Desaparecidos: un fracaso del Estado
Publicado en Enfoque - Reforma
Por Laurence Pantin
(14-Oct-2007).-
Los jueces en la oficina
ordenan todo lo que quieren,
quitándole el pan al pueblo
y hasta la vida si pueden.
Madre mía de Guadalupe,
échame tu bendición,
que ya mi madre me dijo
que de Dios vendrá el perdón.
Seguirá la lucha del pueblo.
Nos vemos en el Panteón.
Cuando Rosendo Radilla compuso este corrido, estaba, sin saberlo, describiendo lo que sería su destino. Con la diferencia de que sus familiares no pueden visitar su sepultura, ya que Rosendo fue una de las 470 personas que desaparecieron a manos del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en los años setenta, cuyos restos nunca fueron encontrados.
La grabación de éste y otros corridos, así como unas cuantas fotos y documentos oficiales, son los únicos vestigios de él que tienen sus hijos.
Precisamente estos corridos, que glorifican la lucha contra los caciques y por una mayor igualdad encabezada por los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, fueron la razón por la que fue detenido el 25 de agosto de 1974.
Más de 30 años después de la detención de su padre, los hijos de Rosendo siguen esperando que el Estado mexicano cumpla con su obligación de identificar su paradero y castigar a los responsables de su desaparición.
A pesar de la esperanza que depositaron en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado cuando ésta se creó en 2001, hoy consideran que esa dependencia nunca tuvo la intención de investigar su denuncia.
Padre de familia y líder de la comunidad
Pese a que Rosendo contaba con buenos ingresos por el negocio de ganadería que había heredado de su abuelo, siempre se interesó por la suerte de los menos favorecidos. "Si él tenía más posibilidades, ¿por qué no ayudar a los que menos tenían?", dice su hija Andrea Radilla acerca de la filosofía de su padre.
Seguramente influyó en sus ideales el haber tenido como pariente al agrarista Feliciano Radilla, quien organizó 36 ejidos en Atoyac y ayudó a crear una cooperativa de producción en los años veinte. "Siento que de allí parte también su idea de buscar una relación más justa", estima Andrea, "incluso, me contaba una tía que cuando tenía 11 años él le llevaba comida a Pablo Cabañas, que andaba en la Revolución Mexicana. Entonces, tuvo contacto con esta gente que decía que luchaba por una vida mejor".
Mientras que otros líderes de Atoyac como Genaro Vázquez o Lucio Cabañas tomaron las armas para defender sus ideas, Rosendo optó por la vía pacífica. Participó activamente en su comunidad y, en los años cincuenta, fue designado presidente municipal. Dedicó mucho tiempo, esfuerzo e incluso recursos personales a mejorar la infraestructura de su comunidad, logrando la construcción de carreteras, hospitales y escuelas.
En sus ratos libres, componía corridos donde exaltaba las hazañas de los guerrilleros locales y denunciaba las injusticias, como las presiones que los acaparadores ejercían sobre los pequeños productores cafetaleros de la región para comprar sus cosechas a bajo costo.
Progenitor de 12 hijos, Rosendo también participó en un movimiento de padres de familia con Lucio Cabañas, para exigir que dejara de cobrarse una cuota de tres pesos por familia en la escuela pública Juan Álvarez. Allí murieron cinco padres de familia a manos de la policía estatal, durante una manifestación el 18 de mayo de 1965. A raíz de la masacre, Cabañas tuvo que refugiarse en la sierra, acusado de ser un agitador, y su búsqueda provocó la militarización del municipio y gran parte del estado.
La detención
Llegado a sus 60 años, Rosendo seguía activo en la comunidad, aunque de manera más prudente, por la fuerte presencia militar en la región. Según Andrea, su padre había recibido avisos de que tuviera cuidado por parte de una comadre, cuyo hermano estaba en el Ejército. "Su hermano había visto su nombre en una lista de posibles gentes que iban a detener", explica.
Esa vez, Rosendo salió de Atoyac y estuvo en Chilpancingo, donde había trasladado a la mayoría de la familia, hasta que el presidente municipal de Atoyac lo visitó y le aseguró que no tenía nada que temer. Entonces, Rosendo siguió yendo y viniendo a Atoyac para atender sus negocios.
En agosto de 1974, decidió irse una temporada con su hija Andrea a Ciudad Altamirano, en la Sierra Caliente de Guerrero, para esperar que las cosas se calmaran.
"Nada más tenía que ir a Atoyac a cobrar un dinero, a bajar el coco de la huerta y a traerle dinero a mi mamá, para que, mientras no estaba, ella pudiera mantenerse", relata Andrea. "Y se fue y, pues, ya no regresó".
En la madrugada del 25 de ese mes, Rosendo salió de Atoyac y tomó un camión para Chilpancingo con su hijo de 11 años. Cuando el vehículo se detuvo en un retén militar, todos se bajaron, pero una vez terminada la inspección, los soldados impidieron que Rosendo y su hijo se subieran de nuevo.
"Les dijeron: 'No, tú ya te quedas aquí'", cuenta Tita Radilla, hermana de Andrea, "entonces, mi papá preguntó por qué. Le dicen: 'Es que tú haces corridos donde narras la historia de los guerrilleros'. Entonces, les dijo: 'Bueno, pero eso no es un delito'".
Delito o no, los militares detuvieron a Rosendo, quien sólo tuvo tiempo de darle dinero a su hijo y de decirle que se regresara a casa para avisar a sus hermanas y a su mamá. Fue la última vez que uno de sus familiares lo vio.
Búsqueda interminable
La vida de la familia cambió radicalmente a partir de la detención de Rosendo. Desde ese día, sus hijos no dejaron de buscarlo ni de querer encontrar a los responsables de su desaparición.
Rosendo y sus hijas habían participado en el movimiento organizado con maestros de la Universidad de Chilpancingo para localizar a los desaparecidos, que para ese entonces ya eran muchos, explica Tita.
"Entonces, todos los maestros de la universidad se movieron, y toda la gente, reclamando su presentación", narra Tita, "en ese momento, no logramos saber nada. Incluso, con el secretario de Gobierno del Estado fue mi hermana, pero dijo que no sabía nada, porque en ese momento aquí la ley era de los militares".
En esa larga espera por el regreso de Rosendo quedó la salud de su esposa y madre de sus hijos, expresa con tristeza Andrea. Convencida de que Rosendo iba a volver, le arreglaba la ropa para que estuviera lista a su llegada. De ser una mujer muy fuerte, llegó a enfermarse de hipertensión, hasta que murió de una embolia a los 64 años, agrega Andrea.
Mientras tanto, la determinación de sus hijos para descubrir su paradero no menguó. En 1978, se creó el Comité Nacional Independiente Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Detenidos Desaparecidos y Exiliados Políticos, en el cual se involucró Tita. Actualmente es vicepresidenta nacional de la organización, cuyo nombre cambió al de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (AFADEM).
"Se ha convertido en el objetivo de mi vida, luchar por la presentación y ahora no solamente de él sino de todos los desaparecidos", expresa Tita.
En el momento de la desaparición, Tita y sus hermanos no pusieron una denuncia ante las autoridades, ya que desconfiaban de las instancias civiles como militares, que consideraban como responsables de los hechos.
Sin embargo, cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, decidieron interponer una queja por la desaparición de su padre. Posteriormente, entre 1992 y 2001, pondrían cinco denuncias más ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Ministerio Público de Atoyac, la Procuraduría General de la República y el estado de Guerrero.
Encontraron muchas trabas en el proceso de poner esas denuncias, ya que en ocasiones las autoridades correspondientes no querían recibirlas, explica Tita. Cuando vio que ninguna de ellas generó resultados, interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 15 de noviembre del 2001.
El papel de la Fiscalía Especial
Justo 12 días después, el 27 de noviembre del 2001, Vicente Fox anunció la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el mismo día en que la CNDH emitió su recomendación 26/2001, relativa a las desapariciones forzadas ocurridas en los setentas y ochentas.
Tita empezó a tener esperanzas de que pudiera resolverse el caso de su padre y de los otros desaparecidos, por lo que presentó una denuncia ante la nueva fiscalía por la desaparición de su padre, y convenció a los familiares de otros desaparecidos para que hicieran lo mismo.
"Nosotros quisimos pensar que tal vez por ser otro partido pudiera ser que tuvieran voluntad de cuando menos investigar sobre el paradero de ellos", cuenta.
Por eso la decepción fue muy grande cuando se dio cuenta de que la fiscalía no daba resultados. "La verdad es que no hubo intención siquiera de investigar realmente", afirma.
Por ejemplo, cuando ella y otros familiares pidieron a la fiscalía que investigara dos lugares donde presuntamente habían sido enterrados algunos detenidos, ésta les exigió que un testigo confirmara haber visto que allí habían sido sepultados los desaparecidos antes de proceder a los trabajos de excavación. La institución nunca revisó los lugares señalados.
Por otra parte, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba a punto de admitir la denuncia relativa a la desaparición de Rosendo, la fiscalía hizo la consignación al juez del caso en agosto de 2005. Sin embargo, esta consignación presentó varias deficiencias.
Primero, la fiscalía realizó esta consignación sin notificar a los denunciantes ni a sus representantes, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quienes se enteraron del avance en el caso por los medios de comunicación.
Cuando Tita se presentó con el juez segundo de distrito con sede en Acapulco para conocer los detalles de la consignación, éste le negó acceso al expediente. "Me dijo que no, que yo no era la víctima," recuerda Tita, "o sea, que tenía que ser la víctima quien podía checar los expedientes. Es indignante. ¿Cómo pueden decir esas cosas porque saben que él no está?".
Por otra parte, una vez que Tita y sus abogados tuvieron acceso al expediente después de interponer una queja ante la CNDH, se dieron cuenta de que la consignación se hizo por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, y no por desaparición forzada, como lo señaló la recomendación 26/2001 de la CNDH.
"Es una deficiencia clave porque la propia jurisprudencia que existe establece que el secuestro es cometido por particulares, por individuos, cuando la desaparición forzada implica muchas más personas e incluso instituciones", explica Mario Solórzano, abogado de los familiares de Rosendo e integrante de la CMDPDH.
Como consecuencia, solamente se consignó a un presunto responsable, el general Francisco Quirós Hermosillo, cuando el expediente de la fiscalía sobre el caso de Rosendo señalaba a otros potenciales involucrados. Esto reflejaba el desconocimiento de la operación bajo la cadena de mando que se da en estos operativos militares, considera Solórzano, ya que un soldado nunca toma una decisión solo, sino que sus acciones derivan de órdenes que le llegan de su jerarquía. En agosto del 2005 un juez federal con sede en Guerrero emitió una orden de aprehensión contra Quirós Hermosillo, quien un año después murió en un hospital militar, víctima de cáncer, sin pisar la cárcel por estos delitos.
Ya que se cerró la Fiscalía Especial, la Coordinación General de Investigación de la PGR sigue investigando el caso de Rosendo. "Como siempre, hacen que están investigando, pero nosotros vemos que realmente no hay voluntad política del Estado para resolver," expresa Tita, quien cree que la PGR tiene información sobre el paradero de su padre pero que no quiere revelar esta información.
El único avance que Tita le concede a la fiscalía es que, con su creación, el gobierno mexicano reconoció que existieron desapariciones y que éstas se debieron a una política de Estado.
La Corte Interamericana: última esperanza
Frente a la falta de respuestas por parte de la justicia mexicana, los familiares de Rosendo pusieron sus últimas esperanzas en el sistema interamericano de justicia. El pasado 15 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó a las partes un informe confidencial sobre el caso de Rosendo, en el cual hace una serie de recomendaciones al Estado mexicano.
En caso de que el Estado no cumpla estas recomendaciones para el 15 de octubre próximo, la Comisión Interamericana puede decidir publicar su informe y presentarlo en la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para juzgar al Estado por los delitos de desaparición forzada, probable tortura y privación de la vida, así como falta de acceso a la justicia.
La segunda opción es la más deseable para Solórzano, abogado de los familiares de Rosendo, ya que las sentencias de la Corte Interamericana son jurídicamente vinculantes y forzarían al Estado a resolver el caso de Rosendo.
Por su parte, Eduardo González, experto del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una ONG que asiste a países que buscan establecer responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante un régimen represivo, estima que si el caso de Rosendo llega a la Corte Interamericana, es de esperar que ésta siga la jurisprudencia que ya estableció.
"Eso augura que la Corte encuentre en el caso una nueva posibilidad de reiterar su convicción de que la familia de un desaparecido tiene estos derechos (de recibir reparación y de tener un recurso efectivo ante la justicia) y de que el Estado tiene obligaciones muy concretas de garantizar el derecho a la verdad, de garantizar que se haga justicia y de garantizar la reparación justa".
Tita espera la resolución de la Comisión Interamericana con mucha expectativa, porque estima que sólo la justicia internacional puede obligar al Estado mexicano a hacerle justicia a su padre. "Es una esperanza que tenemos de que se pueda resolver, cuando menos, que sirva para que otros casos puedan ser resueltos", expresa Tita.
Andrea también considera que es el momento de que la impunidad se acabe, ya que la persecución a las personas que luchan por sus comunidades es una práctica que sigue existiendo.
En cuanto al caso específico de su padre, más que la reparación material, lo que desea Andrea es conocer su paradero y saber qué le pasó. "Es tan angustiante no saber dónde quedó él", dice en un suspiro, "uno imagina qué pasó, incluso por los testimonios que rindieron algunos testigos, y es terrible. Quisiera que nos entregaran lo que quedó de él".
Documento de inteligencia
Reconoce la detención de Radilla por parte del Ejército por sus presuntos nexos con Lucio Cabañas.
ordenan todo lo que quieren,
quitándole el pan al pueblo
y hasta la vida si pueden.
Madre mía de Guadalupe,
échame tu bendición,
que ya mi madre me dijo
que de Dios vendrá el perdón.
Seguirá la lucha del pueblo.
Nos vemos en el Panteón.
Cuando Rosendo Radilla compuso este corrido, estaba, sin saberlo, describiendo lo que sería su destino. Con la diferencia de que sus familiares no pueden visitar su sepultura, ya que Rosendo fue una de las 470 personas que desaparecieron a manos del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en los años setenta, cuyos restos nunca fueron encontrados.
La grabación de éste y otros corridos, así como unas cuantas fotos y documentos oficiales, son los únicos vestigios de él que tienen sus hijos.
Precisamente estos corridos, que glorifican la lucha contra los caciques y por una mayor igualdad encabezada por los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, fueron la razón por la que fue detenido el 25 de agosto de 1974.
Más de 30 años después de la detención de su padre, los hijos de Rosendo siguen esperando que el Estado mexicano cumpla con su obligación de identificar su paradero y castigar a los responsables de su desaparición.
A pesar de la esperanza que depositaron en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado cuando ésta se creó en 2001, hoy consideran que esa dependencia nunca tuvo la intención de investigar su denuncia.
Padre de familia y líder de la comunidad
Pese a que Rosendo contaba con buenos ingresos por el negocio de ganadería que había heredado de su abuelo, siempre se interesó por la suerte de los menos favorecidos. "Si él tenía más posibilidades, ¿por qué no ayudar a los que menos tenían?", dice su hija Andrea Radilla acerca de la filosofía de su padre.
Seguramente influyó en sus ideales el haber tenido como pariente al agrarista Feliciano Radilla, quien organizó 36 ejidos en Atoyac y ayudó a crear una cooperativa de producción en los años veinte. "Siento que de allí parte también su idea de buscar una relación más justa", estima Andrea, "incluso, me contaba una tía que cuando tenía 11 años él le llevaba comida a Pablo Cabañas, que andaba en la Revolución Mexicana. Entonces, tuvo contacto con esta gente que decía que luchaba por una vida mejor".
Mientras que otros líderes de Atoyac como Genaro Vázquez o Lucio Cabañas tomaron las armas para defender sus ideas, Rosendo optó por la vía pacífica. Participó activamente en su comunidad y, en los años cincuenta, fue designado presidente municipal. Dedicó mucho tiempo, esfuerzo e incluso recursos personales a mejorar la infraestructura de su comunidad, logrando la construcción de carreteras, hospitales y escuelas.
En sus ratos libres, componía corridos donde exaltaba las hazañas de los guerrilleros locales y denunciaba las injusticias, como las presiones que los acaparadores ejercían sobre los pequeños productores cafetaleros de la región para comprar sus cosechas a bajo costo.
Progenitor de 12 hijos, Rosendo también participó en un movimiento de padres de familia con Lucio Cabañas, para exigir que dejara de cobrarse una cuota de tres pesos por familia en la escuela pública Juan Álvarez. Allí murieron cinco padres de familia a manos de la policía estatal, durante una manifestación el 18 de mayo de 1965. A raíz de la masacre, Cabañas tuvo que refugiarse en la sierra, acusado de ser un agitador, y su búsqueda provocó la militarización del municipio y gran parte del estado.
La detención
Llegado a sus 60 años, Rosendo seguía activo en la comunidad, aunque de manera más prudente, por la fuerte presencia militar en la región. Según Andrea, su padre había recibido avisos de que tuviera cuidado por parte de una comadre, cuyo hermano estaba en el Ejército. "Su hermano había visto su nombre en una lista de posibles gentes que iban a detener", explica.
Esa vez, Rosendo salió de Atoyac y estuvo en Chilpancingo, donde había trasladado a la mayoría de la familia, hasta que el presidente municipal de Atoyac lo visitó y le aseguró que no tenía nada que temer. Entonces, Rosendo siguió yendo y viniendo a Atoyac para atender sus negocios.
En agosto de 1974, decidió irse una temporada con su hija Andrea a Ciudad Altamirano, en la Sierra Caliente de Guerrero, para esperar que las cosas se calmaran.
"Nada más tenía que ir a Atoyac a cobrar un dinero, a bajar el coco de la huerta y a traerle dinero a mi mamá, para que, mientras no estaba, ella pudiera mantenerse", relata Andrea. "Y se fue y, pues, ya no regresó".
En la madrugada del 25 de ese mes, Rosendo salió de Atoyac y tomó un camión para Chilpancingo con su hijo de 11 años. Cuando el vehículo se detuvo en un retén militar, todos se bajaron, pero una vez terminada la inspección, los soldados impidieron que Rosendo y su hijo se subieran de nuevo.
"Les dijeron: 'No, tú ya te quedas aquí'", cuenta Tita Radilla, hermana de Andrea, "entonces, mi papá preguntó por qué. Le dicen: 'Es que tú haces corridos donde narras la historia de los guerrilleros'. Entonces, les dijo: 'Bueno, pero eso no es un delito'".
Delito o no, los militares detuvieron a Rosendo, quien sólo tuvo tiempo de darle dinero a su hijo y de decirle que se regresara a casa para avisar a sus hermanas y a su mamá. Fue la última vez que uno de sus familiares lo vio.
Búsqueda interminable
La vida de la familia cambió radicalmente a partir de la detención de Rosendo. Desde ese día, sus hijos no dejaron de buscarlo ni de querer encontrar a los responsables de su desaparición.
Rosendo y sus hijas habían participado en el movimiento organizado con maestros de la Universidad de Chilpancingo para localizar a los desaparecidos, que para ese entonces ya eran muchos, explica Tita.
"Entonces, todos los maestros de la universidad se movieron, y toda la gente, reclamando su presentación", narra Tita, "en ese momento, no logramos saber nada. Incluso, con el secretario de Gobierno del Estado fue mi hermana, pero dijo que no sabía nada, porque en ese momento aquí la ley era de los militares".
En esa larga espera por el regreso de Rosendo quedó la salud de su esposa y madre de sus hijos, expresa con tristeza Andrea. Convencida de que Rosendo iba a volver, le arreglaba la ropa para que estuviera lista a su llegada. De ser una mujer muy fuerte, llegó a enfermarse de hipertensión, hasta que murió de una embolia a los 64 años, agrega Andrea.
Mientras tanto, la determinación de sus hijos para descubrir su paradero no menguó. En 1978, se creó el Comité Nacional Independiente Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Detenidos Desaparecidos y Exiliados Políticos, en el cual se involucró Tita. Actualmente es vicepresidenta nacional de la organización, cuyo nombre cambió al de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (AFADEM).
"Se ha convertido en el objetivo de mi vida, luchar por la presentación y ahora no solamente de él sino de todos los desaparecidos", expresa Tita.
En el momento de la desaparición, Tita y sus hermanos no pusieron una denuncia ante las autoridades, ya que desconfiaban de las instancias civiles como militares, que consideraban como responsables de los hechos.
Sin embargo, cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, decidieron interponer una queja por la desaparición de su padre. Posteriormente, entre 1992 y 2001, pondrían cinco denuncias más ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Ministerio Público de Atoyac, la Procuraduría General de la República y el estado de Guerrero.
Encontraron muchas trabas en el proceso de poner esas denuncias, ya que en ocasiones las autoridades correspondientes no querían recibirlas, explica Tita. Cuando vio que ninguna de ellas generó resultados, interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 15 de noviembre del 2001.
El papel de la Fiscalía Especial
Justo 12 días después, el 27 de noviembre del 2001, Vicente Fox anunció la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el mismo día en que la CNDH emitió su recomendación 26/2001, relativa a las desapariciones forzadas ocurridas en los setentas y ochentas.
Tita empezó a tener esperanzas de que pudiera resolverse el caso de su padre y de los otros desaparecidos, por lo que presentó una denuncia ante la nueva fiscalía por la desaparición de su padre, y convenció a los familiares de otros desaparecidos para que hicieran lo mismo.
"Nosotros quisimos pensar que tal vez por ser otro partido pudiera ser que tuvieran voluntad de cuando menos investigar sobre el paradero de ellos", cuenta.
Por eso la decepción fue muy grande cuando se dio cuenta de que la fiscalía no daba resultados. "La verdad es que no hubo intención siquiera de investigar realmente", afirma.
Por ejemplo, cuando ella y otros familiares pidieron a la fiscalía que investigara dos lugares donde presuntamente habían sido enterrados algunos detenidos, ésta les exigió que un testigo confirmara haber visto que allí habían sido sepultados los desaparecidos antes de proceder a los trabajos de excavación. La institución nunca revisó los lugares señalados.
Por otra parte, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba a punto de admitir la denuncia relativa a la desaparición de Rosendo, la fiscalía hizo la consignación al juez del caso en agosto de 2005. Sin embargo, esta consignación presentó varias deficiencias.
Primero, la fiscalía realizó esta consignación sin notificar a los denunciantes ni a sus representantes, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quienes se enteraron del avance en el caso por los medios de comunicación.
Cuando Tita se presentó con el juez segundo de distrito con sede en Acapulco para conocer los detalles de la consignación, éste le negó acceso al expediente. "Me dijo que no, que yo no era la víctima," recuerda Tita, "o sea, que tenía que ser la víctima quien podía checar los expedientes. Es indignante. ¿Cómo pueden decir esas cosas porque saben que él no está?".
Por otra parte, una vez que Tita y sus abogados tuvieron acceso al expediente después de interponer una queja ante la CNDH, se dieron cuenta de que la consignación se hizo por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, y no por desaparición forzada, como lo señaló la recomendación 26/2001 de la CNDH.
"Es una deficiencia clave porque la propia jurisprudencia que existe establece que el secuestro es cometido por particulares, por individuos, cuando la desaparición forzada implica muchas más personas e incluso instituciones", explica Mario Solórzano, abogado de los familiares de Rosendo e integrante de la CMDPDH.
Como consecuencia, solamente se consignó a un presunto responsable, el general Francisco Quirós Hermosillo, cuando el expediente de la fiscalía sobre el caso de Rosendo señalaba a otros potenciales involucrados. Esto reflejaba el desconocimiento de la operación bajo la cadena de mando que se da en estos operativos militares, considera Solórzano, ya que un soldado nunca toma una decisión solo, sino que sus acciones derivan de órdenes que le llegan de su jerarquía. En agosto del 2005 un juez federal con sede en Guerrero emitió una orden de aprehensión contra Quirós Hermosillo, quien un año después murió en un hospital militar, víctima de cáncer, sin pisar la cárcel por estos delitos.
Ya que se cerró la Fiscalía Especial, la Coordinación General de Investigación de la PGR sigue investigando el caso de Rosendo. "Como siempre, hacen que están investigando, pero nosotros vemos que realmente no hay voluntad política del Estado para resolver," expresa Tita, quien cree que la PGR tiene información sobre el paradero de su padre pero que no quiere revelar esta información.
El único avance que Tita le concede a la fiscalía es que, con su creación, el gobierno mexicano reconoció que existieron desapariciones y que éstas se debieron a una política de Estado.
La Corte Interamericana: última esperanza
Frente a la falta de respuestas por parte de la justicia mexicana, los familiares de Rosendo pusieron sus últimas esperanzas en el sistema interamericano de justicia. El pasado 15 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó a las partes un informe confidencial sobre el caso de Rosendo, en el cual hace una serie de recomendaciones al Estado mexicano.
En caso de que el Estado no cumpla estas recomendaciones para el 15 de octubre próximo, la Comisión Interamericana puede decidir publicar su informe y presentarlo en la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para juzgar al Estado por los delitos de desaparición forzada, probable tortura y privación de la vida, así como falta de acceso a la justicia.
La segunda opción es la más deseable para Solórzano, abogado de los familiares de Rosendo, ya que las sentencias de la Corte Interamericana son jurídicamente vinculantes y forzarían al Estado a resolver el caso de Rosendo.
Por su parte, Eduardo González, experto del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una ONG que asiste a países que buscan establecer responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante un régimen represivo, estima que si el caso de Rosendo llega a la Corte Interamericana, es de esperar que ésta siga la jurisprudencia que ya estableció.
"Eso augura que la Corte encuentre en el caso una nueva posibilidad de reiterar su convicción de que la familia de un desaparecido tiene estos derechos (de recibir reparación y de tener un recurso efectivo ante la justicia) y de que el Estado tiene obligaciones muy concretas de garantizar el derecho a la verdad, de garantizar que se haga justicia y de garantizar la reparación justa".
Tita espera la resolución de la Comisión Interamericana con mucha expectativa, porque estima que sólo la justicia internacional puede obligar al Estado mexicano a hacerle justicia a su padre. "Es una esperanza que tenemos de que se pueda resolver, cuando menos, que sirva para que otros casos puedan ser resueltos", expresa Tita.
Andrea también considera que es el momento de que la impunidad se acabe, ya que la persecución a las personas que luchan por sus comunidades es una práctica que sigue existiendo.
En cuanto al caso específico de su padre, más que la reparación material, lo que desea Andrea es conocer su paradero y saber qué le pasó. "Es tan angustiante no saber dónde quedó él", dice en un suspiro, "uno imagina qué pasó, incluso por los testimonios que rindieron algunos testigos, y es terrible. Quisiera que nos entregaran lo que quedó de él".
Documento de inteligencia
Reconoce la detención de Radilla por parte del Ejército por sus presuntos nexos con Lucio Cabañas.
