Sobre la falta de prevención de las adicciones

¿Y la prevención?

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(05-Ago-2007).- "Yo entiendo muy bien el dolor de un padre o de una madre cuando se entera de que su hijo ha caído en las garras de las drogas o del alcohol", declaraba el presidente Felipe Calderón el pasado 17 de abril, durante la presentación de su "Estrategia Nacional de Prevención y Tratamiento de las Adicciones".
El mandatario advertía que México pasó de ser un país de tránsito de las drogas a un país de consumo y que las adicciones representan uno de los "mayores problemas de salud pública".
Sin embargo, los esfuerzos de su gobierno para disminuir la demanda de drogas son muy inferiores al empeño puesto para atacar el tráfico y la oferta de estupefacientes.
El combate al narcotráfico fue la prioridad en el arranque del gobierno, ya que apenas 11 días después de tomar posesión el Presidente ordenó el primero de seis operativos militares contra el crimen organizado, en los que hoy participan más de 20 mil elementos.
En contraste, las medidas a favor de la prevención y el tratamiento de las adicciones, que también formaban parte de las 100 acciones que el candidato panista había prometido implementar en sus primeros 100 días de gobierno, fueron presentadas hasta mediados de abril.


Más gasto en represión que en prevención

El gobierno gasta mucho más en el combate al narcotráfico que en prevención y tratamiento de adicciones, según estimaciones del Consejo Nacional contra las Adicciones, basadas en datos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Este organismo internacional realizó un estudio en el 2005, y detectó que por cada peso que se gastaba para reducir la demanda de estupefacientes en el continente se destinaban 16 pesos en persecución a los narcotraficantes.
Al respecto Carlos Rodríguez Ajenjo, titular del Conadic, considera que pese a que no se puede conocer la proporción exacta, la situación actual de México corresponde a ese estudio.
"El fenómeno de que hay más dinero para el combate y menos para la demanda sí existe. Dieciséis a uno, 18 a uno, 14 a uno, o 14 a dos, puede ser. No tengo la cifra para México", declara.
El funcionario también subrayó que apenas este año comenzará a revertirse esta tendencia, ya que los recursos al Conadic en 2007 se han duplicado con respecto al año pasado, pasando de 105 millones de pesos a 215 millones.
Sin embargo, Rodríguez Ajenjo estima que esto todavía es insuficiente para atender las necesidades, y considera que el presupuesto anual del Conadic debería triplicarse -a 650 millones- para atender el crecimiento que se registra en el consumo de drogas.
Por su parte, el rubro del presupuesto de egresos de la Federación destinado a los Centros de Integración Juvenil, una asociación civil incorporada al sector salud que da tratamiento a las personas adictas, tuvo una leve baja. Los CIJ recibieron 398 millones de pesos el año pasado y 393 millones este año.
En suma, el presupuesto público para la prevención y el tratamiento de adicciones pasó de 503 millones en 2006 a 608 millones de pesos en 2007.
Sin embargo, al mismo tiempo aumentaron los recursos destinados al combate al narcotráfico, con el despliegue de fuerzas de seguridad en todo el país y una serie de medidas anunciadas en los últimos ocho meses.
La Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son las dependencias que participan activamente en el combate al narcotráfico. Su presupuesto para 2007 es de 66 mil 33 millones de pesos. Pero es imposible saber exactamente cuántos de estos recursos se destinan al combate al narcotráfico, ya que la Secretaría de Defensa Nacional se niega a dar a conocer el gasto exacto relacionado con esta actividad.
En respuesta a una solicitud de información sobre el tema que se presentó mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la dependencia argumentó: "no es posible identificar los recursos presupuestales que se asignan a cada una de las metas fijadas bajo el rubro de defender la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional y garantizar la seguridad interior, entre las cuales se encuentra la de combatir integralmente al tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada".
Hasta el momento el gobierno de Calderón ha declinado informar sobre el gasto de los operativos desplegados en Michoacán, Tijuana, el Triángulo Dorado (Sinaloa, Chihuahua y Durango), Guerrero, Nuevo León-Tamaulipas y Veracruz.


Desequilibrio presupuestal

El estudio de la CICAD citado por Rodríguez Ajenjo detectó que entre 2002 y 2003 México gastaba entre 14 y 16 veces más en combate a la oferta que en reducir la demanda de estupefacientes.
En el año 2000 todavía se consideraba que México era un "trampolín" que permitía a los narcotraficantes llegar a la "alberca" de Estados Unidos, según la imagen que usó el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1967. Por lo tanto, se podía justificar el desequilibrio entre presupuesto para represión y para prevención.
Sin embargo, desde el año 2000 México era alberca además de trampolín. De acuerdo con los especialistas consultados, el consumo y la adicción a los estupefacientes se han vuelto un problema grave de salud pública, por lo que es deseable que las prioridades presupuestales se reequilibren.
"Tenemos que hacer un mucho mayor esfuerzo en la parte preventiva que en la parte correctiva", exhorta el panista Ernesto Saro, presidente de la Comisión de Salud del Senado. "Tienen que hacerse los dos. Y hoy por hoy no están equilibrados. Se invierte mucho más en la parte punitiva que en estar previniendo las adiciones".
El perredista y secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Fernando Mayans, coincide con ese diagnóstico: "El Ejército ha gastado en los primeros meses del año 5 mil 500 millones de pesos en la lucha contra el narcotráfico, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación, del cual soy miembro de la comisión de vigilancia. Entonces, es un gasto desproporcionado lo que se gasta en tratamiento en relación con lo que es la lucha contra el narcotráfico".
Por su parte, María Elena Morera, presidenta de la asociación México Unido Contra la Delincuencia, lamenta que en México casi todos los recursos en seguridad estén destinados a la persecución y no a la prevención del delito.
"El narcotráfico es un tema globalizado, no es un tema que se pueda ganar. El problema de tener niños que sean adictos sí es algo que se puede ganar. Consideramos que el gobierno debe de poner mucho más énfasis en temas de prevención de adicciones", concluye.
Calderón señaló en varias ocasiones que Estados Unidos es responsable del problema de narcotráfico que enfrenta México y que tiene que trabajar mucho más en reducir su nivel de consumo. Tres días antes de reunirse con su homólogo de Estados Unidos, George W. Bush, el presidente mexicano declaró: "Estados Unidos es responsable de algunos de los problemas más graves que tiene México, entre otros el narcotráfico, por el consumo enorme y creciente que tiene de drogas, y que hace de nuestro territorio lugar de paso o tráfico de drogas".
Sin embargo, EU tiene un presupuesto más equilibrado que México, ya que por cada dólar invertido en prevención y tratamiento, destina 2.8 dólares al combate al narcotráfico.


Tendencias alarmantes

Desde finales de los ochenta, el consumo de drogas en México creció de manera significativa, según María Elena Medina-Mora Icaza, directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, y hermana del procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza.
La investigadora tiene a su cargo la elaboración de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), que se aplica cada cinco años. Advierte que la última ENA disponible es la de 2002 ya que la de 2007 todavía está en preparación.
Al comparar los resultados de la ENA en 1998 y en 2002 se observaba un aumento del número de consumidores de drogas entre la población urbana de 12 a 65 años. Cerca de 2 millones y medio de personas reconocían haber consumido drogas alguna vez en su vida en 1998, mientras que en 2002 eran casi 3 millones. Al añadir la población rural, en 2002 se registraba un total de 3.5 millones de personas que habían usado drogas en alguna ocasión.
El aumento del número de consumidores también se registró en estudios focalizados más recientes. La Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes realizada por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría en secundarias y preparatorias de la Ciudad de México y publicada el mes pasado enseña que 17.8 por ciento de los adolescentes escolarizados de entre 11 y 19 años han probado drogas alguna vez en su vida, contra 15.2 por ciento hace tres años.
Por otra parte, la franja de edades que tiene el mayor número de usuarios es entre los 18 y los 34 años, ya que 6.48 por ciento de las personas en esas edades eran usuarios, según la ENA 2002.
Otra tendencia preocupante es que la edad de inicio del uso de drogas ha bajado, explica Víctor Manuel Guisa, director de los Centros de Integración Juvenil. Si bien en 2002 los adolescentes empezaban a probar drogas entre los 14 y 16 años, hoy comienzan entre los 10 y 12 años.


Modificación de los patrones de consumo

El patrón de consumo también está cambiando, de acuerdo con la investigadora Medina-Mora Icaza. "De las personas que estaban experimentando, más de ellas continúan usando. Entonces, tenemos un índice mayor de personas que consumen cocaína más frecuentemente. Y las encuestas también nos hablan de un incremento del número de personas con dependencia", expone.
En cuanto al tipo de drogas que se consumen, los mexicanos siguen prefiriendo la mariguana a cualquier otra sustancia. Después, vienen por orden de importancia la cocaína y su forma fumada, el crack, antes de las metanfetaminas y de los inhalables.
Las metanfetaminas y otras drogas sintéticas empezaron a ponerse de moda a partir del año 2000, mientras que los inhalables, muy socorridos en los años ochenta, fueron sustituidos por la cocaína a principios de los noventa.
Desde entonces, el consumo de cocaína ha ido aumentando en un 20 por ciento anual, según datos de la PGR. El pasado 14 de junio el procurador señaló que México sería hoy el tercer consumidor de esta droga a nivel mundial, después de Estados Unidos y Brasil.


Rebasados

Hay razones externas e internas que explican por qué se convirtió en un problema para México el consumo de drogas, que durante décadas se había mantenido en niveles bajos.
Del lado externo, la mayor persecución al delito en Estados Unidos y el cierre de fronteras después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron que los traficantes buscaran vender su mercancía en México, explica Rodríguez Ajenjo. Quienes se dedican a la venta de droga incluso bajaron los precios para liquidar sus reservas a raíz del "cierre" de la frontera.
Internamente, el funcionario señala como factor el incremento de los problemas de depresión.
"Llama la atención que lo que se ha extendido es el mercado de los estimulantes, lo cual posiblemente hable de una sociedad más deprimida, más triste, más frustrada, que requiere experimentar grandes emociones", concluye.
Medina-Mora confirma que el uso y abuso de drogas pueden estar vinculados con problemas emocionales no resueltos. Explica que los adolescentes que tuvieron trastornos emocionales en su infancia y no fueron tratados tienen de 2 a 10 veces más riesgos de volverse dependientes a sustancias que los otros adolescentes, dependiendo de su género y del tipo de trastorno que presenten.


Carencia de tratamiento

El crecimiento del consumo se acompañó de un aumento del número de drogadictos. La última ENA los estimaba en 220 mil en 2002, pero según la Secretaría de Salud la demanda anual de tratamiento sería de 560 mil pacientes. Por su parte, los Centros de Integración Juvenil atienden 25 a 30 mil nuevos casos cada año.
La respuesta a este fenómeno ha sido insuficiente, estima Medina-Mora. "Ha habido un crecimiento importante de la demanda, pero la oferta de tratamiento no se ha incrementado a la par", declara.
De acuerdo con Rodríguez Ajenjo, del Conadic, existen actualmente mil 700 centros que dan atención a personas con adicciones. La mayoría de éstos son centros ambulatorios, donde se da tratamiento durante el día y los pacientes siguen viviendo con sus familias.
Pero cuando el nivel de dependencia es más grave es necesario que el enfermo sea internado. Para esos casos se cuenta con 20 mil camas para problemas de adicción al alcohol o a las drogas. De ésas, solamente 400 son públicas, 300 pertenecen al sector privado y 19 mil 300 a organismos sin fines de lucro.


Una estrategia indefinida

Para hacer frente a estos problemas, el gobierno no parece tener una estrategia muy clara.
Al presentar la "Estrategia Nacional de Prevención y Tratamiento de las Adicciones", el Presidente anunció la creación de 30 unidades de especialidades médicas de tipo ambulatorio y 64 nuevos Centros Comunitarios de Atención Integral a las Adicciones, que darían servicios de atención residencial.
En realidad, se trataba de objetivos preliminares, ya que actualmente el Conadic tiene otras cifras. Rodríguez Ajenjo explicó en entrevista que con el presupuesto 2007 no se van a construir 30 sino 70 unidades de especialidades médicas, cuya misión consistirá en detectar a las personas dependientes a cualquier tipo de sustancias, realizar tratamientos breves cuando el nivel de adicción es leve y canalizar los casos más severos a programas de tratamiento en instituciones especializadas. También afirmó que por el momento no existen proyectos para aumentar la capacidad instalada de los centros de tratamiento residenciales, a pesar de que existe un déficit de 15 por ciento.
La confusión creció cuando se reveló que una tercera parte de los 205 millones de dólares decomisados el pasado 15 de marzo al empresario Zhenli Ye Gon, sería entregada a la Secretaría de Salud para fines de prevención y tratamiento.
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció un programa de gasto de estos recursos en una conferencia de prensa el pasado 26 de julio, pero también éste fue modificado a los pocos días, cuando se presentó el proyecto final a la Secretaría de Hacienda.
Según Rodríguez Ajenjo, de última hora se hicieron "algunos ajustes".


Un enfoque punitivo

La política en materia de prevención también ha provocado polémica. En la presentación del Programa Escuela Segura el pasado 2 de julio, el Presidente sugirió la aplicación de exámenes para detectar a los niños que usen drogas. Aunque se ofreció como una medida de prevención y detección, algunos padres de familia y la CNDH criticaron esta propuesta al considerar que exhibe un componente represivo y podría estigmatizar a los jóvenes con problemas de abuso de sustancias, en lugar de ayudarlos.
La política de Calderón, más punitiva que preventiva, también fue seguida por su antecesor Vicente Fox. El ex Presidente vetó la Ley de Narcomenudeo votada en la Cámara de Diputados y el Senado, que despenalizaba la posesión de una dosis mínima de enervantes para consumo personal, y argumentó en un comunicado de mayo del 2006: "para que sea absolutamente claro que en nuestro país la posesión de droga y su consumo, son y seguirán siendo delitos".
Actualmente, la Comisión de Salud del Senado está impulsando una versión corregida de esta ley que tome en cuenta las observaciones del Ejecutivo. Esta ley establecería sanciones administrativas -y no penales- a los consumidores que sean detenidos con pequeñas cantidades de droga e impondría como sanción a los adictos que se rehabiliten. El senador panista Ernesto Saro indicó que esta ley podría ser votada durante el próximo periodo de sesiones, entre septiembre y diciembre de 2007.
"Lo importante es el cambio de enfoque en materia de salud, que pase de lo punitivo a la prevención", concluye Saro, "es decir, el adicto no es un delincuente, es un enfermo".



A lo chino

Los más de 205 millones de dólares incautados al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon inyectaron recursos inesperados a la Secretaría de Salud para destinarlos a la prevención y el tratamiento de adicciones, pues la ley obliga a repartir los decomisos en tres partes iguales al sector salud, la PGR y el Poder Judicial.
Con los 750 millones de pesos que le correspondieron al sector salud se duplican los recursos que se tenían presupuestados este año para reducir el consumo y la dependencia a las drogas (608 millones de pesos entre el Consejo Nacional contra las Adicciones y los Centros de Integración Juvenil).
Sin embargo, las autoridades difieren sobre el destino específico que tendrán dichos recursos:


José Ángel Córdova Villalobos,
secretario de Salud, el 26 de julio

$749.8
TOTAL

436 millones
Construcción de unidades y subrogación de servicios

120
Acciones de prevención y detección de adicciones, y programa Limpiemos México

109
Fortalecimiento de la rectoría y desarrollo de sistemas de información

54.3
Detección oportuna y tratamiento breve

15.5
Acciones de capacitación y orientación

15
Edición de materiales de publicación


Carlos Rodríguez Ajenjo,
secretario técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, el 1 de agosto

$746
TOTAL

371 millones
Construcción de 230 centros de atención primaria a las adicciones

97
Articulación de una red de atención a las adicciones

64
Programas de prevención en escuelas y en grupos comunitarios

60
Programa Limpiemos México

49
Campañas de orientación

39
Financiamiento de la ENA 2007

32
Subsidios a los Centros Estatales contra las Adicciones

21
Detección oportuna y antidoping

13
Edición de materiales de publicación

Cifras en millones de pesos


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Las drogas acechan los centros de trabajo

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin


(05-Ago-2007).- Materialmente, Mauricio nunca careció de nada cuando era niño. Sin embargo, nunca sintió el apoyo de sus padres. Cuando tenía 15 años empezó a juntarse con chavos banda para no padecer la soledad. Fumaban mariguana y le dieron para probar."Me empezó a agradar", dice Mauricio, quien usó mariguana durante 7 años antes de pasar a la cocaína."Con los amigos que yo frecuentaba ya no era mariguana, sino que ya empezaban a agarrar la cocaína", cuenta el hombre de 30 años, quien prefiere no usar su verdadero nombre. Al principio se la regalaban, pero cuando se enganchó tuvo que buscarla en las "tiendas" donde venden grapas."Como trabajaba tenía recursos para comprarla", relata Mauricio, quien laboró en la planta Ford de Cuautitlán Izcalli por 12 años antes de ser despedido porque se drogaba desde el jueves de cada semana, día en el que cobraba. En su adicción llegó a gastarse los mil 300 pesos de su sueldo semanal en dos o tres días, y cuando ya no tenía dinero vendía su ropa y hasta sus zapatos para poder comprar una dosis.Como Mauricio, existen miles de trabajadores que sufren de dependencia a algún tipo de droga. De acuerdo con un estudio entre trabajadores de la industria textil, hotelera y del transporte, elaborado por la Confederación de Trabajadores de México en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría, 12 por ciento de las personas que tienen un empleo han consumido alguna sustancia por lo menos una vez en el último mes.Aunque hace ya varios años que algunas empresas y sindicatos han detectado el problema de adicciones entre sus empleados e intentan encontrarle soluciones, las respuestas del gobierno todavía son insuficientes. Un enfoque reducido Las dos encuestas nacionales de adicciones que se han levantado en México han demostrado que el consumo de drogas ha ido creciendo de manera significativa en los últimos 10 años, y ha identificado que el grupo con más consumidores es el de las personas con edad entre los 18 y 34 años. Sin embargo, el gobierno ha enfocado sus programas de prevención y tratamiento hacia los grupos más jóvenes.La mayoría de las campañas de prevención previstas por el gobierno se centran en los niños y adolescentes. Según Carlos Rodríguez Ajenjo, secretario técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, este enfoque se justifica porque el 75 por ciento de las personas que tienen una adicción comienzan antes de los 15 años."Por lógica, el grupo de más de 25 años, cuando ya tiene dependencia, lo que requiere ya no es prevención sino tratamiento", concluye Rodríguez Ajenjo.Sin embargo, la repartición de recursos federales para el tratamiento de adicciones también parece centrarse en los menores de 25 años. Según el Presupuesto de Egresos del 2007, el 65 por ciento del gasto programado para prevención y tratamiento -es decir 393 millones de pesos- se dirige a los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una asociación civil sin fines de lucro incorporada al sector salud como "parte operativa del gobierno" en cuanto a tratamiento de adicciones.Víctor Manuel Guisa, director del organismo, define así su misión: "Nuestra población objetivo son chicos, desde cualquier edad, y adultos también. Pero el 99 por ciento de los pacientes de los Centros de Integración Juvenil son jóvenes de entre 14 y 25 años".Guisa estima que es necesario reforzar más el enfoque hacia los adultos, sin olvidar a los jóvenes. Recuerda que a partir de los 45 años se pueden presentar problemas de uso y abuso de tranquilizantes, además de problemas con el alcohol o las drogas ilegales.También advierte que si no se resuelven los problemas de adicción entre adultos, pueden tener un impacto negativo sobre los más jóvenes."Existe un factor de riesgo importante en que papá o mamá usen desde drogas legales hasta tranquilizantes y todo. Porque el mensaje que les estamos dando es: si tienes una alegría, toma. Si tienes una tristeza, tómate una copita. Si no puedes dormir, tómate una pastilla. Siempre buscamos algo que nos ayude a estar menos mal o mejor y realmente no es tan necesario", añade. Limitantes de la Ley Federal del Trabajo Un indicio de la falta de atención al problema del consumo de drogas en el sector laboral es que el Instituto Mexicano del Seguro Social no cuenta con estadísticas sobre este tema. Esto se debe a ciertas limitaciones de la legislación laboral, estima Joel Ortega, coordinador de programas médicos en la División de Riesgos de Trabajo del IMSS.Según el artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo, cuando un trabajador se encuentra drogado y tiene un accidente no se considera como un accidente de trabajo, por lo que los trabajadores tienden a ocultar su problema de adicciones, explica Ortega.Además, el trabajador es propenso a esconder su enfermedad por temor al descrédito social y al despido. "Muchas empresas, al darse cuenta de que el trabajador está utilizando algún tipo de sustancia adictiva, simplemente lo liquida y busca a un trabajador que no tiene ese problema para evitarse problemas", afirma el funcionario.Aunque no existen estadísticas específicas por sector de actividad, es posible identificar algunos sectores más proclives a este fenómeno. En actividades que implican jornadas prolongadas o agobiantes, como las que tienen los camioneros, los choferes de transporte público, los pilotos o azafatas, se puede llegar a abusar de pastillas o metanfetaminas.En los sectores donde hay disponibilidad de sustancias y jornadas pesadas, también existen más riesgos de adicciones. En el sector salud, residentes y médicos pueden tener acceso y abusar de ciertas sustancias legales. En la industria del turismo prevalece el uso de cocaína. Y en industrias en las que se usan desengrasantes, aceites y lubricantes, pueden darse adicciones a thinner y otros disolventes.Finalmente, Joel Ortega señala que los trabajadores que experimentan un nivel de estrés muy importante podrían presentar altos niveles de adicción: policías, custodios, militares, marinos, trabajadores petroleros en plataformas, paracaidistas, buzos profesionales, entre otros.Frente a esta realidad, hasta ahora el IMSS no tiene programas específicos para prevenir y detectar adicciones en las empresas. Ortega explica que en algunas grandes empresas el organismo ha hecho campañas de prevención en salud con su capítulo de adicciones, pero admite la falta de programas en este ámbito.Si bien considera que las adicciones son un problema urgente, reconoce que hay otras prioridades en la política gubernamental de salud, y se invierte más en cosas más urgentes, como pueden ser cirugías, abasto de medicamentos y construcción de hospitales."Sin embargo, a más largo plazo siempre va a ser mucho más barato prevenir una adicción que tratarla", recalca el funcionario, "imagínese todo lo que se podrían ahorrar las instituciones de seguridad social si se previnieran todos estos accidentes (relacionados con adicciones). Imagínese lo que representan todas esas defunciones y esa tasa en pensiones". Algunos esfuerzos por parte de empresas y sindicatos "Las instituciones públicas no están preparadas para atender el tema de drogadicción". Así de categórico es el director de recursos humanos de una empresa mexicana transnacional que acudió al IMSS y al Consejo Nacional de Adicciones en busca de apoyo, y que no obtuvo respuesta.Para exportar sus productos a Estados Unidos, la empresa tiene que cumplir con una serie de normas impuestas por el país vecino, una de las cuales consiste en que la gente que tiene contacto con el producto exportado no sea adicta a ninguna droga. Por lo tanto, la empresa implementó una política de no consumo de drogas que los empleados deben firmar para entrar a trabajar y desde 1999 les aplica exámenes antidoping de manera aleatoria."En 2006, el incremento ha sido espectacular. En 2005, tuvimos 25 casos positivos. En 2006, se nos triplicó", explica el directivo que pide no identificar a su empresa, "no puedes estar aplicando exámenes y a los que salen positivos, los corres. Es una actitud mezquina".Por esa razón, la empresa buscó soluciones. Se asesoró con una consultoría especializada en adicciones y, en diciembre pasado, creó un programa en tres etapas. La primera es de prevención, mediante campañas enfocadas a toda la familia. El segundo paso consiste en la atención a crisis, con la implementación de un call center donde los empleados pueden llamar para pedir ayuda psicológica en caso de conflicto con un jefe, de acoso o de adicción. En un tercer momento, los empleados que reconozcan una adicción tendrán la posibilidad de pedir un permiso de dos semanas sin goce de sueldo para atender un programa de tratamiento, cuyo costo será cubierto en parte por la empresa.Los dos primeros pasos del programa tendrán un costo de 11 millones de pesos, además de 35 mil pesos por cada empleado tratado. Hasta ahora, cuatro empleados han entrado a tratamiento.Como ésta, son cada vez más las empresas preocupadas por el tema del consumo de drogas y adicciones; es por eso que la CTM decidió proponerle al IMSS desarrollar un Programa de Manejo y Prevención Integral de las Adicciones IMSS-CTM.Según Neftali Ortiz, coordinador general de la Secretaría de Bienestar Social y Ecología de la CTM, el programa debería iniciar con un plan piloto en 500 empresas para detectar adicciones y canalizar a las personas afectadas hacia programas de tratamiento y rehabilitación del IMSS.Desde hace tres años la CTM implementó un programa sin el IMSS en varias empresas, como Ford Motor Company y Bimbo.Es gracias a este programa que Mauricio, el ex-trabajador de la Ford, encontró ayuda.Armando Ramírez Félix, quien logró superar un problema de adicción al alcohol, es el encargado del programa por parte del sindicato en la planta de Cuautitlán Izcalli. Hace dos meses, recibió la visita del padre de Mauricio, quien buscaba un centro de tratamiento donde internar a su hijo por cuarta vez. Ramírez Félix buscó a Mauricio, quien acababa de ser despedido, y le ofreció escucharlo, además de ayudarlo a conseguir un empleo en una proveedora de Ford."Nunca expresaba lo que sentía", cuenta Mauricio, "hasta que Armando me mandó llamar y ya nos pusimos a platicar. Yo me confesé con él, como quien dice. Y solamente así he podido tranquilizar mi enfermedad"."Hasta la fecha, no me he drogado", concluye con una sonrisa.

Sobre las edecanes en el Congreso

Los legisladores las quieren guapas

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(29-Jul-2007).- No cualquiera puede ser edecán en la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Se tiene que ser mujer, joven, alta y bonita para servirle un café o pasarle un mensaje a un legislador.
A pesar de que en el pasado se ha discutido la necesidad de reformar el área de edecanía y abrirla a hombres -a raíz de algunos episodios polémicos-, ambas Cámaras siguen reservando este trabajo a mujeres de apariencia agradable y con vestimenta atractiva, aun cuando las tareas que realizan no justifican esas características.


Meseras de lujo

La subdirectora de Apoyos Materiales y Administrativos de la Cámara de Diputados, Marisela Llamas Trujillo, es la encargada de reclutar a las edecanes en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Se presenta como coordinadora de eventos de la Cámara ante las aspirantes a este cargo.
Según se pudo constatar en una entrevista laboral a una postulante, la "licenciada Llamas" considera que para obtener este trabajo el físico es importante.
"No creo que incumplas porque tienes altura", le explicó a la joven de 1.65 metros, "te calculo unos 25 años, entonces está la edad".
"Estás guapa", siguió Llamas, "entonces, ya ves que para edecán... bueno, un poco de conocimiento y actitud de servicio, que también esto se necesita. Y bueno, el físico también cuenta, ¿no?" Además mencionó que es necesario poder hablar algún idioma extranjero, haber acabado la preparatoria y realizado "algún estudio afín a turismo o administración, algo relacionado con servicio al público".
Llamas explicó a la joven que tendría que pasar a la Subdirección de Selección del área de Recursos Humanos de la Cámara para realizar una entrevista y un examen básico de conocimientos y aptitudes. Y además le dio algunos consejos para pasar esa prueba.
"La señorita te pregunta: '¿Eres soltera, casada, tienes hijos? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Por qué te gustaría trabajar en la Cámara?' Como para que de esta entrevista ellos saquen sus conclusiones, si tienes facilidad de palabra, si interactúas con los demás, o si tu vocabulario es amplio o reducido, o tienes aptitudes", indicó Llamas.
El trabajo se paga por honorarios, 10 mil 410 pesos al mes. Llamas explicó que las edecanes trabajan de ocho a ocho de lunes a viernes. Pero advirtió: "a veces las reuniones duran hasta las dos, tres, cuatro o cinco de la mañana y se tienen que quedar".
Cuando se quedan tarde, se les proporciona un apoyo para pagar un taxi. Y cuando trabajan un día entero, les proporcionan un vale de 50 pesos para ayuda de alimentos, expuso Llamas. "Y les dan uniformes", añadió.
La reclutadora explicó así las funciones que llevan a cabo las edecanes: "Las más de las veces, hacen de recepcionistas. Paradas en la puerta a (esperar) que lleguen las personas. Ya las pasan y les ponen botellitas de agua. Les preguntan: '¿Quiere tomar algo?' Pues, un café o algo, se lo llevan. Mandan un recadito. Si la mesa es muy grande y alguien va a tomar la palabra, pasarle el micrófono inalámbrico".


'Procuramos no hacer amistades'

El 3 de julio de 2007, la Cámara de Diputados vive una jornada propia del periodo de receso y sólo unos cuantos legisladores se pasean por los pasillos de San Lázaro. Pero las edecanes no descansan, ocupadas en atender a los invitados de los actos organizados por los diversos grupos parlamentarios y alguna que otra reunión de comisión.
Son las 16:30 horas. En el foro "Mecanismos de Defensa en Derechos Humanos en México", Catalina, Claudia y Sandra se turnan para cubrir el evento. Si bien las jóvenes auxiliares son altas (más de 1.60 metros), algunas de ellas rellenan generosamente su uniforme. Su traje sastre de pantalón negro no es muy entallado, el escote de su blusa no muy marcado y los tacones no siempre altos, como si las edecanes no quisieran llamar la atención.
Su actitud también es reservada. Guardan cierta distancia con los presentes cuando les sirven agua o cuando les alcanzan el micrófono. Y mientras esperan a que las llamen, paradas a la orilla del salón, visiblemente aburridas, nadie se detiene a mirarlas.
Ellas comentan que esta mesura no es producto de la casualidad.
"Procuramos no hacer amistades para que no se preste a malos entendidos", cuenta una de ellas, quien dice tener nueve años trabajando en la Cámara. "Desde que hubo un problema aquí, intentamos mantener la distancia", añade.


Escandalosos antecedentes

Desde que se creó el área de edecanes en la Cámara de Diputados, no han faltado escándalos de abusos sexuales y lenocinio relacionados con las bellas auxiliares. El más sonado se ventiló durante la LVII Legislatura. El 11 de noviembre de 1997, un grupo de ex edecanes de la Cámara de Diputados denunció el negocio de prostitución organizado por la coordinadora del área, Rebeca Montes de Oca, quien supuestamente ofrecía los servicios de las jóvenes a los diputados y directivos de la Cámara durante la LVI Legislatura.
La coordinadora, quien estaba en el puesto desde 1981, fue removida de su cargo y puesta a disposición del sindicato para su transferencia a otra área de la Cámara en espera de conocer el resultado de la investigación que inició la PGR con base en esta denuncia. Sin embargo, los resultados de la indagación relativa a la averiguación previa 143/DGM/98 nunca se conocieron.
Por su parte, la Junta de Coordinación Política de la Cámara encomendó al Comité de Administración que investigara los hechos. La diputada del PRD Angélica de la Peña, quien estuvo a cargo de la investigación, explica hoy, a casi 10 años de distancia, que no había ninguna constancia de que Montes de Oca hubiera regenteando a las edecanes para que éstas dieran servicios de tipo de sexual a los diputados.
Tampoco pudo comprobar si algunas edecanes se prostituyeron. "Si una chica tuvo una relación con un diputado y el diputado le pagó, eso nunca lo supimos", declara la ex diputada, "lo que nosotros encontramos es que ninguna chica fue obligada a andar con ningún diputado".
No obstante, De la Peña precisa que se recomendó a los diputados tener mucho cuidado con involucrarse con una edecán, o pasarse de listos. "Señalamos que era importante que en el Congreso no hubiera ningún señalamiento de hostigamiento a alguna de las trabajadoras, sean edecanes o no".
La ex diputada encontró "cierta irregularidad en la forma como estaba trabajando el servicio de edecanes", ya que Montes de Oca daba permiso a las auxiliares para salir temprano o llegar tarde.
En un informe confidencial que entregó a la Junta de Coordinación Política, De la Peña sugirió realizar un manual para formalizar la contratación y el trabajo de las edecanes. En éste, se aconsejaba que la Dirección de Recursos Materiales contratara ese servicio.
"Sugerimos que la Cámara no tuviera ese servicio como tal, sino que lo contratara con las compañías que se dedican a eso, de tal forma que hubiera un servicio mucho más profesional, en donde se resguardaran los derechos laborales de las personas que se dedican a ese tipo de trabajo", añade.
Finalmente, De la Peña recuerda que también se recomendó la apertura del área de edecanía a hombres.
De todas estas recomendaciones, la única que parece haberse tomado en cuenta es la de pasar el área bajo la Subdirección de Apoyos Materiales y Administrativos. En cambio, las edecanes siguen siendo exclusivamente mujeres. Siguen siendo pagadas por honorarios y contratadas directamente por la Cámara, y no mediante una agencia.
Interrogada al respecto, De la Peña explica que desconoce qué pasó con sus sugerencias. "Yo dejé el Comité de Administración cuando dejé la Cámara de Diputados. Ya no supe qué pasó en la LVIII Legislatura. Y en la LIX Legislatura, la verdad, no me interesó. No vi ningún problema. Todo era normal", concluye.


La mujer como objeto

La problemática de la mujer-objeto no es exclusiva del Congreso mexicano, aunque en otros ámbitos y en otras latitudes se han tomado medidas para cambiar ese estereotipo. Un ejemplo son las azafatas de las aerolíneas, que fueron un prototipo en la materia durante muchos años. Solían tener que cumplir con requisitos muy estrictos respecto a edad, altura y peso, pero conforme ha evolucionado la imagen de la mujer en el ámbito laboral y han aumentado los casos de juicios por discriminación, estos requisitos se han flexibilizado.
Sin embargo, éste no parece ser el caso del Congreso mexicano.
En 1992, la entonces coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, María de los Ángeles Moreno, buscó mejorar las condiciones laborales de las edecanes y abrió el área a hombres.
"Siempre he procurado que haya equidad en todas las relaciones humanas, reconociendo la desigualdad y la discriminación contra las mujeres en la cultura, en la que se le admiten al varón muchas cosas que pueden resultar excesivas respecto de mujeres, sobre todo cuando estiman que esas mujeres tienen un rango menor", expone la legisladora.
"Lo que yo buscaba era frenar eso y señalar que podían dar ese servicio por igual hombres o mujeres, que no tenía que ver con el servicio el que tuvieran una falda corta o que tuvieran una apariencia muy agradable".
También quería que estuvieran a salvo de "agresiones verbales o cuestiones que caen claramente fuera de su ámbito de actividad".
Pero la priista reconoce que ese intento falló y se volvieron a imponer criterios físicos de selección que operan en la actualidad.
"En general, se pide buena presentación y apariencia agradable, lo que ello signifique, y por el tipo de trabajo, por la atención personalizada que se presta, creo que no debiera de ser así. Debiera cambiar el criterio y ser por igual para hombres y para mujeres la posibilidad de dar un servicio", dice Moreno, quien fuera diputada entre 1991 y 1994, y senadora entre 1994 y 2000.
Hoy es nuevamente senadora, pero no ha promovido ningún cambio al área de edecanía de la Cámara alta y elude contestar preguntas sobre la situación actual de las auxiliares. Al contrario, se le liga con dos personajes que en la actualidad, y desde la primera vez que Moreno fue senadora, controlan el reclutamiento de edecanes para el Senado: Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios, y Cristina Gallardo, jefa de la Unidad de Atención a Senadores.
Gallardo es una experimentada funcionaria pública que fungió como coordinadora de Eventos Especiales de la Dirección General de Información y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República durante el sexenio de José López Portillo y trabaja en la Cámara alta por lo menos desde 1995.
Al pedirle su versión para este reportaje, declinó contestar preguntas argumentando que nunca da entrevistas.


Una jornada en Xicoténcatl

El 4 de julio del 2007, a las 11 horas con 51 minutos, apenas suena la campanita que da inicio a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso en el recinto del Senado y entran en escena cinco edecanes de apariencia inmaculada. Todas llevan zapatos de altos tacones y el mismo traje blanco y gris de rayas. Los pantalones son entallados, los ceñidos sacos se cierran con un único botón que resalta el busto de las auxiliares, cubierto con una blusa blanca ajustada y escotada, que en ocasiones deja ver su ombligo.
Las muchachas son jóvenes, altas, delgadas, de tez clara y de rasgos delicados. Su apariencia contrasta con la de los elementos de seguridad que resguardan el recinto.
La primera tarea de las auxiliares consiste en repartir sonrisas y saludar de beso a los legisladores varones. Por ejemplo, un sonriente Luis Enrique Benítez Ojeda, diputado priista por Durango, acerca su mejilla a la de una edecán para pedir su beso.
Una vez distribuidos los saludos, las hermosas mujeres se dedican a servir agua, refrescos y café, a solicitud expresa de los congresistas. Para eso, no es raro que tengan que inclinarse entre las curules, dejando a la vista parte de sus encantos.
Las edecanes siguen una rutina muy ordenada, bajo la atenta supervisión de Cristina Gallardo, veterana en cuestiones de protocolo: una mirada le basta para dar instrucciones a sus subalternas.
En caso de votación nominal, cuatro de ellas se posicionan en la parte baja del salón para pasar los micrófonos inalámbricos, mientras la última se queda atenta, dispuesta a atender las peticiones de los legisladores.
Cuando no hay votación la sesión transcurre con mayor tranquilidad. Las auxiliares se turnan para que siempre estén por lo menos dos de ellas en el recinto para lo que se les ofrezca a los legisladores: regalarles una bebida o pasar un recado. Se quedan paradas, con la espalda recta o ligeramente apoyada contra la pared, con las manos o los brazos cruzados, esperando la llamada de un parlamentario o que se acabe una intervención para reponer el vaso de agua cerca de la tribuna donde se suceden los oradores. Conforme va avanzando la sesión y el tedio crece, las muchachas relajan su postura y, en ocasiones, cuchichean entre sí.
Tras más de tres horas y media de sesión, el diputado perredista Andrés Lozano presenta un punto de acuerdo relativo al gasto en comunicación social del gobierno federal. Los congresistas se agitan al calor del debate, pero las edecanes no mueven una pestaña: si alguien sabe de gasto de imagen son ellas, pues buena parte de su sueldo lo gastan en maquillaje, fragancias y joyas.


¿Cuánto cuesta?

Las edecanes están consideradas dentro del presupuesto del Congreso.


El gasto ordinario

Cámara de Diputados:

· Edecanes: 18
· Gasto para cubrir su sueldo: 1 millón 641 mil 840 pesos. entre mayo de 2006 y septiembre de 2007.


Senado de la República:

· Edecanes: 7
· Gasto para cubrir su sueldo: La Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara alta se negó a dar a conocer este dato, argumentando: "son datos personales, cuya difusión es reservada, toda vez que podría afectar la privacidad y la seguridad de las personas".



Eventos extraordinarios

· 1o. de diciembre de 2000: Se contrató personal para el acto de transmisión del Poder Ejecutivo.
· 32 edecanes: 47 mil 840 pesos.
· 4 coordinadoras: 6 mil 900 pesos.
· 4 edecanes bilingües: 6 mil 900 pesos.
· Costo total: 61 mil 640 pesos.

· 1o. de diciembre de 2006: Se hizo una contratación similar, aunque la toma de protesta de Felipe Calderón como Presidente duró menos de 5 minutos.
· 40 edecanes: 57 mil 960 pesos.



Fotos polémicas

Cuando fueron captados así, los legisladores negaron actuar con alguna mala intención.


Octubre, 2005. Manuel Bartlett, senador.

Octubre, 2005. Diego Fernández de Cevallos, senador.

Mayo, 2007. José Murat, diputado federal.


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Glamour: una exclusiva del Congreso mexicano

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(29-Jul-2007).- En otros países, las personas encargadas de pasar mensajes a los legisladores en el salón de sesiones no tienen que cumplir requisitos de género, estatura o belleza. En algunos casos, se les exige cierto nivel de estudio o un examen de conocimientos.
En Estados Unidos, los auxiliares que pasan mensajes a los legisladores son jóvenes de 16 años mínimo que cursan el tercer año de secundaria. Los llamados pajes ("pages" en inglés) son seleccionados en función de sus calificaciones y tienen que ser recomendados por algún congresista. El primer paje de color fue contratado en 1965 y las primeras mujeres en 1973. Por su semana de 40 horas de trabajo en promedio, los pajes reciben una compensación de mil 500 dolares (16 mil 200 pesos) mensuales, de la cual se deducen los impuestos locales y federales, así como 400 dólares (4 mil 320 pesos) para su alojamiento y comida. Los pajes tienen que vestir un uniforme con corbata y se les exige mantener un corte de cabello conservador. Sin embargo, no se les selecciona por su físico.
Aun así, se han dado algunos escándalos sexuales relacionados con algunos jóvenes auxiliares. En 1983, dos parlamentarios fueron cuestionados por haber sostenido relaciones sexuales con jóvenes pajes de 17 años, uno hombre y otra mujer. En 2006, el congresista republicano Mark Foley fue denunciado por mandar correos y mensajes instantáneos con contenidos sexuales a varios ex pajes masculinos, y cuando fueron publicados renunció al cargo.
En Francia, los agentes que llevan a cabo funciones de acogida, vigilancia, seguridad y mensajería dentro de la Asamblea Nacional son funcionarios. Para obtener el puesto, tienen que presentar su documentación y tomar un examen de conocimiento de matemáticas, educación cívica, idioma extranjero, así como contestar una entrevista psicotécnica. Una vez contratados, si no presentan ninguna falta durante el primer año de trabajo, obtienen una plaza definitiva y pueden subir de nivel conforme pasa el tiempo. Los postulantes deben tener entre 25 y 40 años para aspirar a un puesto, pero el límite superior no aplica en el caso de madres solteras, viudas o divorciadas, por lo cual es posible encontrar a una mujer de más de 50 años asistiendo a un legislador francés. El salario promedio es de 1 mil 800 euros mensuales, es decir, poco más de 26 mil 400 pesos.
Ellos no sirven agua, refresco, café o galletas a los legisladores, excepto en el caso del presidente en turno de la Asamblea, ya que éste no se puede mover de su sitio durante la sesión. Los demás representantes tienen que desplazarse a una sala contigua cuando les da sed.
Los "huissiers" -como se conoce a los auxiliares en Francia- visten frac -sean hombres o mujeres-, conocen a detalle el protocolo y ejercen un cargo de gran prestigio social, pues se les considera los guardianes de la Asamblea y herederos de la tradición del parlamento.
Algo similar ocurre en España con los "ujieres" del Congreso de los Diputados y del Senado, que desarrollan funciones de control de acceso, distribución de documentos y asistencia en reuniones de los órganos de las Cámaras.
El Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales de España mantiene tradiciones que datan de 1810, cuando se instalaron las Cortes Constituyentes de Cádiz.
Obtienen su puesto por un concurso de oposición, que contiene preguntas sobre la Constitución española de 1978, la organización de las Cámaras, la administración parlamentaria, el gobierno, los estatutos de las comunidades autónomas y los partidos políticos. Si bien tradicionalmente los ujieres han sido hombres, en los últimos años han entrado cada vez más mujeres. Varones y mujeres llevan uniformes, y el de ellas tiene una falda que llega a la rodilla. El salario base para este puesto es de mil euros (cerca de 15 mil pesos) mensuales.
En Chile, los oficiales de sala ayudan a tomar la asistencia, pasan mensajes y recados y ofrecen vasos de agua a los diputados durante las sesiones de la Cámara de Diputados. Estos oficiales son funcionarios y obtienen el puesto mediante un concurso público. El estatuto que rige no contempla requisitos de género ni físicos.

Sobre el papel de los medios

...Y nunca pasa nada

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(15-Jul-2007).- Todos los estadounidenses de más de 50 años recuerdan el papel del diario The Washington Post en la renuncia del presidente republicano Richard Nixon, en 1974. Tras una rigurosa investigación, el diario reveló que el mandatario había enviado cinco hombres para espiar las oficinas del Partido Demócrata, provocando la caída del político.
El escándalo del Watergate marcó el principio de una nueva era. A partir de ahí, se consideró a los medios de comunicación como un cuarto poder, capaz de contrarrestar el peso de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
En México, existen miles de noticias estrepitosas que algún día salieron en los medios para luego desaparecer, reemplazadas por otro escándalo.
El asesinato de Enrique Salinas de Gortari, las acusaciones contra Arturo Montiel por enriquecimiento ilícito, la investigación de los hijos de Marta Sahagún por presunto tráfico de influencias o el caso del "góber precioso" Mario Marín son solamente algunos casos en los que la sociedad sigue teniendo más preguntas que respuestas. ¿A qué se debe este fenómeno de olvido colectivo?


Alzheimer cultural

Para el experto en medios de comunicación, Javier Esteinou, los mecanismos de conformación de la memoria social cambiaron desde hace 100 años. "Las generaciones anteriores, del principio del siglo XX, recordaban a partir de la memoria del grupo o de los ancianos.
"Hoy, por las complejidades de la sociedad moderna, la memoria se trasladó de los núcleos de los ancianos, de los jefes jerárquicos y de la comunidad, a las pantallas, los diarios, las industrias culturales", explica el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Los medios electrónicos de comunicación y la prensa en menor medida, producen lo que Esteinou llama "un Alzheimer cultural", que consiste en "olvidarse de lo más importante para siempre estar informados de lo efímero, lo superficial y lo coyuntural".
El psicólogo y especialista en ciencias de la comunicación Enrique Guinsberg va más allá. Según él, cuando surgieron los medios masivos se llegó a pensar que podrían ser una herramienta de construcción de una sociedad más culta y más ilustrada. Pero esto no ha sucedido.
"Los medios no cumplen el papel", sostiene, "los medios son instituciones comerciales e ideológicas. O sea, van a defender sus intereses: en primer lugar su propia existencia y sus propias ganancias".
El olvido de noticias existe en otras partes del mundo, estima por su parte el psicólogo social Pablo Fernández Christlieb. Sin embargo, "a lo mejor, lo que se da es un olvido de noticias puntuales, de datos o personas puntuales", considera el también profesor de la UNAM. "El caso Marín, el de la mujer de Zongolica o el de la corrupción que ahora no se habla tanto como el año pasado, no es que se olviden, sino que se disuelven en una misma corriente de pensamiento".
"Es como si esos casos fueran pescados que surgen y se vuelven a meter otra vez, pero la corriente de pensamiento se sigue manteniendo. Y en esos ejemplos, ¿cuál es el tema real de fondo? Puede ser el de la ética, de la moralidad, que son unos de los temas con los que tenemos un problema serio en este país. Y sea por una noticia o por otra, lo que tenemos los mexicanos en la cabeza en el fondo es la cuestión de la legitimidad, de la autoridad moral", explica Fernández Christlieb.


Rendición de cuentas

La diferencia entre México y el extranjero quizás esté en que, cuando un escándalo sale en los medios aquí, no siempre tiene consecuencias sobre sus protagonistas, mientras que en otras partes los responsables se ven obligados a rendir cuentas. "En otro país, una noticia como la del caso Marín implicaría la renuncia o el juicio inmediato", resume Fernández Christlieb.
En México, "los periódicos, efectivamente denuncian y con ciertas denuncias han logrado ciertas cosas", reconoce el psicólogo social. El problema surge cuando una noticia tiene que ser denuncia o escándalo para ser noticia.
"No nos olvidemos que un periódico sale una vez al día", explica a su vez Guinsberg. "Al día siguiente es viejo, salvo como recuerdo histórico. Tiene que llamar la atención constantemente".
Para lograr llamar la atención, es necesario proponer algo nuevo cada día, continúa Guinsberg. Si se sigue con la misma noticia demasiado tiempo, se produce un fenómeno de saturación: la gente se cansa y pierde interés.
En los medios, llamar la atención también pasa por el uso violento del lenguaje, sostiene Fernández Christlieb. Considera por ejemplo que existe un abuso de palabras cuando se usa el término "guerra sucia" para referirse a los ataques intercambiados por los candidatos a la presidencia en sus spots televisivos el año pasado.
"'Guerra sucia' es la que hacía el gobierno argentino o chileno contra sus disidentes y los mataba. Y ahora, 'guerra sucia' es cualquier guerra de 'slogans'. Si uno dijera 'hicieron trampa con los anuncios', no sería tan buena noticia como decir 'hay guerra sucia'", declara el profesor de la UNAM.
Fernández Christlieb considera que la sociedad se ha vuelto perezosa. "Irse con una pura noticia escandalosa siempre es más fácil que pensar el fondo de las cosas. En este sentido, tenemos el gobierno que nos merecemos", opina.


Credibilidad

Otra razón por la que los casos que salen en los medios casi nunca tienen una resolución judicial es porque en México hay una falta de credibilidad generalizada, estima Fernández Christlieb. Y toma un ejemplo: cuando uno escucha o lee la grabación de la conversación entre Mario Marín y Kamel Nacif, la primera pregunta que se hace es si son ciertas o si fueron editadas.
"En la discusión de si era cierta o no, la noticia desaparece", explica. "Si hubiera credibilidad inmediata, si uno considerara que lo que salga en una primera plana de periódico es verdad, entonces la reacción sería automática: es verdad, es castigable".
La falta de credibilidad no es exclusiva de los medios, reconoce el psicólogo social. "El problema de credibilidad es de los políticos, porque los medios son meros transmisores de declaraciones", comenta, "el cinismo de la política está creciendo en México. Nuestros grandes impresentables, con la mano en la cintura, pueden decir cosas vergonzosas. Por eso, no le creemos ya nada a nadie".


Despertadores de conciencia

Finalmente, la ausencia casi sistemática de consecuencias concretas de las denuncias que hacen los medios se debe al problema más amplio de la tradición de impunidad que prevalece en el país. "Acá se sabe claramente que hay infinidad de hechos de corrupción. Es costumbre", según Enrique Guinsberg, "si hubiese cumplimiento de normas, ¿habría algún ex Presidente, gobernador o diputado libre?".
Esteinou agrega que los medios no pueden fiscalizar a los políticos o a las instituciones por sí solos. Según el especialista, informar de un escándalo no es suficiente para mover toda la estructura de intereses e impunidades políticas que existen.
"La prensa tiene el papel central de hacer despertar la conciencia", sostiene. "Pero no nada más con despertar la conciencia se cambian las cosas. Después tiene que venir la organización, la presión y una propuesta alternativa de cambio frente a esta realidad. Es todo un proceso social que tiene que desencadenarse".
"Eso más bien les toca a los partidos políticos o a las organizaciones, pero la prensa está cumpliendo con su papel desde el momento en que va colocando las semillas para hacerle abrir los ojos y sensibilizar a la sociedad", concluye.




Expedientes: ni abiertos, ni cerrados

En los últimos cuatro años, México ha acumulado decenas de casos no resueltos por las autoridades judiciales. Algunos de ellos están en proceso y de cuando en cuando vuelven a acaparar la atención de la opinión pública. De otros dejó de hablarse, inexplicablemente.



Caso Bribiesca

Hoy se pasean por Guanajuato tan campantes como lo hacían durante el sexenio de Vicente Fox.
Manuel y Jorge Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, estuvieron en el ojo del huracán a partir de mayo del 2003, cuando la periodista argentina Olga Wornat reveló los abusos de la primera dama y sus vástagos. Tres comisiones legislativas han abordado el caso desde el 2005 y la Procuraduría General de la República inició una investigación en abril del 2006.
El tema provocó que Sahagún demandara por la vía civil a la periodista y a la revista Proceso, en un juicio que sigue pendiente de resolución.
Manuel Bribiesca ganó un juicio contra Wornat y la editorial que publicó su libro Crónicas Malditas, obligando a la autora a indemnizarlo y a la editorial a modificar un capítulo.
A pesar de que en campaña Felipe Calderón prometió que no habría impunidad en éste y otros escándalos de corrupción, hasta el momento el gobierno no ha intervenido para aclarar el caso.



Caso Laura Valdés

El 9 de junio del 2004, senadores del PRI acusaron a la directora de la Lotería Nacional, Laura Valdés, de cometer irregularidades en la conformación del Fideicomiso Transforma México y en el otorgamiento de donativos a instituciones de asistencia privada por parte del fideicomiso. La trama involucraba a la Fundación Vamos México, a Marta Sahagún, a una hermana de Valdés y a otros funcionarios del gobierno foxista.
La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación contra varios altos funcionarios de la Lotenal y en el 2005 confirmó la existencia de donativos no comprobados, adquisiciones a sobreprecios, además de irregularidades en la contratación y pago a algunos funcionarios.
El gobierno de Fox separó a Valdés del cargo en julio de 2004, pero nombró ahí a Tomás Ruiz, uno de los hombres de confianza de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien nunca ha negado su amistad con el matrimonio Fox-Sahagún.
Tres años después, la Función Pública no ha anunciado sanciones por el escándalo de la Lotería Nacional.



¿Quién mató a Enrique Salinas de Gortari?

Enrique Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, fue asesinado el 6 de diciembre del 2004, y su cuerpo fue hallado en un carro abandonado en el municipio de Huixquilucan, estado de México.
Alfonso Navarrete Prida, entonces procurador del gobierno mexiquense, dijo en varias ocasiones que iba a estremecer a la opinión pública cuando diera a conocer los resultados de sus investigaciones sobre el caso. Pero en enero de 2006 pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar a quién le tocaba resolver el asesinato, ya que ni la Procuraduría Estatal ni la PGR querían hacerse cargo del caso. Días después renunció a su cargo.
Resultado: a dos años y medio del homicidio la justicia no ha determinado quién asesinó y por qué al hermano del ex Presidente. La opinión pública sigue sin cimbrarse por las revelaciones de la autoridad.



Caso Arturo Montiel

Después de una serie de revelaciones hechas por Reforma sobre el enriquecimiento del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel, el 10 de octubre del 2005 el caso llegó a la televisión, donde se exhibieron documentos con las transacciones bancarias y compras inmobiliarias del entonces precandidato a la Presidencia de la República. Días después de la filtración, Montiel renunció a la precandidatura impulsada por el Tucom y dejó solos a Roberto Madrazo y Everardo Moreno en la contienda interna del PRI.
A 20 meses de la primera denuncia en contra de Montiel, la PGR no ha dado resultados de su indagatoria contra el ex gobernador mexiquense, quien sigue sin explicar cómo pudo adquirir bienes inmuebles por 86.8 millones de pesos a lo largo de su sexenio, durante el cual solamente cobró 11.7 millones. Tampoco se respondió a la demanda de algunos priistas contrarios a Madrazo, que exigieron saber quién y cómo filtró las pruebas de su enriquecimiento.



Caso Mario Marín

Las voces de Mario Marín y Kamel Nacif cimbraron a todo México el 14 de febrero de 2006.
En su diálogo, el empresario textilero llamaba "góber precioso" a Marín, y le agradecía el haber "puesto en su lugar" a la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, en el que se vincula a Nacif con el pederasta Jean Succar Kuri.
El lenguaje procaz de estos personajes provocó la indignación de gran parte de la sociedad mexicana y la condena pública del entonces candidato panista, Felipe Calderón, quien promovió una demanda de juicio político en su contra, en una acción con la que pretendía fortalecer su campaña proselitista.
De la condena pública se pasó a la denuncia en contra del "góber precioso". En junio de este año la Suprema Corte de Justicia conoció un proyecto de dictamen en el que se responsabiliza a Marín y otros funcionarios de haber manipulado la justicia para desquitarse de la periodista y proteger al empresario. Pero de último momento la Corte pidió tiempo para discutir y resolver el caso.
Marín sigue sin ser tocado y hasta se da el lujo de visitar al Presidente en Los Pinos... eso sí, sin recibir abrazo.



Conflicto Minero

El 19 de febrero de 2006 el país se conmovió por la muerte de 65 mineros en un accidente en la mina Pasta de Conchos. Dos días antes trascendió que la Secretaría del Trabajo había decidido destituir al dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, y reconocer en su lugar a Elías Morales.
Empezó así un largo conflicto en medio de acusaciones contra Morales de obtener la toma de nota con el apoyo del gobierno y firmas falsificadas, y contra Gómez Urrutia de desviar fondos de un fideicomiso de 55 millones de dólares destinado a la indemnización de trabajadores tras la privatización de la minas de Cananea a finales de los ochenta.
La PGR dictaminó que Morales usó firmas falsas y Gómez Urrutia, exiliado en Canadá, fue restituido; pero sigue sin resolver el supuesto desvío de fondos. Pese a la promesa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, de resolver el conflicto y deslindar responsabilidades en la tragedia de Pasta de Conchos, los sindicalistas siguen peleándose y aún no se castiga a nadie por el accidente en la mina.



Caso Raúl Martins

La versión mexicana de Sexo, mentiras y video llegó a Quintana Roo en enero de 2007, cuando un reportaje de Reforma reveló que Raúl Martins, ex espía argentino buscado en su país, era protegido por políticos y empresarios estatales para manejar centros de prostitución en Playa del Carmen y Cancún, fuera de la zona de tolerancia.
Pero Martins nunca dejó atrás sus actividades de espionaje: en sus centros nocturnos tenía cámaras escondidas que grababan a los clientes en situaciones comprometedoras supuestamente para extorsionarlos. El argentino, quien contrataba a bailarinas y prostitutas extranjeras en situación ilegal, también permanecía en el país con un estatus migratorio irregular presuntamente con el apoyo de funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
Dos meses después, las autoridades clausuraron algunos antros del ex espía, pero de su situación migratoria no se supo nada más. Y de sus posibles complicidades con el INM y otras autoridades, menos todavía.



Los extraditados

El presidente Felipe Calderón fue felicitado por extraditar a Estados Unidos a varios narcotraficantes el pasado 19 de enero. No era poca cosa, ya que entre ellos se encontraban algunos de los más buscados por la justicia del vecino país: Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo; Héctor El Güero Palma, del Cártel del Chapo Guzmán, e Ismael Higuera, lugarteniente de los hermanos Arellano Félix.
Sin embargo, dado que Estados Unidos había esperado el acontecimiento por tanto tiempo, algunos se preguntaron a qué se debía la prisa. A falta de explicación oficial, quedó la impresión de que el gobierno de Calderón quería deshacerse de la "papa caliente".
Los más sorprendidos fueron los propios encargados de la justicia estadounidense; prueba de ello es que los fiscales encargados tuvieron que aplazar los juicios para volver a localizar a los testigos interrogados a veces hace más de una década. Varias preguntas siguen sin ser respondidas: ¿Cuándo se empezará a procesar a los acusados?, ¿por qué decidió el Presidente hacer esto de manera súbita?, ¿cuál era el peligro de mantenerlos en cárceles mexicanas?



Fox, delincuente electoral

Apenas dos meses y medio después de dejar el cargo, el ex presidente Vicente Fox regresó a las portadas de los diarios, al confesar ante un auditorio de mil 500 personas que si bien perdió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, tuvo su desquite con la victoria de Felipe Calderón. "Entonces me retiré, pagué el costo político, pero 18 meses después (del desafuero) yo tuve la victoria. El día de la elección el candidato de mi partido ganó", dijo el ex Presidente.
Al considerar que con esta declaración Fox admitía su intromisión en la elección, legisladores del PRD presentaron una demanda por delito electoral. Cinco meses después de que Fox confesara su desquite, la PGR sigue sin dar respuesta a la querella perredista.



Los 205 millones de dólares incautados

¡Abracadabra! Mientras algunos multiplican los panes, la Policía Federal Preventiva tiene el poder de multiplicar los billetes. La PFP anunció el 15 de marzo el decomiso de más de 150 millones de dólares en una residencia de Las Lomas.Al día siguiente, la PGR precisó que el monto total era de 205 millones de dólares, 200 mil euros y 157 mil 500 pesos, pero una semana más tarde tuvo que hacer una nueva precisión, pues faltaban por contarse 17 millones de pesos.
El decomiso se realizó en el marco de una investigación sobre tráfico de seudoefedrina y lavado de dinero que llevó a la detención de siete personas, cómplices del prófugo mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon.
Durante tres meses el caso se apagó, hasta que otro escándalo lo llevó nuevamente a la palestra. Justo el 2 de julio, mientras el Presidente celebraba un año de la elección, se difundió una entrevista en la que Zhenli Ye Gon declaró que el dinero incautado era para la campaña de Calderón y su custodia le había sido encargada por "Javier Alarcón" bajo amenazas de muerte.
Un abogado del empresario reveló que el dinero se encontraba en un banco estadounidense y no en una bóveda del gobierno mexicano.
Han pasado dos semanas desde que Zhenli Ye Gon dio su versión, y hoy hay nuevas interrogantes: ¿Por qué está el dinero en EU?, ¿por qué se involucró a Lozano en este asunto?, ¿por qué hay contradicciones entre los abogados del chino?...



Las niñas violadas en Michoacán

En medio de los operativos antinarco implementados por el gobierno federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció el 15 de mayo que investigaba la presunta violación de cuatro mujeres menores de edad, así como presuntos actos de tortura, detenciones ilegales y desapariciones por elementos del Ejército en dos municipios michoacanos.
La indagación de la dependencia acreditó con evidencias científicas que, en dos de los casos, efectivamente hubo violación. Sin embargo, hasta la fecha, no se sabe ni siquiera si la Procuraduría General de Justicia Militar inició su propia investigación.



¿Quién mató a José Nemesio Lugo Félix?

El pasado 14 de mayo, José Nemesio Lugo Félix, coordinador general de Información del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, fue ultimado de nueve balazos cuando se dirigía a su oficina en Coyoacán.
A dos mes de su deceso, no parece haber pistas de quién mató al funcionario ni el móvil del homicidio. Quizá esa ejecución sea la más emblemática, pero como en ese caso, tampoco se ha detenido a los responsables de la mayoría de las más de mil 300 ejecuciones ocurridas en el país en lo que va del año.



Operadores de Calderón

El 22 de mayo pasado el dirigente del PAN, Manuel Espino, acusó al jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, de enviar operadores al proceso electoral de Yucatán, pero señaló que su principal pecado no fue intervenir en los comicios en calidad de funcionarios, sino hacerlo sin coordinarse con los operadores del partido.
Legisladores del PRD y del PRI sugirieron que la Fepade iniciara una investigación para desenmascarar a los operadores de Los Pinos.
Pero el tiempo transcurrió; el PAN reconoció su derrota, Espino fue llamado a cuentas y abucheado en una asamblea partidista por atacar a los hombres del Presidente. Incluso Calderón recibió en Los Pinos a la candidata priista Ivonne Ortega.
La oposición "olvidó" presentar una demanda formal y los presuntos operadores de Los Pinos quedaron francos para actuar en la próxima elección.

Con información de Jésica Zermeño y Lorena Rivas Correa.

Sobre la lucha contra el narcotráfico

Combate al narcotráfico

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(17-Jun-2007).- Los operativos contra el crimen organizado y el narcotráfico cumplieron ya medio año y no pasa un día sin que se reporte una ejecución, una emboscada, un "levantamiento" o un tiroteo, a veces a plena luz del día, en calles transitadas y hasta en hospitales. En este lapso, el número de ejecutados llega a mil 270.
Más de 20 mil miembros de la Procuraduría General de la República, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública participan hasta ahora en los seis operativos lanzados. El gobierno federal ya gastó más de 19 millones de pesos en viáticos de las elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva solamente para los operativos de Michoacán, Tijuana y del Triángulo Dorado.
Frente a este panorama, los especialistas Luis Astorga, Javier Oliva y Guillermo Zepeda hacen el balance del esfuerzo gubernamental contra el narcotráfico. Coinciden en que estos operativos eran necesarios para retomar territorios al crimen organizado y restablecer la autoridad del Estado. Reconocen la intervención del Ejército en el asunto, pero echan de menos la preparación y el fortalecimiento de los cuerpos policiacos así como el trabajo de inteligencia que soporte los operativos.
Asimismo, advierten falta de compromiso en la postura de Estados Unidos frente al combate que México está dando en la materia y descartan, al menos en el corto plazo, la legalización de las drogas como un recurso para atemperar el problema.



A seis meses de que empezaran los operativos para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, ¿cuál es su evaluación de éstos?


Luis Astorga: Primero habría que saber cuáles son los objetivos del gobierno. A juzgar por las declaraciones de los funcionarios, los objetivos parecerían ser recuperar territorio que ha estado controlado por algunas bandas de traficantes en distintas partes del país; recuperar la autoridad del Estado; inhibir las manifestaciones más extremas de la violencia. Y no es un objetivo el capturar líderes del tráfico de drogas, ni reducir el cultivo, el tráfico y el consumo -por lo menos no he escuchado declaraciones de funcionarios en ese sentido.
Es mucho lo que se ha dejado de hacer durante demasiado tiempo y las instituciones dedicadas a estos asuntos no han sido atendidas debidamente. Entonces la situación que va heredando cada uno de los presidentes es cada vez más complicada. Por lo tanto, el abanico de posibilidades -sin romper con la política sobre drogas vigente, que es esencialmente punitiva- se va reduciendo cada vez más. Las medidas tienden a ser más en función de la razón de Estado que en función del Estado de derecho. Las estrategias que se implementan son cada vez más desesperadas y muestran la escasez de opciones si no se rompe con el paradigma en que está basada la política sobre drogas.
La estrategia por la cual se optó tuvo en un principio un amplio consenso, no sólo en la sociedad, sino en las mismas fuerzas políticas porque ninguna de las fuerzas políticas tiene opciones distintas. Todas parten del mismo paradigma. Se llega a la Presidencia en la situación que conocemos con un margen de maniobra reducido y se empieza en el punto en el que todo mundo coincide, que es el de seguridad, para tratar de sumar voluntades en lugar de dividir. Además es un problema real, no es un problema inventado. No es una estrategia esencialmente mediática como algunos han dicho.
Ya que se optó por no romper con Estados Unidos porque es una de las opciones más difíciles, entonces se tiene que maniobrar dentro de una estrategia cuyo contenido es esencialmente punitivo. Para llevarla a cabo, las instituciones con las que cuenta el Estado mexicano no son infinitas. En el corto plazo, los grupos de la delincuencia organizada y particularmente del tráfico de drogas, todos los días, están haciendo negocio, ganando terreno y tratando de imponer sus reglas del juego donde operan. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Vemos que la estrategia no es deseable en términos de lo que las buenas conciencias quisieran, pero en términos de la política real, el haber logrado desde un inicio ese consenso -con ciertas críticas, que es muy sano que existan- ya es algo.


Javier Oliva: Habría que hacer el balance en tres ámbitos. Uno, el que tiene que ver estrictamente con los resultados materiales, es decir, incautación de drogas, destrucción de laboratorios y detención de delincuentes. La segunda variable para analizar es cuáles han sido las consecuencias de carácter jurídico: qué mecanismos se han creado o qué mecanismos son obsoletos a la luz de los acontecimientos. El tercer balance es la percepción de la opinión pública.
Respecto a los resultados materiales, no se han detenido jefes de bandas de narcotraficantes, como en la administración anterior. ¿Por qué? Porque el trabajo de hacerle frente al narcotráfico también es un asunto de trabajo selectivo de inteligencia. Se requiere todo un trabajo de seguimiento. No se conocen bien a bien las cifras del volumen de la droga incautada y destruida, pero lo cierto es que la actuación del Ejército mexicano ha propiciado una fragmentación de los grupos delictivos, lo que genera una mayor dispersión en los intereses. En cuanto al aspecto jurídico, tenemos el decreto del 9 de mayo y lo que anunció la Secretaría de Gobernación hace poco: la creación del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional, que será la autoridad responsable de enlace con otros países, según el documento dado a conocer. Y tercero, la percepción social en general ha sido de aceptación. Ha habido algunas voces que lo critican, pero es importante dejar en claro que no había otra opción: era el Ejército o era el Ejército.
Ahora, éste es el momento para la reforma judicial y penal que necesita México: la sociedad está sensibilizada, los medios de comunicación están al tanto, los partidos políticos y sus líderes parlamentarios saben que es necesaria. Quiero suponer que el presidente de la república tiene ese paso ya contemplado y que no vamos a tener a los soldados durante meses y meses en actividades que naturalmente no les corresponden. No había de otra, todos estamos de acuerdo. ¡Qué bueno que salieron! Fue una buena decisión del presidente Calderón. Pero, ¿qué sigue? Una reforma judicial, la aplicación de medidas que propicien un cuerpo policiaco especializado, la unificación de mandos policiacos, un código penal único a nivel nacional, homologación de penas y delitos.


Guillermo Zepeda: Ya se agotó la etapa mediática, a que lamentablemente habíamos llegado, de tener que dar el mensaje de que al otro lado había un Estado. Ya se superó esa etapa. Y lo que ya está echándose mucho de menos es inteligencia policial para dar golpes precisos que desarticulen la capacidad de operación y de violencia de los cárteles.
Queda claro que la función del Ejército no es sustituir a las policías municipales en patrullajes y en operativos ordinarios, sino que su papel debe ser actuar guiados por inteligencia policial para atacar a los directivos de los cárteles -no sólo los poseedores de droga, sino desarticular la capacidad de operación de los cárteles. Eso no ha sucedido. Al principio, lamentablemente, de alguna forma era aceptable decir que es un mensaje de que llegó un nuevo gobierno y hay un Estado, pero eso debió de haber durado una o dos semanas y después ya deberían de haberse dado los golpes más precisos de inteligencia policial que no se han dado.



¿Qué ha provocado una escalada de la violencia por parte de los cárteles involucrados?


Astorga: En primer lugar, los cárteles no existen. Existen bandas grandes, medianas, pequeñas, con mayor o menor fortaleza, algunas con más o menos organización, y algunas con características muy particulares. Es el caso de los tamaulipecos, que han iniciado el fenómeno del paramilitarismo en México, una variable que se ha convertido en una de las más problemáticas en cuanto al combate del Estado hacia estos grupos. Es otra de las paradojas de esta política sobre drogas: que el propio Estado, al mantener esta política basada en el paradigma punitivo, crea las condiciones de posibilidad para que se den estos fenómenos de paramilitarismo. Se empieza a poner a las Fuerzas Armadas a la cabeza de la lucha antidrogas y se entrena a grupos de elite en contrainsurgencia y para combatir el tráfico de drogas que eventualmente pasan a engrosar las filas de las organizaciones del tráfico de drogas. O sea, los traficantes no forman a sus sicarios especializados. Simple y sencillamente los cooptan.
El otro elemento es que las modificaciones en el campo de la política han tenido repercusiones cualitativas en el campo del tráfico de drogas. En el sistema de partido de Estado, el Estado contaba con instituciones que tenían atribuciones extralegales para atacar a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas. Y no sólo atacarlo sino protegerlo también. Entonces, el árbitro era el Estado. Desaparece el sistema de partido de Estado y desaparece el árbitro simultáneamente. Y desaparecen también las instituciones mediadoras político-policiacas con las que contaba ese sistema para controlar y proteger a los grupos delincuenciales. Y cuando entramos al sistema de competencia de partidos, se empieza a dar un fenómeno de desarticulación progresiva de los controles del Estado sobre sus propias instituciones coactivas. Y si el sistema empieza a perder el control sobre sus propias instituciones coactivas, que eran las mediadoras entre el campo del tráfico de drogas y el de la política, empieza a perder control de los grupos delincuenciales.


Oliva: Se han modificado desde hace tres años las formas de operación. Eso es lo que ha conducido a que haya más violencia. Antes era mejor arreglarte con un comandante de la Policía Judicial a nivel del estado y ahora es mejor con un policía de crucero municipal. Es más barato pero también es más débil la autoridad. Ésa es una parte.
La otra es la fragmentación de la representación política. El establecimiento de contactos con las autoridades locales provoca conflictos de intereses. Y una cosa que provoca muchísima violencia es que el 80 por ciento de la cocaína colombiana pasa por México. Y lo que más violencia genera es que vivimos junto al mercado consumidor más grande del mundo, que además da pie al trasiego de armas.


Zepeda: Mi percepción es que se están dando ajustes por el nuevo mercado de drogas que hay, sobre todo en Estados Unidos, donde hay un nuevo tipo de drogas sintéticas. También se está dando una lucha calle por calle de los mercados. Hay ciertos lugares como es Michoacán donde el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa están disputando la hegemonía en esas regiones. A diferencia de los años ochenta donde se ejecutaban entre sí los grandes capos, ahora son los pequeños distribuidores, a veces por deudas mínimas. Hay una descentralización de la violencia a niveles de ya casi pelearse los mercados calle por calle.



Según usted, ¿debe continuar el Ejército en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico?


Astorga: Depende desde qué angulo. Desde el punto de vista utópico, lo deseable sería que se retire el Ejército. Del lado del analista, dada la relación que tenemos con Estados Unidos -que considera que para combatir el tráfico de drogas, el papel de las Fuerzas Armadas es prioritario- objetivamente, no se puede hacer más.
Esta política de poner a los militares a la cabeza de la política antidrogas no es una invención colombiana, ni mexicana: es una invención de Washington. Ésa era la lógica de la Operación Cóndor en México en los años setenta; la Operación Fulminante en Colombia de 1978 a 1980; la Iniciativa Andina de finales de los ochenta dirigida a países como Colombia, Perú y Bolivia para el control de la cocaína; después el Plan Colombia; y los primeros intentos por colocar a las Fuerzas Armadas a la cabeza de la lucha antidrogas desde la segunda parte del sexenio de Zedillo, pasando por la administración Fox, con una presencia cada vez mayor de estas Fuerzas Armadas, el Plan México Seguro, hasta derivar en lo que hoy conocemos como los Operativos Conjuntos en distintas partes del país. Entonces, hay que entender que las decisiones de los presidentes no son decisiones propias, sino que vienen enmarcadas en un contexto internacional. En la misma medida en que los países de América Latina con mayor producción y tráfico han ido agotando sus instituciones civiles, la presencia de las Fuerzas Armadas ha ganado terreno. Y es la institución en la que, dadas estas condiciones de los países de América Latina, Estados Unidos ha tenido más confianza.
Las críticas más recientes que vienen desde la oposición política dicen que hay que retirar las fuerzas militares y dar más apoyo a la policía. Sí, pero ¿qué se hace mientras tanto? ¿Se queda uno con los brazos cruzados? Cuanto menos haces ahora, más se extiende el problema. El gobierno federal ya ha dicho que los operativos militares van a continuar. Ya vimos en la reunión de la Conago el apoyo de los gobernadores tanto a la política seguida por el presidente Calderón como a las actividades de las Fuerzas Armadas y sabemos que los gobernadores son de los distintos partidos políticos. Entonces la clase política que gobierna y una fracción de los representantes de esta misma clase política en el Congreso tienen posiciones distintas. Y quienes pueden modificar eventualmente el uso de las Fuerzas Armadas en este tipo de operativos son los que están en el Congreso. Pero no vemos que haya intención de hacerlo de parte de estas fracciones políticas que se han opuesto a la presencia de las Fuerzas Armadas.


Oliva: Claro. Por supuesto que sí, pero como lo venía haciendo antes, no en la medida en la que está involucrado en este momento. Es decir, esta salida de demostración de fuerza del Estado mexicano -no del gobierno mexicano, que hay una diferencia importante- fue necesaria y era indispensable. Sin embargo, el gobierno -no el Estado- debe retomar el control de la seguridad pública como una de sus finalidades primordiales.
Para que el narcotráfico no evolucione en un problema de seguridad nacional, hay que invertir en el campo, hay que invertir en el sistema educativo, que los jóvenes tengan acceso a la educación y a un empleo digno, bien remunerado y estable, porque los jóvenes se están dedicando a estas tareas porque no encuentran qué hacer en buena parte. O se drogan y esto ya sería más bien un tema de patología social. Es decir, ¿por qué se drogan los jóvenes? Porque no hay futuro. Peor que el problema del narcotráfico es la calidad del sistema educativo. Le hace más daño al futuro del país el sistema educativo que el narcotráfico, porque finalmente los jóvenes que andan en las redes del narcotráfico como operadores, distribuidores y consumidores es por falta de opciones.


Zepeda: Al principio, se empezó a utilizar el Ejército solamente para los operativos de quema de enervantes y ahora ya está inmerso en la parte de diseño de toda la política antidrogas. No estaría a favor de que se militarice el combate a las drogas porque por lo que se está utilizando el Ejército es por las cualidades que tiene el Ejército, que no tienen nuestras policías: un mayor grado de solvencia institucional, de menor corrupción. No está penetrado por el crimen organizado, pero lo riesgoso es que se está poniendo en una situación de vulnerabilidad al Ejército, desnaturalizando sus labores en tiempos de paz, según nuestra Constitución. Lo que se debería hacer es una policía profesional, especializada que actúe en esos ámbitos y de pronto dejar a las Fuerzas Armadas actuar pero como apoyo en operativos logísticos. Estamos corriendo altos riesgos en inmiscuir al Ejército en la parte de política criminal contra el narcotráfico.



¿Qué opina de la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal por el presidente de la República?


Astorga: Parecería que la creación de este grupo responde a un aparente desacuerdo entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. Parece que no se logró la fusión de la Agencia Federal de Investigación con la Policía Federal Preventiva para conformar el Cuerpo de Policía Federal bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo que se creó ya no fue un Cuerpo Federal de Policía, sino una instancia de coordinación entre la AFI y la PFP, y quien estará a la cabeza de esta instancia de coordinación será nombrado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Si no se logró esta fusión, probablemente fue porque PGR y SSP no se pusieron de acuerdo. Quizás PGR no quiso soltar a su policía, la AFI, que es un cuerpo de policía civil creado en la administración Fox para, en el momento en el que se desaparece formalmente la Policía Judicial federal, tener un cuerpo mucho más profesionalizado y con menos corrupción. Probablemente por eso el Presidente crea este grupo especializado de militares.
Quizás la intención podría ser que se retiren paulatinamente las Fuerzas Armadas tal y como están desplegadas actualmente en los operativos conjuntos y se concentre la acción del gobierno federal en el uso de este grupo especial de militares, que pasaría bajo la dirección del Presidente y que, como lo establece el decreto, se use a petición de las autoridades civiles para apoyarles en lo que consideren necesario en asuntos de delincuencia organizada. Y el punto de discusión en el que la oposición política saltó -y creo que con justa razón- es que se puede utilizar también para disturbios sociales. Ahí, les corresponde a las fuerzas políticas establecer los candados para que este grupo no se convierta en lo que fue la Dirección Federal de Seguridad en la época del sistema de partido de Estado: era la policía política del Presidente y del régimen y tenía atribuciones extralegales.


Oliva: Más que el cuerpo en sí mismo, lo importante es que este decreto le da al Presidente piso jurídico para sus acciones. Y algo todavía más importante: él se responsabiliza de la situación, a diferencia de lo que ocurrió con la creación de la fiscalía cuando los militares no estaban muy seguros de obedecer al mando civil porque después los iba a dejar al garete. En cambio, ahora tenemos una norma jurídica en la que no van a quedar a expensas de futuros gobiernos que de repente los señalen por exceso en cumplimiento del deber.


Zepeda: El decreto del 9 de mayo busca crear un grupo de elite para contrarrestar el narcotráfico a nivel más sofisticado. Y consiste en la militarización de las fuerzas de ataque al crimen organizado basándose en la capacitación que tienen estos elementos en vez de mejorar a la policía o crear un grupo especializado de la policía, quizás como ocurrió con la Policía Federal Preventiva, con elementos prestados del Ejército pero ya fuera de las líneas de mando del Ejército. El Presidente ha optado por la línea militar. Y es una respuesta ante los grupos de elite del crimen organizado, Los Zetas y esos grupos criminales más sofisticados, que muchos de ellos se nos fueron de otras fuerzas especiales del Ejército como los Grupos de Fuerzas Especiales del Ejército. El reto es que sería deseable, en primer lugar que este nuevo grupo no fuera dependiente del Ejército. Hubiera sido mejor fortalecer en el ámbito policiaco-civil. Y en segundo lugar, mantenerlo hermético a la capacidad de corrupción y de violencia del crimen organizado.



Según usted, ¿la estrategia del presidente de la República es la adecuada?


Astorga: Lo deseable para mí sería una ruptura del paradigma en el que está sostenida la política sobre drogas actual. Pero hay que aclarar que no es la política sobre drogas del presidente Calderón. Es la política sobre drogas vigente en la mayor parte del planeta. Todos los países signatarios de Naciones de Unidas hacen lo mismo. Algunos serán más ortodoxos que otros. México encaja dentro de éstos. Y esa ortodoxia no le viene necesariamente por la voluntad de los distintos presidentes que hemos tenido, sino por una situación de política real de ser vecinos de quien sostiene este paradigma con mayor fuerza y es la principal potencia mundial, que es Estados Unidos. Francamente no hay mucho para moverse en ese terreno.

Oliva: Hasta este momento es la adecuada. Falta saber cuál es el siguiente paso. Supondría que va a haber un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión donde se va a discutir su iniciativa de fondo que el país requiere. Tenemos un sistema judicial anacrónico, entonces ésta es la gran oportunidad para poder discutirlo.


Zepeda: Le falta mucha inteligencia policial. Están los estados reclamando operativos, pero con esos operativos, entienden sustituir a las autoridades locales en sus actividades ordinarias como es patrullar las calles, atender algunos reportes o denuncias que se den. La labor que debe tener el gobierno federal es mandar un mensaje de presencia, pero sobre todo ir precedidos de una intensa labor de inteligencia policial para dar golpes más precisos al crimen organizado.



¿Qué ha faltado o fallado en esta estrategia?


Astorga: Una de las cosas que parecen haber fallado es el trabajo de inteligencia, porque éste permite tener más probabilidades de éxito en los objetivos que se plantean. Si es reducir los índices de violencia, hay que detectar cuáles son los grupos y en qué partes del país están mostrando mayor belicosidad; identificarlos y realizar operativos mucho más puntuales, no realizar operativos al contragolpe. Porque allí, la iniciativa está viniendo de los agresores, no del Estado. Cuando observemos lo contrario, estaremos viendo que este trabajo de inteligencia que normalmente debería existir está teniendo resultados.


Oliva: Ha faltado discreción en las operaciones. Se anuncian con mucha anticipación y hay que hacerlo con sigilo. También le ha faltado un posicionamiento más consistente vía la comunicación oficial, en donde la ciudadanía, los medios de comunicación, la opinión pública nos enteremos de una postura oficial al respecto. Da la impresión de que no hay una política de comunicación, al menos en este punto. Y tercero, la convocatoria que ha hecho el presidente de la República de que él no puede solo, le ha faltado fuerza a ese pronunciamiento.
Necesitaría más contundencia para involucrar a la sociedad, principalmente padres de familia y maestros, como sus aliados fundamentales en esta lucha para evitar las adicciones porque es una patología socia. No es un asunto sólo de seguridad pública, sino que es un asunto que tiene que ver con el tejido social.
¿Qué más falta? Una ley de Defensa Nacional en México que estipule claramente cuándo la autoridad civil puede hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas que lo competan y cuándo hay que movilizar. Porque si no, quedan al arbitrio de la autoridad civil en turno.


Zepeda: No ha sido suficiente la información o la inteligencia policial que se ha hecho porque se dice que hay tal cártel o tal otro, cómo operan y las razones por las cuales hay conflictos en estas zonas del país, pero no hay información suficiente o no han sido capaces de operar acertadamente para detener a los líderes de los cárteles y sobre todo a los sicarios. Se han dado algunos golpes, que son avances, pero todavía están desafiantes los cárteles. A pesar de la presencia de autoridades federales y de efectivos del Ejército, sigue habiendo ejecuciones. Entonces, es bueno que se haya detenido a un par de grupos numerosos de sicarios pero aún se sigue viendo que el crimen organizado tiene mucha capacidad de violencia.



¿La falta de inteligencia policial se debe a una falta de capacidad o a un enfoque inadecuado?


Zepeda: Las políticas de inteligencia por su naturaleza son muy difíciles de evaluar porque uno no sabe exactamente, hasta que se vean los efectos, lo que no pudieron anticipar. Pero a lo mejor hay cosas que sí han podido anticipar y no nos hemos enterado porque han sido exitosas. Nomás nos enteramos cuando fracasan las políticas inteligencia. En la actualidad, el mejor arsenal que tiene la inteligencia policial mexicana está en la toma de decisiones. El secretario de Seguridad Pública estuvo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y muchos mandos que estuvieron en el Cisen están ahora en la toma de decisiones. Quiero pensar que lo mejor de la política de inteligencia policial está en lugares donde puede tomar decisiones. Y si no hay resultados, entonces, a lo mejor tendríamos que admitir que es insuficiente la capacidad instalada de la inteligencia policial, que no da para combatir eficazmente al crimen organizado.



¿Cómo califica la postura de Estados Unidos ante el gobierno mexicano en el combate al narcotráfico?


Astorga: Estados Unidos está contento con estas medidas, así lo han expresado altos funcionarios del Departamento de Estado y de la DEA. México ha dicho que no es suficiente el tipo de apoyos que recibe de Estados Unidos para el tamaño del reto en el que se ha metido esta administración. Y tiene razón.
Lo que se ha expresado por gente del Departamento de Estado y por el propio embajador de México en Estados Unidos es que aparentemente existen ya unas negociaciones o quizás un plan llave en mano, diseñado por Estados Unidos, que se ha denominado de manera informal Plan México, recordando el Plan Colombia. Se han adelantado para decir que no tendría el componente militar del Plan Colombia, lo cual es un buen signo. También se ha hablado de que no sería únicamente un Plan México, sino una especie de iniciativa para México y América Central que recordaría a la Iniciativa Andina de Bush padre. Pero no sabemos todavía en qué va a consistir. Entonces, no podemos decir qué tan positivo o negativo podría ser para México.
Lo que hay que tener siempre presente es que seguimos en el mismo esquema esencialmente punitivo. Dentro de ese esquema, hay que ver cómo se va a plantear esta siguiente fase de lo que ya ha puesto en práctica esta administración.

Oliva: Falta mucho compromiso. Quiero que me expliquen cómo pueden instalar un sistema antimisiles en Polonia y en la República Checa para detectar los posibles ataques misilísticos de Corea del Norte y no puedan detectar toneladas y toneladas de drogas que pasan diariamente por sus fronteras y llegan a Chicago, San Francisco, Nueva York, Atlanta. ¿Cómo le hacen? Y todavía falta compromiso -sé que es un tema muy sensible para los estadounidenses- en el control de las armas.



¿Cómo están apoyando al gobierno mexicano en el trasiego de armas que pasan por su frontera hacia los grupos delictivos?


Zepeda: Estados Unidos ha participado evaluando las políticas iniciales del gobierno de Felipe Calderón. Su postura me parece hasta el momento adecuada, aunque sería muy conveniente fortalecer el combate a la pequeña distribución y al consumo en Estados Unidos. Dicen que México es trampolín, pero si no hubiera alberca, no habría trampolín.



¿Podría la legalización de la droga ser una salida al problema del narcotráfico?

Astorga: No está prohibido soñar, pero esa opción no es viable en el corto ni en el mediano plazo. Más bien se debería pensar en lo que sí se puede hacer.


Oliva: Por supuesto que sí. Pero México solo, ¿cómo? Se necesitan acuerdos internacionales. Pero sí, es importante comenzar a plantearse el tema.


Zepeda: No porque es utópico. Como está la situación actual, tendría que ser una medida regional, hemisférica, incluyendo a Estados Unidos. Y dentro de las alternativas de política pública disponibles, la legalización no es una de las viables. No la consideraría porque no es viable. Lo más que se ha logrado es en Holanda y ha tenido muchos problemas. Solamente han podido legalizar cierto tipo de drogas en ciertas zonas pero hay gran presión si los países vecinos no participan de estas cuestiones. Han tenido que restringir cada vez más las políticas iniciales que se dieron. En el hemisferio, ahorita no hay las condiciones para hacerlo. Como país, tendríamos que tener mucho desarrollo de las instituciones de salud también para aprehender las adicciones.



¿Considera que el enfoque casi exclusivo que el presidente Calderón ha puesto en el combate al narcotráfico es conveniente o justificado?


Astorga: Sí, es justificado. Si la coincidencia de la sociedad mexicana es que el trafico de drogas es el problema número uno, es por algo. También es verdad que no es el único problema. Pero si se logra reducir el problema del tráfico de drogas, es posible que otros problemas sean abordados con mayor tranquilidad.


Oliva: Es justificado como primera salida, pero se necesitan pasos secuenciales. Recordemos que hacia finales del gobierno del presidente Vicente Fox, el Congreso de la Unión aprobó la portación de dosis de drogas para consumo personal. Y fueron las presiones estadounidenses las que lo obligaron a vetar esta determinación. Entonces, México ha dado pasos importantes en esta materia y el presidente Calderón debe tomar estos antecedentes como un referente de que no se está iniciando de cero, sino que hay elementos que pueden permitir fortalecer el nivel de la salud pública.


Zepeda: En las campañas, el tema de la seguridad fue predominante en el país. El problema es que lo que es seguridad y justicia penal se lo ha comido el tema de seguridad. Las reformas que se proponen a nivel constitucional por parte de Calderón van enfocadas a la seguridad, no a tener una mejor justicia penal. Y dentro del tema de la seguridad pública, el narcotráfico ha desplazado a otras modalidades de conductas delictivas. Entonces, se ha justificado por la demanda ciudadana y porque también la ciudadanía ha demandado alguna presencia del Estado ante la espiral de violencia e impunidad que se ha registrado en Michoacán, en Guerrero, y en otras entidades. El gobierno ha tenido que apostar la mayoría de sus políticas en ese ámbito. Es políticamente justificado.



Conózcalo

Nombre: Luis Astorga

Experiencia: Investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es titular de la Cátedra UNESCO "Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas". Es doctor en Sociología de Desarrollo por la Universidad de La Sorbona, París I. Es autor de varios libros sobre el tema.

La estrategia no es deseable en términos de lo que las buenas conciencias quisieran, pero en términos de la política real, el haber logrado desde un inicio ese consenso -con ciertas críticas, que es muy sano que existan- ya es algo.



Conózcalo

Nombre: Javier Oliva

Experiencia: Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinador del diplomado de Seguridad Nacional de la misma facultad. Actualmente, es secretario de Relaciones Académicas del CEN del PRI. También fungió como secretario particular de Roberto Madrazo, representante del PRI ante el IFE y candidato a la presidencia del CEN en febrero pasado.

El presidente de la República se responsabiliza de la situación, a diferencia de lo que ocurrió con la creación de la fiscalía cuando los militares no estaban muy seguros de obedecer al mando civil porque después los iba a dejar al garete.



Conózcalo

Nombre: Guillermo Zepeda

Experiencia: Investigador asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, donde coordina el proyecto "Seguridad Ciudadana y Justicia Penal en México", así como la Red de Investigaciones sobre Reforma Penal Comparada. Se ha especializado en los temas de desarrollo institucional, reforma judicial, seguridad ciudadana y justicia penal. Obtuvo el Premio Nacional de Derecho y Economía en 1999.

Se han dado algunos golpes, que son avances, pero todavía están desafiantes los cárteles. A pesar de la presencia de autoridades federales y de efectivos del Ejército, sigue habiendo ejecuciones.


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Combate al narco: números y episodios

En el semestre transcurrido del 11 de diciembre 2006 al 11 de junio 2007, cada mes -por no decir cada día-, ha arrojado episodios y números impresionantes. El recuento de ejecuciones es semanal.

Información: Laurence Pantin y Centro de Información de REFORMA. Infografía: Julio López.

Ejecuciones registradas durante el lapso señalado.

1,270 ejecuciones

87 mujeres
1,143 hombres
40 no identificados
1,083 civiles
19 militares
168 policías

Ejecuciones peculiares:

134 torturados
13 decapitados
53 con mensaje


Elementos oficiales participantes en los operativos:

Secretaría de Defensa Nacional
14,800
Infantería de Marina
2,000
PGR
250
PFP y AFI
1,500
Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal
900
Elementos mandados a Veracruz (No se cuenta con la información sobre las dependencias a las cuales pertenecen estos elementos)
1,200
Total
20,650

Fuentes: Presidencia de la República y Sedena, vía acceso a la información. En el caso del Operativo Veracruz: Secretaría de Gobierno del estado.



Sólo cinco entidades se salvan

Ejecuciones por estado

De 1 a 20

Tlaxcala
1
Puebla
1
Querétaro
2
Nayarit
2
Zacatecas
4
Hidalgo
6
Aguascalientes
10
Chiapas
10
Oaxaca
13
Morelos
14
Tabasco
15
Coahuila
16
Quintana Roo
17
Guanajuato
18


De 21 a 50

Jalisco
30
Veracruz
37
Tamaulipas
50


De 51 a 100

Edomex
53
Chihuahua
59
Baja California
66
Durango
77
Nuevo León
79
Distrito Federal
83
Sonora
92


Más de 100

Guerrero
155
Michoacán
169
Sinaloa
191



Diciembre 2006

11

Operativo Michoacán

Participan más de 6 mil 700 elementos de la PGR, Sedena, Semar y SSP. El objetivo es aprehender a 300 miembros de las bandas "Los Valencia", “Los Zetas” y “La Familia”. Se reportan 150 detenidos.



Enero 2007


2

Operativo Tijuana

A fin de restablecer las condiciones mínimas de orden y autoridad, se traslada a más de 3 mil 300 elementos del Ejército, Marina, PFP, AFI y Ministerios Públicos federales. Detienen a 32 personas, tres de ellas extranjeras.


7

Operativo Triángulo Dorado

Participan cerca de 4 mil elementos federales en dicha operación, también conocida como "Sierra Madre". Se detiene a 107 personas, entre ellos un extranjero.


14

Operativo Guerrero

Con apoyo en 2 mil elementos federales, se busca aprehender a 500 delincuentes ligados al narcotráfico. La plaza de Guerrero es disputada por los cárteles del Golfo y Sinaloa. Se informa de la detención de 106 personas.


19

Extradiciones

El gobierno extradita a Estados Unidos a 11 narcotraficantes y cuatro delincuentes acusados por homicidio, trata de personas y asalto sexual. Entre los narcotraficantes figuran: Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo; Héctor “El Güero” Palma, Miguel Ángel Arriola y Saúl Saucedo Chaides del Cártel del “Chapo” Guzmán; los hermanos Gilberto e Ismael Higuera Guerrero, así como José Alberto Márquez Esqueda o Francisco Javier Moreno Molinas del Cártel de los Arellano Félix; Gilberto “El Güero Gil” Garza del Cártel de Juárez; Gracielo Gardea Carrasco del Cártel “Los Tres de la Sierra”; y los hermanos Efraín y Alicia González Cisneros.



Febrero


18

Operativo Nvo. León-Tamaulipas

Tres mil 600 elementos federales. Se pretende la captura de miembros del Cártel del Golfo y de su grupo de sicarios “Los Zetas”. Se aprehende a 188 nacionales y siete extranjeros.



Marzo

15

Decomiso millonario

La Policía Federal decomisa 205.6 millones de dólares en una residencia de las Lomas de Chapultepec en el Distrito Federal y detiene a una pareja de origen chino, vinculados con un caso de tráfico de seudoefedrina y lavado de dinero.


Abril


18

Tiroteo en un hospital

Una veintena de sicarios asalta el área de urgencias del Hospital General de Tijuana para rescatar a un compañero herido y matan a dos policías estatales. Cuatro horas después son detenidos por 400 elementos del Ejército y policías federales, estatales y municipales.


Mayo


1

Emboscan a soldados

Cinco militares son asesinados y tres heridos en Carácuaro, Michoacán. Los soldados son atacados a tiros y con granadas de mano por 14 delincuentes, al dirigirse a atender una denuncia de presencia de traficantes en el municipio. También murió un sicario en el enfrentamiento que duró media hora.


9

Fuerzas de Apoyo Federal

El presidente Felipe Calderón decreta la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, un agrupamiento militar, bajo el mando presidencial, destinado a apoyar a las autoridades civiles en tareas de restauración del orden y seguridad pública, el combate a la delincuencia organizada o de actos que atenten contra la seguridad de la nación.


11

Operativo Veracruz

Con mil 200 elementos federales, se atiende a la petición del gobernador Fidel Herrera. El envío de tropas se da horas después de la ejecución de la escolta que acompañaba en sus vacaciones a los hijos del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.


14

Ejecutan a mando policiaco

José Nemesio Lugo Félix, responsable del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, es ejecutado por dos sicarios, cerca de su oficina en Coyoacán, en el DF.


16

Terror en Cananea

Un grupo armado “levanta” a siete policías municipales y cuatro civiles. Ejecuta a cinco de los policías. El hecho desata un enfrentamiento entre la policía estatal con apoyo del Ejército y los sicarios. El saldo: 15 sicarios y dos civiles muertos. Dos días después, Cananea sufre de histeria colectiva a raíz de un anónimo que alerta de la llegada de un nuevo grupo de sicarios del Cártel del Golfo. Sin embargo, aquello queda en un rumor.



Junio


1

Soldados matan a civiles

Esa noche, en un presunto retén militar instalado en La Joya de los Martínez, Sinaloa, soldados matan a dos mujeres y tres niños, dejando heridas a tres personas más. El 11 de junio, un juez militar declara auto de formal prisión contra 19 militares supuestamente involucrados.


4

Matan a dos en funeraria

Esa madrugada, en el estacionamiento de la funeraria Gayosso, donde era velado un menor, varios sujetos ejecutan a Jorge Murillo Rendón y Abel Mario García Ayón. Al día siguiente, la Procuraduría capitalina informa que el menor era nieto del narcotraficante preso Miguel Ángel Félix Gallardo.