una votación, por lo tanto, ninguno de los grupos debería arrogarse el derecho de impedir que alguien sea consejero presidente o consejero, como tiene que elegirse. De modo que el consenso es el acuerdo y ese acuerdo es posible a partir de este procedimiento público. El consenso también es posible a partir de la abstención de los partidos de presentar candidatos. Los candidatos tienen que surgir de su propia propuesta o de propuestas de los grupos sociales, de las organizaciones civiles y no de los partidos.
Huchim
Lo ideal es que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo en la designación de los consejeros electorales, y en todo caso será importante que los partidos menos votados sean escuchados. Sin embargo, las cuotas partidarias y de cualquier otro tipo deben quedar fuera de la negociación respectiva.
Si no es posible el consenso de todos los grupos parlamentarios, sí resulta indispensable el acuerdo de al menos las tres fuerzas políticas más votadas. Sin el acuerdo de éstas, se corre un alto riesgo de repetir la experiencia de 2003, cuando dos partidos -y en particular la entonces coordinadora priista Elba Esther Gordillo- impusieron a los consejeros. Cualquier combinación de dos de los tres partidos más votados y la marginación de uno dañaría la selección. La exclusión debe ser excluida.
Meyer
El consenso sería parte de lo ideal pero, ¿hay consenso social sobre la honestidad de los parlamentarios? Hasta donde las encuestas de opinión son confiables, lo que ellas nos dicen es que la sociedad desconfía enormemente de los parlamentarios. ¿Alguien que viene de un acuerdo entre grupos sin prestigio ni legitimidad puede realmente tener prestigio y legitimidad? La respuesta es un sí, pero muy improbable.
¿Debe transparentarse la selección?
Ackerman
Tendría que haber una convocatoria totalmente pública, un proceso transparente de auscultación, entrevistas, presentación de ternas, de debate, eso es lo que va a asegurar que los que entren al IFE tengan un respaldo social amplio, una legitimidad pública.
Hay una tradición en México de no candidatearse para este tipo de puestos, de no hacer campañas. Pero ahora en los tiempos democráticos, se vale que los candidatos defiendan sus credenciales, que se autopropongan y que busquen apoyos en un ambiente democrático. En el caso de la UNAM, por ejemplo, ya tenemos una amplia variedad de candidatos para la Rectoría que están buscando apoyo de manera pública y presentándose ante los medios y la comunidad universitaria. A final de cuentas, será la Junta de Gobierno quien decida, pero aquí hay un avance porque el concurso para la Rectoría se está desarrollando de cara a la sociedad.
Carpizo
Sí y para eso hay muchas formas de hacerlo: que organizaciones propongan candidatos, que los propios partidos políticos puedan preguntar a organizaciones sociales de prestigio -como pueden ser algunas universidades públicas- propuestas de listas que reunieran el perfil en el cual se han puesto de acuerdo. Y, desde luego, sería más que conveniente que a los posibles candidatos los entrevistaran, los escucharan y, como se usa en muchas partes del mundo, que pudieran fiscalizar ciertos aspectos. ¿Qué quiero decir? Que con su autorización, porque se consideran candidatos, un órgano especializado como puede ser la Auditoría Superior de la Federación viera que sus bienes están de acuerdo con las remuneraciones que han recibido.
Granados
Sí, a través del mecanismo de presentación pública, se debe transparentar para que, repito, no resulten sorpresas, que no resulte elegido alguien o que no compareció ante el público o cuya presentación fue pobre. Eso no sería posible sino aplicando ese mecanismo de transparencia.
Huchim
Desde luego que sí, nada de acuerdos en conciliábulos cerrados ni en lo oscurito. La transparencia es condición sine qua non para el buen éxito en la selección de los nuevos consejeros electorales. Después del grave error de 2003, la Cámara de Diputados no debe equivocarse otra vez.
Meyer
Dada la historia reciente del IFE, la transparencia es una absoluta necesidad aunque no es garantía de calidad intelectual o moral.
La legislación secundaria
Además del nombramiento de tres nuevos consejeros, el Congreso tiene frente a sí la tarea de adecuar 16 leyes secundarias a las nuevas disposiciones constitucionales en materia electoral.
1. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
· Nueva forma de calcular y de asignar el financiamiento público a los partidos.
· Nueva regulación de los topes de gastos de campaña.
· Nuevos requisitos de coaliciones.
· Nuevo sistema de fiscalización de los partidos.
· Instauración de un procedimiento de renovación del Consejo General del IFE.
· Otorgamiento de nuevas facultades del IFE y redistribución de éstas entre los distintos órganos del organismo.
· Fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral.
· Regulación de las precampañas.
· Modificación de los plazos de campañas.
· Nueva regulación de acceso a radio y televisión por parte de los partidos.
2. Ley Federal de Radio y Televisión.
· Integración de la prohibición de comprar espacios publicitarios en radio y televisión por parte de los partidos y candidatos, así como por parte de particulares, y regulación de los tiempos oficiales.
3. Ley sobre Delitos de Imprenta.
· Prohibición de las campañas negras.
4. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
· Revisión del sistema de recuento y nulidades para definir los casos en los que se puede impugnar una elección presidencial.
5. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
· Prohibición de la propaganda gubernamental personalizada y de toda propaganda gubernamental en los tres meses previos a una elección. Definición de las responsabilidades del contralor del IFE.
6. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
· Las salas regionales pasan de ser temporales (para la duración de los procesos electorales) a ser permanentes. Redistribución de competencias entre la sala superior y las salas regionales.
7. Estatuto del Gobierno del DF.
· Adecuación de la legislación del Distrito Federal aplicable conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional.
8. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
· Prohibición de la propaganda gubernamental personalizada y de toda propaganda gubernamental en los tres meses previos a una elección.
9. Ley Orgánica del Congreso.
· Regulación del proceso de elección escalonada de los consejeros, del consejero presidente y del contralor general del IFE.
10. Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
· Mención de que el contralor del IFE tendrá que coordinarse con el auditor superior de la Federación.
11. Ley Federal de Desarrollo Social.
· Blindaje de los programas sociales.
12. Ley del Servicio de Administración Tributaria.
13. Código Fiscal de la Federación.
14. Ley de Instituciones de Crédito.
15. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
16. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
· Modificaciones para que el IFE no se vea obstaculizado en su tarea de fiscalización de los partidos políticos por el secreto bancario, fiduciario y fiscal.
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