¿Qué justicia queremos?

En un país donde las víctimas de delitos tan horrendos como lo son los homicidios, las desapariciones o los secuestros suman decenas de miles al año, es imposible ignorar su indignación ante tanta impunidad. Sin embargo, en un Estado de derecho, las instituciones judiciales están encargadas de otorgar a los agraviados reparación y justicia, no venganza.

MARZO 11, 2014

Por: Laurence Pantin

En una ceremonia que podríamos calificar de “pronta y expedita”, pero no por ello desprovista de bombos y platillos, el Presidente de la República promulgó el pasado martes el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En palabras de Enrique Peña Nieto, este nuevo ordenamiento es “uno de los cambios jurídicos más relevantes en las últimas décadas” y debe permitir “esclarecer los hechos delictivos con mayor rapidez y eficacia para determinar con certeza si existe o no responsabilidad penal”.

Ciertamente es importante reconocer la importancia de este nuevo instrumento. Pero llama la atención que, a la hora de reflexionar sobre la justificación de este nuevo Código, pocos mencionaron la aspiración a acceder a procesos judiciales que respeten el “debido proceso”. En cambio, muchos declararon confiar en que estas nuevas reglas del juego permitan reducir la “impunidad”, acelerar los tiempos de la justicia o volverla más “eficaz” o “eficiente”[1].

Sin duda, combatir la impunidad en un país cuya tasa se estima en 96.4%[2] es una prioridad. También lo es lograr una justicia más pronta y eficaz, cuando los procesados esperan en promedio 180 días para obtener una sentencia[3], como es el caso en México.

Sin embargo, si bien es indispensable lograr que los procesos sean más expeditos y eficaces para gozar de una justicia de calidad, no será suficiente para garantizar que nuestra justicia sea… justa.

El deseo de venganza es un impulso natural en las víctimas de cualquier tipo de delito. En un país donde las víctimas de delitos tan horrendos como lo son los homicidios, las desapariciones o los secuestros suman decenas de miles al año, es imposible ignorar su indignación ante tanta impunidad. Sin embargo, en un Estado de derecho, las instituciones judiciales están encargadas de otorgar a los agraviados reparación y justicia, no venganza.

Una justicia justa es la que prefiere, si existe una duda razonable, dejar libre a un culpable, antes que arriesgarse a encarcelar a un inocente. Una justicia justa es la que se basa en el debido proceso.

Y es en este aspecto, quizás, donde nuestro sistema de justicia tiene más dolencias. Según el Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project, que clasifica 99 países según diferentes indicadores de calidad de sus sistemas de justicia, en el rubro del debido proceso, México ocupa el lugar 93 de 99, empatado con Bangladesh y Marruecos, y detrás de la Republica Dominicana, Irán, Liberia, Ucrania o Zambia, para citar solamente unos ejemplos. Los únicos países que tienen peores calificaciones que el nuestro en este tema son Egipto, Myanmar, Pakistán, Venezuela, Zimbabwe y Nigeria.

¿A qué se debe esta trágica situación? Mucho se ha escrito ya sobre la falta de capacidad de investigación seria de los policías, el pésimo papel de los ministerios públicos, y la incapacidad de los jueces para valorar pruebas.

Recordemos que en México muchos delitos no son denunciados por la falta de confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Y su escepticismo es racional, ya que entre los delitos que sí son denunciados, el ministerio público integra averiguaciones previas en una minoría de casos, y de éstas, la mayoría no se traduce en una verdadera investigación que integre los elementos para la consignación de los delincuentes. Finalmente, de aquellos casos que son llevados a los tribunales, los imputados tienen una probabilidad del 88.6% de ser condenados[4].

Cualquiera que viera esta cifra podría celebrar la gran eficacia del sistema de justicia mexicano, si no conociera, como ya se ha mencionado, la forma en que trabajan nuestra policía y nuestro ministerio público y su casi nula capacidad de presentar evidencias científicas para sostener sus acusaciones. Lo que nos revela en realidad este 88.6% de sentencias condenatorias es que en México, los jueces no juzgan, solamente condenan.

Ahora bien, la verdadera pregunta es si este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales permitirá el cambio anhelado.

La implementación correcta de la reforma penal es clave para que el nuevo diseño institucional de la justicia mexicana permita contar con los instrumentos necesarios para que las autoridades briden verdadera justicia tanto a las víctimas de los delitos como a aquellos que enfrentan un proceso legal.

Pero, como bien lo señaló el Procurador General de la República, sería ilusorio pensar que este instrumento puede por sí solo arreglar todos los males: “El nuevo sistema demanda la evolución y modificación no sólo de las leyes, no sólo de las normas”, expresó Jesús Murillo Karam. “Requiere fundamentalmente cambios en los procesos y las personas; requiere de nuevas formas en el ejercicio de las funciones de policías, ministerios públicos, jueces, defensores. Requiere de un cambio cultural”.

Y allí surge una pregunta bien conocida de los hacedores de políticas públicas: ¿pueden las leyes cambiar mentalidades y costumbres arraigadas? Existen, sin duda, casos exitosos, en los que las leyes han provocado cambios en la manera de pensar o de comportarse de la gente, pero este proceso suele ser muy tardado y México no puede darse el lujo de esperar un cambio de generación para transformarse en un Estado de derecho pleno.

Para que este Código Nacional se vuelva realidad necesitamos una verdadera voluntad política, no sólo por parte del Legislativo que aprobó esta reforma de gran importancia, sino por parte del propio Ejecutivo y, en ese caso, del Procurador, para que los ministerios públicos reciban una formación adecuada, así como por parte del poder judicial, y en particular del Consejo de la Judicatura y sus equivalentes en los estados, que deben superar las resistencias internas e inculcar a sus miembros las nuevas reglas del juego.

Para acompañar este camino, es indispensable crear indicadores de calidad de justicia que permitan evaluar el desempeño de los policías, de los ministerios públicos y de los jueces, sin olvidar a los abogados. Esta labor es urgente, ya que será imposible medir el progreso realizado en unos años si no sabemos con precisión de dónde partimos. Dichos indicadores servirán como referencia para entender si las transformaciones que deben implementar las autoridades caminan o no en la dirección correcta.

Finalmente, no solamente son los encargados de hacer justicia los que tienen que cambiar su manera de actuar. Esta tarea le corresponde a la sociedad en su conjunto. Si los ciudadanos no dejan de pedir venganza en lugar de exigir justicia, es poco probable que nuestro sistema judicial pueda cambiar. Si no entendemos la importancia del debido proceso, será difícil que alcancemos, algún día, la Justicia con mayúscula. Sensibilizar sobre este rubro a la opinión pública sin duda será labor complicada pero indispensable.

¿Estamos dispuestos a hacer estos cambios que tanto necesita el país?

* Laurence Pantin es Coordinadora de Comunicación y Desarrollo Institucional de México Evalúa.

** Gracias a José Luis Beltrán y Néstor de Buen por su colaboración para conseguir algunos de los datos incluidos en este post, así como a Edna Jaime y Marco Fernández por sus valiosos comentarios.

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[1] Un análisis de 42 artículos de opinión que trataron el tema del Código Nacional de Procedimientos Penales entre el 1 de diciembre de 2013 y el 7 de marzo de este año arroja que solamente 5 mencionan el término “debido proceso”, mientras que 13 mencionan la palabra “impunidad”, 7 hacen referencia a la idea de una justicia “pronta” o “expedita” y 8 a la de una justicia “eficaz” o “eficiente”. Es preciso señalar que algunos artículos retoman más de una de estas justificaciones y que muchos de estos artículos no se enfocan en la cuestión de la justificación del Código.

[2] Elaboración de México Evalúa con base en datos del INEGI (Estadísticas Judiciales en materia penal de los Estados Unidos Mexicanos) correspondientes a los sentenciados en 2011 y 2012 y datos de incidencia delictiva para estos mismos años del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

[3] Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ¿Está funcionando el nuevo sistema de justicia penal en México?, 18 de enero de 2013.

[4] Elaboración propia con base en datos del Inegi (Estadísticas judiciales en materia penal de los Estados Unidos Mexicanos 2009, 2010, 2011 y 2012).

Leer Más: http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-evalua/2014/03/11/que-justicia-queremos/#ixzz2vrYFUOcV

Florence Cassez: el caso del siglo

Florence Cassez: el caso del siglo

Este País | Laurence Pantin | 01.03.2014 |

En enero pasado, un grupo de especialistas presentó el notable estudio de Luis de la Barreda Solórzano sobre el caso de Florence Cassez (¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo, Grijalbo, México, 2013). En alcance a la entrevista con De la Barreda que aparece en este mismo número, publicamos el texto que Laurence Pantin leyó en esa ocasión.
Al estudiar periodismo en Estados Unidos, algo que me llamó muchísimo la atención fue la obsesión de mis profesores con la “objetividad”. “Un buen periodista es un periodista objetivo”, repetían sin descansar. Por mi parte, quizá por mis orígenes franceses, llegué a la conclusión de que la objetividad es un ideal inalcanzable y que, siendo realistas, a lo que un buen periodista puede aspirar es a ser honesto y justo con las partes involucradas en sus reportajes.
Traigo esto a colación porque, mientras leía ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo, no podía dejar de pensar que lo que Luis de la Barreda hizo en este libro, con todo y su formación de abogado, es un impecable trabajo periodístico, un reportaje honesto y justo. Y para que no haya lugar a dudas, en mi boca esas palabras son un gran halago.
Tanto en este libro como en sus columnas relacionadas, creo que Luis logró lo que pocos periodistas —franceses o mexicanos— han hecho al momento de ponerse a escribir sobre este caso: dejar sus pasiones en el casillero. Quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a la labor no solamente de Luis, sino también de esos periodistas que sí lo hicieron, porque estoy convencida de que contribuyeron al desenlace de lo que muchos han llamado el “caso Cassez”.
Este ejercicio que consistió en despegarse de sus pasiones no significa que Luis sea una persona indiferente. De hecho, es todo lo contrario. Luis es un hombre apasionado. Pero su formación y remarcable trayectoria profesional le enseñaron que los asuntos penales no se deben analizar con el corazón sino con la razón. Ir al expediente, examinar las pruebas: esto es lo que hace Luis en este libro, invitando al lector a hacer lo mismo, a acompañarlo en esta aventura, “sin prejuicios, con la mente abierta y el afán de encontrar la verdad”.¹
Quien conoce a Luis sabe que, además de asombroso, es un ser humano que se asombra de todo. Alguien me dijo alguna vez, con razón creo, que esta capacidad de sorprenderse de las más mínimas cosas era la clave de la felicidad. Quizás eso explique que Luis sea una persona tan alegre.
En todo caso, ese talento de asombrarse de cualquier acontecimiento de la vida cotidiana que dejaría indiferente a la mayoría de nosotros viene acompañado de una fuerte propensión a usar adjetivos superlativos. Llama entonces la atención que los 10 primeros capítulos de este libro estén exentos de estos adjetivos (con cuatro notables excepciones, cuando se refiere a la “estupenda actriz” Marion Cotillard,² “la bellísima” Carla Bruni ³ o la “encantadora” Sylvie Boksenbaum⁴ o el “brillante abogado” Agustín Acosta⁵). En estas 112 primeras páginas, el estilo es muy depurado, casi quirúrgico. Usando una técnica muy preciada de los periodistas, la de “Show, don’t tell” (literalmente “Muestra, no digas”), Luis empieza por describir la detención y luego la “escenificación ajena a la realidad” (citando el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso).
Esta descripción neutra, fría, de las imágenes difundidas por las televisoras ese día, acompañada de la transcripción de los diálogos de sus protagonistas, me parece muy reveladora. Son imágenes que casi todos los que estaban en México en estas fechas han visto, y muchos no solamente una sino varias veces. Sin embargo, a ocho años de los acontecimientos, creo que casi todos encontrarán allí detalles significativos de los que no se acordaban o en los que no se habían fijado originalmente. Uno de estos detalles que llaman poderosamente la atención es el comentario de uno de los reporteros presentes, quien dice: “Estamos prácticamente transmitiendo en vivo”.⁶ Prácticamente: un adverbio al que nadie prestó atención en ese momento, aparte quizá de la reportera Yuli García, y que cambiaba todo el sentido de lo que se estaba presentando en la pantalla.
Posteriormente, Luis se dedica a describir, una tras otra, las diferentes etapas del proceso judicial en contra de Florence Cassez, desde las primeras declaraciones de las víctimas y de los detenidos hasta la sentencia dictada por la Suprema Corte.
Como lo comenta Luis en su preámbulo, “en nuestro país, en el presente siglo, ningún otro juicio ha provocado tanta atención y desatado tantas pasiones como este”.⁷ Por ello, considerando que si hubo un proceso judicial donde el entorno influyó fue este, Luis también da cuenta de este contexto. No solamente examina el ambiente mediático alrededor del caso, sino que, en el ánimo de ser justo con todas las partes, reporta los argumentos tanto de los que luchaban para que Florence Cassez fuera condenada, como los de quienes la apoyaron. Tampoco olvida mencionar la situación de David Orozco, una de esas tantas personas que fueron detenidas y torturadas para declarar en contra de Florence Cassez e Israel Vallarta, sin que se sepa a la fecha qué evidencias existen para que esas personas, o incluso Vallarta, sigan en la cárcel.
En cada momento, Luis sigue usando el mismo tono limpio, neutro. Pero este tono no implica que el autor no se preocupe por el lado humano. Con la sensibilidad de quien está convencido de que los seres humanos somos una suma de emociones, Luis también se interroga sobre los sentimientos que pudieron mover a las víctimas en momentos cruciales, así como sobre el estado de ánimo de Florence Cassez en cada etapa del proceso.
Finalmente, en los dos últimos capítulos, Luis deja de ser reportero para retomar la batuta de jurista y ofrecer un análisis basado en todos los elementos del expediente judicial que describió anteriormente. Allí, la voz del autor se hace más presente, pero más que imponer su punto de vista al lector, le sugiere preguntas: “¿Qué pruebas existen en contra de Florence Cassez?”.⁸ O refiriéndose a las declaraciones de las víctimas: “¿Por qué esos juzgadores que condenaron a Florence Cassez dos veces y le negaron el amparo dieron crédito a las versiones posteriores y no a las iniciales?”.⁹ O también: “¿Es creíble que los secuestradores hubieran dejado sin custodia a los secuestrados y con la puerta abierta?”.¹⁰ Todas estas preguntas y más, para llegar a la más importante: “¿Esas discordancias no son suficientes para generar una duda razonable en un juzgador objetivo y que sepa leer un expediente?”.¹¹
Allí está el gran valor de este libro, en mi opinión. Si bien quiere resolver la pregunta primordial de la culpabilidad o inocencia de Florence Cassez, creo que va mucho más allá. Trata de entender cómo nuestro sistema de justicia pudo condenar a una persona en varias instancias sin tener las pruebas suficientes. Este libro es en realidad un juicio al sistema de justicia mexicano, del que este no sale bien librado, con excepción de la Suprema Corte, la cual por cierto fue reconocida por la ONU el pasado 10 de diciembre por su labor a favor de los derechos humanos.
Coincido con Luis en que el juicio de Florence Cassez fue el juicio del siglo. Es verdad que estamos solamente a principios del siglo XXI, por lo que no es tan aventurado darle este calificativo… En todo caso, para mí, y creo que para Luis también, es así, no tanto porque permitió liberar a Florence Cassez, sino porque la sentencia de la Suprema Corte marcó un hito en la historia de México. Esta sentencia debe servir para que el debido proceso sea un requisito para juzgar a cualquier persona, impidiendo que inocentes estén en la cárcel y evitando que las víctimas tengan incertidumbre sobre la culpabilidad de las personas condenadas por los delitos en su agravio.
Por todo lo anterior, creo que este libro es una gran contribución a la reflexión sobre nuestro sistema de justicia, además de ser una lectura muy fluida y agradable por su estilo. Y como cereza en el pastel, les recomiendo mucho los epígrafes que escogió Luis tan acertadamente para encabezar cada capítulo de su libro. Son una verdadera delicia.
Por mi parte, si tuviera que ponerle un epígrafe, no a este libro, sino a la tarea a la que Luis ha dedicado su vida, escogería un pasaje de la obra de teatro Los justos del filósofo, periodista y escritor francés Albert Camus, cuyo centenario acabamos de celebrar el año pasado. En esta obra, Alexis Voinov, un joven que combate la tiranía del Gran Duque Serguey, dice: “Comprendí que no bastaba denunciar la injusticia. Era menester dar la vida para combatirla. Ahora soy feliz”. Creo que no hay mejores palabras para describir los esfuerzos que Luis lleva a cabo día a día.  

* Todas las opiniones expresadas en este texto son exclusivamente a título personal, y no en calidad de exempleada de la Embajada de Francia o a nombre de la organización en la que trabajo en la actualidad.
¹ Luis de la Barreda, ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo, Grijalbo, México, 2013, p. 13.
² Idem, p. 12.
³ Idem, p. 70.
⁴ Idem, p. 91.
⁵ Idem, p. 61. Muchas gracias a Jorge Castañeda por señalarme la omisión de esta referencia en mi texto original.
⁶ Idem, p. 28.
⁷ Idem, p. 12.
⁸ Idem, p. 118.
⁹ Idem, p. 124.
¹⁰ Idem, p. 133.
¹¹ Idem, p. 135.
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LAURENCE PANTIN es licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París, maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York y doctora en Ciencia Política por Flacso México. Ha publicado en los diarios Reforma, La Tribune y Les Echos, en el semanal neoyorkino The Village Voice y en la revista de Chicago In These Times, entre otros medios. De 2008 a 2013, fue responsable del Servicio de Prensa de la Embajada de Francia en México y en la actualidad se desempeña como coordinadora de Comunicación y Desarrollo Institucional de México Evalúa.

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Sobre los excesos del desarrollo turístico en Los Cabos

Los Cabos: paraíso amenazado

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(23-Mar-2008).- Martillazos, zumbidos de taladros y chirridos de sierras eléctricas cortando varillas. Los albañiles arman castillos que se alzan al cielo prometiendo un piso más, las excavadoras nivelan terrenos y playas y los camiones llenos de escombros van y vienen.
En las calles de los Cabos y a lo largo de su corredor turístico, todo parece estar en construcción.
Para gobierno e inversionistas, este frenesí de obras es la prueba de la buena salud de uno de los destinos turísticos más exitosos del país. Pero de acuerdo con algunos grupos ciudadanos y más antiguos hoteleros es el primer síntoma de una enfermedad que podría ser terminal: la masificación del turismo y la sobreexplotación de la zona.
Según estos últimos, la revisión del Plan de Desarrollo Urbano del municipio que inició hace dos años y está a punto de ser presentada al cabildo del IX Ayuntamiento de Los Cabos para su aprobación favorecerá a los grandes desarrolladores turísticos e inmobiliarios, en detrimento del medio ambiente y la población local.


Crecimiento acelerado

En los años cincuenta, Los Cabos no era más que un pequeño pueblo pesquero alejado de toda civilización, donde empezaron a llegar estadounidenses amantes de la belleza de los paisajes y de la pesca deportiva, quienes desarrollaron los primeros hoteles de la zona. El pueblo se volvió un destino turístico de renombre mundial después de 1976, cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) escogió la localidad para ser uno de sus Centros Integralmente Planeados.
En ese entonces, las reglas de construcción para los desarrolladores invitados a invertir en la zona eran muy estrictas, explica Alfonso Cota, presidente del Colegio de Arquitectos de Los Cabos, quien trabajó en Fonatur de 1987 a 2000.
Pero el verdadero boom turístico empezó en 1990 y hasta la fecha no ha menguado. Mientras en 1993 había 3 mil 500 cuartos de hotel, en 2003 sumaban 9 mil 200. Hoy, Los Cabos cuenta con cerca de 15 mil habitaciones disponibles y ya se presentaron los planes maestros para desarrollar nuevos proyectos en el municipio. Según Alberto Treviño Angulo, secretario de Turismo del estado de Baja California Sur, estos proyectos implicarán una inversión de 5 mil millones de dólares para los próximos dos o tres años.
"Cada cuarto de hotel que se construye en nuestro estado genera dos empleos directos y ocho indirectos", considera el funcionario, "lo que buscamos desde el principio es tener una coordinación con la iniciativa privada para que ellos asuman una corresponsabilidad porque al construir mil cuartos hoteleros, estamos creando 10 mil fuentes de empleo. Si ya se cumple con el primer requisito de darle empleo al sudcaliforniano y todavía hay más plazas, se vienen del interior de la República, y alguien tiene que hacerle frente a la construcción de vivienda, drenaje, agua potable, hospitales, escuelas y todo lo que viene de la mano".
A consecuencia del desarrollo turístico, se estima que la población de Los Cabos crece a una tasa anual de 14 a 17 por ciento, que rebasa por mucho el promedio nacional de 0.85 por ciento. De 43 mil habitantes que se censaron en 1990, la población pasó a 105 mil en 2000 y alcanzó los 164 mil en 2005. Hoy, se calcula que la ciudad alberga entre 200 y 230 mil habitantes.


Rezago social

Ese promedio de 30 personas que llegan al municipio cada día para trabajar genera necesidades en vivienda, servicios básicos, salud y educación que los gobiernos no han podido atender. José Luis Cortés, director general municipal de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología, reconoce que muchas colonias siguen sin tener acceso a todos los servicios, aunque asegura no contar con estadísticas globales sobre la cobertura en servicios básicos.
El funcionario informa que el año pasado el ayuntamiento adquirió cerca de 250 hectáreas para crear viviendas populares de bajo costo, pues la especulación sobre la tierra en Los Cabos hace que las viviendas de interés social, normalmente financiadas por el Infonavit, se salgan de los rangos del instituto, ya que cuestan cerca de 480 mil pesos.
Sin embargo, este esfuerzo no será suficiente para atender las demandas de vivienda de toda la población, asevera Cota, del Colegio de Arquitectos. "Tenemos mucho rezago", expresa, "y encontrar los esquemas para ir dando esa solución no es fácil. Apenas estamos por publicar el Plan de Desarrollo Urbano, donde hablamos de la creación de ese fideicomiso que permita que todos los desarrolladores vayan aportando equis cantidad hacia un fideicomiso y que ese fideicomiso sea el que genere las áreas de reserva territorial".
La falta de agua es otra preocupación, ya que el municipio está ubicado en una zona semidesértica. Más de 90 por ciento de la población del municipio vive en Cabo San Lucas y San José del Cabo, y su abastecimiento de agua depende de la cuenca de San José. Sin embargo, la demanda de agua de los pobladores ha rebasado la cantidad del líquido que la Comisión Nacional del Agua permite al municipio extraer del acuífero, explica Antonio Agúndez Montaño, director general del Organismo Operador del Agua Potable de Los Cabos, y hermano del actual gobernador del estado, el perredista Narciso Agúndez Montaño. Es por ello que el ayuntamiento construyó una planta desalinizadora de agua, que empezó a funcionar a finales de 2006.
El funcionario celebra su logro de llegar a una cobertura en agua potable y red de alcantarillado del 95 por ciento de las zonas regularmente asentadas, antes de reconocer que el organismo a su cargo no contempla los asentamientos irregulares. Estima que se da servicio a poco más de 150 mil habitantes, lo cual significaría que entre 50 y 80 mil habitantes no cuentan con el servicio.
"Hemos manifestado que es importante que vayamos controlando lo que es el desarrollo de acuerdo a la capacidad que tenemos de ofrecer el agua", afirma Agúndez Montaño, "porque el agua es importantísima para cualquier desarrollo. Sin ella, no podríamos darle la factibilidad a que se inicie un nuevo desarrollo turístico aquí en Los Cabos".
Todo el crecimiento que se plantee va a ser a base de agua desalinizada, de acuerdo con Alva Valdés, experta en hidrología y asesora del Ejido de San José en cuestiones agropecuarias. "Ahora, en el proceso de desalinización, se usan unos químicos", expresa, "y la salmuera, que es lo que queda de desecho de la desalinización, a donde quiera que la arrojes va a acabar con la vida que exista por las altas concentraciones de sal. Y estás creando un problema de contaminación".


Desarrollo urbano y política

El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) actualmente vigente en Los Cabos fue aprobado en 1999, cuando la población llegaba a la mitad de su nivel presente. Ya que se trata de un instrumento jurídico que reglamenta los usos del suelo en el centro de población y permite al municipio planificar su crecimiento, su revisión fue una de las promesas de campaña del actual presidente municipal, el perredista Luis Armando Díaz.
El ayuntamiento tenía previsto aprobar la actualización del PDU antes del 30 de abril, cuando llega a su fin la actual administración, según comenta el arquitecto Alfonso Cota, quien participó en la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano, encargada de analizar la propuesta de revisión del PDU presentada por el consultor contratado para ese efecto. Afirma que algunos regidores avisaron a los miembros de la comisión en diciembre pasado que el plan tenía que estar listo a más tardar el 31 de enero de 2008.
"Lo comenté al secretario general de Gobierno: 'Necesitamos más tiempo, no es un documento político, es un documento de la ciudadanía, tiene que quedar bien'", recuerda Cota. "Ellos querían el 31 (de enero) obviamente porque tenían elecciones el día 3 (de febrero), entonces tenían que tener el documento bien manejado. Total, fue tanta la resistencia que tuvieron por parte de los miembros de la comisión que ni se volvió a mencionar fecha".
Después de un año de investigación y reuniones con diferentes sectores de la sociedad, el consultor Gustavo Alcocer, quien ganó la licitación para realizar la revisión del PDU, presentó en agosto de 2006 una primera propuesta. Ésta fue analizada en una consulta pública que arrojó 175 conclusiones y críticas por parte de distintos grupos de la sociedad civil, algunas de las cuales fueron retomadas en una carta del entonces director general municipal de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología, José Manuel Curiel, dirigida al director de Planeación Urbana y Ecología del estado, Pablo Cota Núñez.
En consecuencia, el Comité Técnico de Desarrollo Urbano solicitó que se contratara a un nuevo consultor para realizar la homologación del PDU vigente y del nuevo PDU propuesto por el consultor. Pero esta petición fue rechazada por el cabildo.


En detrimento del medio ambiente, a favor de los desarrolladores

Pese a las críticas, Alcocer terminó la actualización del PDU y presentó su última versión a principio de este mes. Si bien aceptó quitar del nuevo PDU algunos de los aspectos más polémicos, ciertos elementos siguen siendo preocupantes, según los miembros de la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano.
La falta de accesos públicos a las playas es una de las inquietudes mencionadas por Agustín Bravo, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Mientras la Ley General de Bienes Nacionales y el PDU actual señalan la necesidad de garantizar el acceso del público a las playas, la propuesta de PDU de Alcocer omite señalarlos. "El documento habla de playas públicas, como si hubiera de otra clase", dice, "al no regular los accesos a playas o de qué manera se darán esos accesos, lo que está haciendo tácitamente o por omisión es crear playas privadas".
Otro punto delicado es la protección de las dunas, de acuerdo con Javier Morales, presidente del Colegio de Ingenieros de Los Cabos. Mientras el PDU actual establece la obligación de respetar las dunas, la propuesta de Alcocer deja cierta indefinición. "Hay dunas que se llaman primarias y hay dunas secundarias", declara, "en la duna primaria, todo el equilibrio ecológico no debe tocarse, pero no se definen bien criterios de hasta dónde llega la duna primaria y dónde comienza la duna secundaria".
Sin embargo, la principal preocupación que suscita el nuevo PDU es que pretende triplicar el centro de población de Los Cabos, que pasaría de 53 mil a 170 mil hectáreas aproximadamente. El consultor explica que es importante extender el límite del centro de población, ya que éste quedó rebasado, pues en tres puntos existen asentamientos humanos fuera del límite, dado que allá el precio de los terrenos es más bajo.
"El límite del centro de población es una estrategia que tiene que ver con facilitar el ordenamiento del territorio", argumenta Alcocer, "el tener las áreas urbanas suficientes es poder disminuir la especulación de suelos y organizar el terreno de acuerdo a sus vocaciones".
Pero también reconoce que el hecho de incluir más terrenos al centro de población podría generar más especulación en un primer momento, aunque insiste en que los precios bajarían luego.
Los riegos de especulación son justamente una de las razones por las cuales esta propuesta ha sido cuestionada. "En cuanto se supo públicamente que había la propuesta de ampliar de 50 mil a 170 mil hectáreas el centro de población, unos terrenos de fuera de la zona de límite de población, empezaron a fraccionarlos y los empezaron a vender, sin servicios, sin nada", advierte el ingeniero Morales, "eso es una muestra de la especulación muy rápida, de lo que puede suceder".
Aunque reconoce la importancia de prever y planificar el crecimiento de Los Cabos, el director municipal de Ecología y Medio Ambiente, Raúl Rodríguez, cuestiona la pertinencia de la ampliación del centro de población, ya que a la fecha solamente el 30 por ciento del área de 53 mil hectáreas está desarrollado.
En una carta dirigida al presidente municipal el pasado 11 de marzo, Rodríguez, así como Daniela Pedraza, directora de políticas ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y César Cornejo, jefe del Departamento de Ecología estatal, expresan su preocupación con respecto a la posible ampliación del centro de población y recuerdan que tal decisión es de la competencia exclusiva del Congreso del estado.
También existen indicios de que la propuesta de Alcocer podría favorecer los intereses de grandes desarrolladores turísticos e inmobiliarios.
Dado que el ayuntamiento está obligado a darle servicios básicos a todos los asentamientos humanos localizados dentro del centro de población, explica el arquitecto Alfonso Cota, cualquier desarrollo que hasta ahora quedaba fuera de ese límite podrá exigir al ayuntamiento que le instale accesos pavimentados, agua potable, drenaje y electricidad, aunque quede a 20 kilómetros de la mancha urbana actual. Esto implica un gasto desmedido para el municipio, y no se ve cómo podría cumplir con tales obligaciones si hasta ahora no pudo hacerlo en el límite actual.
Según Cota, otra ventaja que representa la ampliación para los empresarios interesados en construir desarrollos turísticos o inmobiliarios en la zona no cubierta por el centro de población actual es que les será más fácil obtener cambios de uso del suelo y densidades, ya que los tramitarán a nivel municipal, considerado en general más laxo que el nivel federal.


Canibalismo hotelero

Los promotores de la ampliación no parecen tomar en cuenta el hecho de que la demanda de alojamientos turísticos no es infinita.
Treviño Angulo, secretario de Turismo estatal, rechaza que la oferta de alojamiento pueda llegar a rebasar la demanda de tal modo que los hoteles tengan que bajar sus precios. "Cabo se ha mantenido dentro de los destinos con mayor ocupación hotelera en México", expone, "anda arriba del 67, casi llegando al 70 por ciento anual, que es bastante alto. Tiene una tarifa promedio que oscila entre los 240-250 dólares la noche, que también es la más alta en la República mexicana".
Este optimismo es confirmado por John Solís, actual presidente del Consejo Coordinador de los Cabos. Según él, Los Cabos no ha resentido los efectos de la recesión en Estados Unidos, porque existe cierta seguridad de inversión. "No se ha estancado", asevera, "las inversiones en valores no han bajado, siguen subiendo. Entonces si tú compraste hace 10 años, ahora lo puedes vender por más que antes".
Sin embargo, algunos hoteleros advierten que el panorama no es tan alentador. Loïc Tenoux, dueño de un pequeño hotel en San José del Cabo, dice tener varios amigos que trabajan en bienes raíces y que no logran vender casas de segunda mano. "Algunas personas siguen invirtiendo directamente y hacen construir su casa nueva, pero la reventa ya no es un negocio", expresa.
En cuanto a la ocupación hotelera, el pequeño empresario explica que, al tomar en cuenta el tiempo compartido, los datos oficiales no reflejan la realidad. "Cuando hablo con todos los amigos hoteleros que conozco, lloran. En realidad, nadie cumplió su presupuesto del año", afirma.
Expone que a raíz del último huracán en Cancún, los hoteles de Los Cabos recuperaron una clientela de grupos en 2006-2007, pero ahora que Cancún se ha recuperado, la demanda de hospedaje ha vuelto a bajar.
El senador panista y hotelero cabeño Luis Coppola coincide con el diagnóstico del empresario europeo. "El 2006 fue muy bueno", expone, "en el 2007 se mantuvo el tráfico de pasajeros, pero aumentó la oferta de cuartos, entonces, las ocupaciones se bajaron porcentualmente. Y este año va a ser muy mal año, se va a caer del 5 al 9 por ciento, si no es que más".
Tampoco descarta la posibilidad de que los precios bajen con la creciente competencia entre hoteles. "Eso no falla. A mayor competencia los precios tienden a bajar y entonces empiezan a canibalizarse unos hoteles a otros", alerta.


¿Desarrollos masivos versus bajas densidades?

Lo que está en juego en la actualización del PDU es el modelo de desarrollo turístico que seguirá Los Cabos en los próximos años.
El principal rechazo a la visión de Gustavo Alcocer surgió cuando éste incluyó en su primera versión del nuevo PDU la posibilidad de construir edificios de hasta 30 pisos. "Los edificios de 30 niveles me parecen una salida muy buena, innovadora, creativa, pero siempre debe de estar subordinada a lo que desea la población", explica Alcocer.
Esa propuesta fue rechazada contundentemente por la sociedad civil. "Cuando nos presentó la primera alternativa, Gustavo Alcocer tenía los edificios de 30 pisos, que es lo que se estaba haciendo en Puerto Peñasco", expone el arquitecto Cota.
La primera versión también traía una propuesta de incluir zonas de viviendas medias y populares al corredor turístico, como ocurre en los destinos de turismo masivo del país. "Íbamos a generar un Acapulco", deplora Cota.
El secretario estatal de Turismo se declara convencido de la necesidad de preservar el modelo de desarrollo turístico actual, basado en bajas densidades, que contrastan con los destinos de turismo masivo. "En Los Cabos los hoteles que tienen la menor densidad y la mejor calidad son los más rentables", recuerda Treviño Angulo. "Son los hoteles que mejor ocupación y mejor tarifa promedio tienen. Como gobierno del estado, es nuestra propuesta".
Sin embargo, no tarda en matizar su discurso al aceptar que zonas todavía no tan desarrolladas del municipio, como son Cabo del Este (en el Mar de Cortés) y la costa Pacífico, se pueden ajustar a otras condiciones.
Así, el gobierno del estado acaba de anunciar que un grupo de empresas de Estados Unidos y España emprenderá la construcción en Cabo Cortés de un proyecto de 2 mil 300 millones de dólares que prevé la edificación de 5 mil cuartos de hotel y 8 mil residencias en los próximos 12 a 15 años.


Corrupción

"Tengo 28 años viviendo allí y tengo 28 años oyendo de planes de desarrollo urbano que nunca se concretizan", expone el senador Luis Coppola.
Toma el ejemplo de un hotel vecino al suyo, que tiene 10 pisos cuando el límite establecido en el actual PDU es de seis niveles. Menciona el Hotel Riu, que obtuvo la autorización de construir 600 cuartos adicionales a los 700 que ya tenía, en violación a los límites de densidades establecidos. También cita al Hotel Hacienda que va a ser demolido para construir un edificio de ocho pisos, presuntamente porque el grupo que está realizando el proyecto le regaló al gobierno municipal 2.5 millones de dólares a través de un fideicomiso para la construcción de campos deportivos que todavía no se han realizado.
"Pero aparte de eso, se habla de que hubo dinero que se les entregó a funcionarios de la administración municipal", añade. "Los gobiernos municipales y estatales son corruptos. El gobierno municipal que va a terminar (de Luis Armando Díaz) es el más corrupto que ha habido allí porque ha permitido la modificación de los usos del suelo a un sinnúmero de desarrollos turísticos, sobre todo los de la zona del Pacífico, pegados a Cabo San Lucas, por multimillonarias cantidades de dinero y apoyo a los candidatos de su partido (PRD), cosa a la que los empresarios se prestaron".
Si bien Coppola acusa al gobernador actual, Narciso Agúndez Montaño, de sostener prácticas corruptas, también señala al ex gobernador y dirigente saliente del PRD, Leonel Cota. "¿Que si los empresarios lo apoyaban a él para sus campañas políticas? Sí, los apoyaron a él y al actual gobernador", concluye.



Población (cifras en miles de personas)

*Estimación de los entrevistados.

1990
43
1995
71
2000
105
2005
164
2008*
200-230



Agua (en millones de metros cúbicos)

Capacidad anual del acuífero de San José
23.8


Sistema de agua potable.
18.3


Sector agropecuario.
5.5



Demanda de agua por parte de la población que depende del acuífero de San José.
18.6



Consumo diario de agua

Por habitante.
250 litros


Por cuarto de hotel.
1,500 litros



Hospedaje turístico

Año
Cuartos de hotel
1993
3 mil 500
2003
9 mil 200
2005
9 mil 967
2006
11 mil 449
2007
14 mil 53



Ocupación hotelera


Nacional
Extranjero
Total
2005
160.164
704,741
864 mil 905
2006
213,476
843,047
1 millón 56 mil 523
2007
230,604
865,594
1 millón 96 mil 198



Derrama económica anual por concepto de turismo en ocupación hotelera en el Estado de BCS (cifras en millones de pesos):


2005
7,019
2006
7,362
2007
7,373



Concreto sobre naturaleza

El cabildo de Los Cabos está por discutir y, en su caso, aprobar un nuevo Plan de Desarrollo Urbano que triplicaría el área actual del centro de población. Esto podría complicar los problemas sociales y ambientales que ya existen, derivados del desarrollo turístico e inmobiliario.



Limite del centro de poblacion propuesto
170 mil hectáreas


Límite del centro de población actual
53 mil hectáreas



Zona de Refugio Submarino de Flora, Fauna y Condiciones Ecológicas del Fondo

Competencia: federal.
Ubicación: Cabo San Lucas.
Decretada el 29 de noviembre de 1973.
Relevancia: se trata de un cañón submarino, en el cual se producen cascadas de arena.



Reserva Ecológica Estero de San José del Cabo

Competencia: estatal.
Ubicación: extremo sur de la Cuenca del arroyo San José, en San José del Cabo.
Decretada el 10 de enero de 1994.
Superficie: 486 hectáreas.
Relevancia: es uno de los pocos esteros de agua dulce que existen en México, donde se reporta la presencia de 123 especies de plantas y más de 200 especies de aves residentes y migratorias, reptiles, mamíferos y peces, 23 de los cuales son amenazadas.



Desarrollos proyectados:

Cabo Cortés

Fecha de autorización: 2008.
Monto de la inversión: 2 mil 600 millones de dólares.
Desarrolladores: Hansa Urbana (desarrolladora española) y Goodman Real Estate (fondo de inversión estadounidense).
Superficie: 4 mil hectáreas.
Tipo de servicios: una marina, campos de golf, centros deportivos, áreas comerciales con restaurantes y bares.
Tipo de hospedaje: zona hotelera, condominios, 8 mil viviendas exclusivas.


Cabo Pacífica

Fecha de autorización: 2007.
Monto de la inversión: mil 422 millones de dólares.
Desarrolladores: Gran Armee del Cabo (familia Coppel).
Superficie: 293 hectáreas.
Tipo de servicios: dos campos de golf de 18 hoyos, club de playa.
Tipo de hospedaje: una zona residencial; un sitio hotelero.


Desarrollo turístico náutico La Ribera

Fecha de autorización: 2007.
Monto de la inversión: 500 millones de dólares.
Desarrolladores: Desarrolladora La Ribera.
Superficie: 234 hectáreas.
Tipo de servicios: una marina, campo de golf.
Tipo de hospedaje: hoteles, lotes residenciales y condominios.


Otras áreas naturales protegidas del municipio .(Ubicadas fuera del limite del mapa)


Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna

Competencia: federal.
Ubicación: en los municipios de La Paz y Los Cabos.
Decretada el 6 de junio de 1994.
Superficie: 112 mil 437 hectáreas.
Relevancia: Cuenta con ecosistemas únicos, con una gran diversidad de especies de flora y fauna silvestres. También juega un papel muy importante en la recarga de los mantos acuíferos.


Parque Marino Nacional Cabo Pulmo

Competencia: federal.
Ubicación: frente a la costa este de Los Cabos.
Decretado el 6 de junio de 1995.
Superficie: 7 mil 111 hectáreas.
Relevancia: es la única área de arrecifes del Golfo de California.
Además de representar un ecosistema muy rico, tiene una función importante en la prevención de la erosión de la costa y del daño causado por tormentas y ciclones.


Puerto Los Cabos

Monto de la inversión: 930 millones de dólares.
Desarrolladores: Fonatur y Grupo Questro (familia Sánchez Navarro).
Superficie: Mil 800 hectáreas.
Tipo de servicios*: dos campos de golf de 18 hoyos cada uno, una marina con capacidad para 500 embarcaciones, áreas comerciales, clubes de playa, parques temáticos, museos públicos.
Tipo de hospedaje*: cinco hoteles, 500 lotes residenciales.
*No corresponden a los originalmente planteados.



Especies amenazadas

Al menos tres especies tenían su hábitat en lo que hoy es el proyecto Puerto Los Cabos.

Tortuga Laúd
Nerodia valida
Gallito marino



FUENTES: INEGI, Secretaría de Turismo estatal, Colegio de Ingenieros de Los Cabos, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Alva Valdés, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Programa de Manejo de la Reserva Ecológica Estatal Estero de San José, Greenpeace y Libro Blanco de Puerto Los Cabos de Fonatur.

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Desarrollo que impacta a la reserva

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(23-Mar-2008).- En la marina de Puerto Los Cabos, el rugir de los motores ha reemplazado el canto de los pájaros. Los relucientes yates de lujo han sustituido a las aves acuáticas migratorias que cada año llegaban a ese lugar para tomar fuerzas y alimento en su camino hacia el Sur.

Y es que el Grupo Questro y Fonatur escogieron la Reserva Ecológica Estatal del Estero de San José, que alberga más de 200 especies de aves y peces, algunos en peligro de extinción, para ubicar la marina de su megaproyecto turístico.

Con apoyo de las autoridades tanto municipales como estatales y federales, los desarrolladores de Puerto Los Cabos no sólo están amenazando la sobrevivencia de un ecosistema inédito en el mundo, sino que podrían poner en riesgo el acuífero de todo el municipio.


Cambio de uso de suelo irregular


Nacido en 1992 como una coinversión de Fonatur con el Grupo Mar de Mariano Mariscal, el proyecto Puerto Los Cabos fue luego retomado en 2000 por la empresa Marina La Playita, filial del Grupo Questro dirigido por Eduardo Sánchez Navarro, que posee algunos de los más destacados desarrollos de Los Cabos, como son Cabo Real, El Dorado, Club Campestre San José y El Tule.

El proyecto, cuya inversión representa 930 millones de dólares, preveía originalmente la edificación de más de 2 mil 500 residencias turísticas, mil 600 cuartos condominales, dos hoteles, un área comercial, un centro cultural, un campo de golf de 27 hoyos, la implantación de una zona ecológica de 280 hectáreas, así como la construcción de una marina para mil 600 embarcaciones.

Para obtener de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la autorización de construir la marina, los desarrolladores pidieron al municipio de Los Cabos que aceptara el cambio de uso del suelo de la zona donde se preveían esas obras, ya que ésta coincidía con parte del Estero de San José, declarado reserva ecológica estatal en 1994.

El cabildo aprobó ese cambio de uso de suelo en 1998, argumentando que no interfería con la zona protegida: "En lo referente al cambio de uso de suelo de 7.9 hectáreas situadas en la zona de amortiguamiento del área natural protegida El Estero al solicitado, AT (alojamiento turístico), es compatible con los usos recreativos que permite el área de amortiguamiento en su plan de manejo vigente del área natural protegida El Estero", establecía el documento de la autoridad.

Esta resolución parece contradecir el decreto que declara al Estero de San José como reserva ecológica estatal, según el cual en la zona de amortiguamiento del Estero solamente "se pueden realizar actividades económicas productivas (...) que coadyuven al sostenimiento de esta área natural protegida".

En 1999, el gobierno de Baja California Sur cuestionó el cambio de uso de suelo realizado por el ayuntamiento de Los Cabos al considerar que la reserva ecológica del Estero de San José es de competencia estatal. En consecuencia, la Semarnat puso como condición para otorgar el permiso de construcción de la marina el que la empresa obtuviera la anuencia del Comité Pro-Restauración y Mantenimiento del Estero de San José, dependiente del gobierno estatal.

A su vez, este comité dio su visto bueno a las obras a la condición de que "se firme con ellos un convenio de apoyo económico a sus funciones por 200 mil dólares a cuatro años, más una cooperación de 100 dólares por cada unidad vendida", según quedó estipulado en el acta de sesión del Comité Técnico del Fideicomiso 192 Puerto Los Cabos-Fonatur, del 27 de noviembre de 2001.

Según otra acta del Comité Técnico del Fideicomiso, correspondiente a la sesión del 31 de marzo de 2004, esta cantidad debía ser entregada al gobierno del estado ese año, ya que habían sido otorgados el permiso de la Semarnat y las licencias de construcción por parte de los gobiernos estatal y municipal.

En una reunión pública, Jorge Buch, director del proyecto Puerto Los Cabos, declaró que había entregado el dinero al Comité Pro-Restauración y Mantenimiento del Estero, explica Janeth Martínez, coordinadora de actividades de Los Ángeles del Estero, una ONG dedicada a la protección de la reserva. "Pero después el municipio dijo que no lo había dado, sino que había firmado el convenio de darlo. Total, que el dinero nadie sabe si se dio o no se dio", expone.

En todo caso, las acciones del comité no se han visto, según la activista.

En un recorrido que realizó Enfoque el pasado 1o. de marzo por la zona núcleo de la reserva del Estero, que constituye el banco genético de las especies y donde está prohibido realizar cualquier actividad que altere el ecosistema, se pudo observar a dos empleados del hotel Presidente llenando sacos de arena, y que reconocieron estar desviando el arroyo para regar los jardines del hotel. También se vieron escombros y restos de tuberías tirados, que denotaban el estado de abandono de la reserva.


Salinización del acuífero


Algunos grupos ecologistas manifestaron su preocupación porque consideraban que la apertura de la marina podía provocar la salinización del principal acuífero de la zona, la cuenca de San José, que está conectada con el Estero.

Las inquietudes de Greenpeace y Los Ángeles del Estero fueron respaldadas por las opiniones de tres especialistas: el hidrólogo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Emigdio Z. Flores; el investigador del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, Hem Nalini Mor zaria Luna, y el hidrólogo de la consultora estadounidense Hydrofocus, Steven Deverel.

Sin embargo, según el director general de Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro, el riesgo de salinización del acuífero no existe. "Nosotros hicimos todos los estudios que se tenían que realizar para saber que no pasara eso", asevera el empresario.

Explica que debido a esas inquietudes, Puerto Los Cabos decidió contratar una empresa, con el aval de Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), para realizar un estudio adicional. "Lo único que se está haciendo es que se está cerciorando para que todos estén más tranquilos", declara.

Cuestionado al respecto, Pablo Uribe, representante de la región noroeste del Cemda, reconoció estar negociando con Grupo Questro. "Cemda ha estado platicando con la gente de Grupo Questro para tratar de llegar al diseño de un plan de remediación del acuífero de San José", declaró, "pero no puedo hacer ningún comentario oficial porque parte de nuestro arreglo con ellos es que no tengamos contacto con la prensa".

Por parte del gobierno municipal, la postura consiste en cuestionar la validez de los estudios que mencionan posibles riesgos al acuífero. "Hay estudios, pero todos los estudios se contradicen", opina José Luis Cortés, director general municipal de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología. "Aquí mucha gente opinó acerca de que estaba mal ubicada, que iba a causar salinización, filtraciones y todo. Para poderles autorizar abrir la marina, se les pidió que trajeran un estudio donde demostraran que no iba a suceder eso. Entonces, ante los estudios, ¿qué es lo que nosotros como municipio podemos hacer?".

Del lado del gobierno estatal, el desarrollo Puerto Los Cabos también parece disfrutar de un apoyo incondicional. "Le dimos seguimiento a la 'permisología' que tuvo Puerto Los Cabos", expone el secretario de Turismo estatal, Alberto Treviño Angulo, "y allí están trabajando porque cumplieron con todas las especificaciones y con todos los permisos. Entonces, nosotros podemos tener muchas ideas, que 'a la mejor afecta', o sea 'a la mejor puede', allí no es algo contundente".

Cuando se le preguntó si la apertura de la marina de esa manera podía ser preocupante, Treviño Angulo contestó: "No te puedo certificar que la gente de Puerto Los Cabos sea una gente que quiera atentar contra la ecología en nuestro estado. Te puedo decir que los dueños son pioneros del desarrollo en Los Cabos. Son gente que tiene una reputación muy buena, gente que ha colaborado con la sociedad y con el desarrollo de Los Cabos".


Demanda penal


Sánchez Navarro asegura que su empresa está preocupada por el medio ambiente. "El que nos hayan señalado a nosotros como que no hemos cumplido con algunas de las reglamentaciones... yo te diría que somos una empresa socialmente responsable, pero también ecológicamente responsable", afirma, "y siempre nos hemos regido bajo las leyes y bajo lo que establecen las autoridades".

No obstante, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) inició en enero de 2005 el procedimiento administrativo contenido en el oficio PROFEPA E.17.03.018.2005 en contra de la empresa Marina La Playita por la construcción de un bordo de protección en la zona del humedal del Estero sin autorización en materia de impacto ambiental.

Raúl Rodríguez, director municipal de Ecología, confirma que su dependencia levantó un acta circunstancial y la turnó a la autoridad competente. "Allí hubo un movimiento de tierra", reconoce, "y eso fue desde el trienio pasado que empezaron, en donde el removimiento de tierra o de lodos se acumuló en una parte que no estaba autorizada".

Ya que el relleno de humedal constituye un delito federal, merecedor de dos a 10 años de cárcel, según el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, Norma Sánchez, presidenta de Los Ángeles del Estero, interpuso una demanda penal ante la Profepa contra Sánchez Navarro y otros ejecutivos de Puerto Los Cabos, dando lugar a la averiguación previa AP133/UEIDAPLE/DA/27/2007 abierta el 30 de julio de 2007.

"Esto fue un relleno que Puerto Los Cabos realizó con todos los lodos de excavación de la Marina", explica Norma Sánchez. "Estos lodos son arcillosos y tienen un material que tiene características de impermeabilización. Cuando colocaron todo este material aquí, provocaron el bloqueo de un cuerpo de agua conocido como el Esterito. En este cuerpo de agua mataron todo el ecosistema".

Interrogado sobre la demanda penal, Sánchez Navarro primero contestó que se trataba de una equivocación. "Pudiera aparecer como que haya algunas demandas, pero la realidad es que no hay ninguna demanda", afirmó.

Cuando se le dijo que Enfoque tuvo acceso a la averiguación previa, finalmente respondió: "la pregunta es si nosotros nos regimos bajo las leyes y la respuesta es sí, nos regimos bajo las leyes y somos una empresa ecológicamente responsable".

Sánchez Navarro prefiere resaltar las contribuciones a la comunidad de su empresa, que hace 15 años participó en la construcción de dos escuelas en Cabo San Lucas y tiene planeado otorgar este año 200 becas a través de la Fundación Questro.

Con Puerto Los Cabos, el empresario espera generar 10 mil empleos. "Todos los compromisos que adquirimos, los hemos cumplido", subraya. "Se reubicó a cierta gente, se dio una donación para la telesecundaria que está allí, estamos ahorita trabajando en la parte de una guardería. La semana pasada o antepasada inauguramos la Plaza Cívica. El gobernador fue a inaugurar eso, junto con el presidente municipal, la síndica y todo. Se inauguraron las calles adentro del poblado de la Playa, la parte de la Marina para los pescadores".


Consecuencias sobre el ecosistema


Las consecuencias del desarrollo de Puerto Los Cabos sobre el ecosistema no tardaron en observarse.

Como resultado de la construcción de la marina, el gallito marino, un ave en peligro de extinción que solía anidar en la parte del Estero donde está ubicada la marina, dejó de hacerlo en esa zona, explica Janeth Martínez, de Los Ángeles del Estero.

A consecuencia del relleno del humedal, que secó parte del Estero, varias especies están desapareciendo de la reserva, añade la activista. Una culebra de agua, la nerodia valida, vivía en los espejos de agua que empezaron a secarse. La presencia de tres especies de langostinos y 14 especies de peces también se vio afectada por el cambio de curso del arroyo provocado por las obras del proyecto turístico.

La tortuga laúd, otra especie en peligro de extinción, anidaba en la playa abarcada por el desarrollo de Puerto Los Cabos. "Ya es muy difícil que anide porque están dejando poco espacio, la playa está muy cambiada, y la laúd necesita mucho espacio para hacer su recorrido y dejar los huevos", concluye Martínez.

Enfoque recomienda

En esta liga se puede consultar el Libro Blanco de Puerto Los Cabos realizado por Fonatur en 2006, donde queda demostrado que en la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso 192 Puerto Los Cabos-Fonatur, del 18 de noviembre de 2003, los desarrolladores autorizaron seguir con algunas obras viales y preliminares a la excavación de la Marina, "aun sin contar con las autorizaciones".

http://www.fonatur.gob.mx/libros_blancos/_comercializacion/_Puerto_Los_Cabos.htm

Sobre las familias de los mineros de Pasta de Conchos

'Recuperen sus restos'

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(17-Feb-2008).- "No lo puedo dejar allí", dice entre sollozos María del Refugio López al referirse al cuerpo de su esposo, José Isabel Minjares, prisionero de uno de los túneles de la mina Pasta de Conchos, donde falleció junto con otros 64 mineros, tras la explosión del 19 de febrero de 2006.
La necesidad de darle a José Isabel una sepultura digna es lo que motivó a María del Refugio a montar su tienda de campaña el domingo pasado afuera de las oficinas del Grupo México, junto con familiares de otros de los 65 mineros cuyos restos faltan rescatar.
"No queremos dinero", aclara Alma Lorena Álvarez, hermana de otro minero de nombre Jesús, "lo único que queremos es que nos entreguen lo que es de nosotros, el rescate de nuestros seres queridos, lo que quede de ellos".
Las viudas aún no perciben su pensión porque Grupo México presentó un amparo para no tener que pagar parte de las pensiones que el IMSS se niega a cubrir completamente porque la empresa registraba a sus trabajadores con un sueldo inferior al que recibían realmente, explica Elvira Martínez, esposa del fallecido Jorge Vladimir Muñoz Delgado.
Pero no es lo que vinieron a pelear en este plantón, insiste.
Después de recuperar los cuerpos, lo que buscan los familiares de los mineros es que se haga justicia y se castigue a los responsables del accidente.
Pese a que los representantes de Grupo México prometieron no descansar hasta sacar de la mina los restos de todos los trabajadores, la empresa decidió dar por terminado el rescate el 4 de abril del 2007, oficialmente porque las condiciones eran inseguras y ponían en riesgo la vida de los rescatistas.
Los familiares afirman que la verdadera razón por la que la empresa no siguió con la recuperación de cuerpos es que podría revelar su responsabilidad en el accidente y en el fracaso del rescate.
"Ellos saben que los hubieran podido rescatar desde un principio", opina María Trinidad Cantú, madre del minero Raúl Villasana Cantú, "pero si salen ellos, los huesitos van a hablar de qué fallecieron".
Según Alma, cuyo esposo trabajó en las labores de rescate, los ingenieros que bajaban a la mina llegaron incluso a ver algunos de los cuerpos. "Al momento de que entran los ingenieros, ¿por qué empezaron a poner una malla?", pregunta. "Para que nadie pudiera pasar por allá. Para que se hayan salido vomitando los ingenieros es porque los vieron. Y los trabajadores comentaban de unos olores fuertes que se sentían allí".
Alma espera que el plantón, instalado días antes de que se cumplan dos años del accidente, sirva para presionar al gobierno para que obliguen a todas las empresas mineras del país a garantizar medidas que resguarden a sus trabajadores.
Sin embargo, considera que hasta la fecha las autoridades no han respondido a las demandas de los familiares.


Incumple Lozano

Alma recuerda cuando se reunieron con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, el 20 de septiembre de 2007. Después de prometer que unos peritos contratados por la secretaría entregarían un informe el 19 de septiembre sobre la posibilidad de emprender nuevamente labores de rescate en Pasta de Conchos, Lozano recibió a los familiares para avisarles que los peritos habían pedido una prórroga. Se había comprometido a estar solo en la junta, a cambio de que los familiares vinieran sin sus asesores. Sin embargo, el secretario estaba acompañado de una mesa llena de subalternos.
"Le dije: 'disculpe, usted dijo que iba a estar solo. Entonces, ¿por qué tiene toda esa gente aquí?'. Y dijo: 'Es que aquí mando yo. Las condiciones las pongo yo'. Nos paramos y nos salimos", narra Alma.
Pese a las condiciones difíciles que tienen que enfrentar al tener su campamento en una acera de la colonia Polanco, bajo la vigilancia de una decena de policías que resguardan la entrada del edificio del Grupo México, los familiares de los mineros dicen estar determinados a mantener el plantón hasta que se reanuden las labores de rescate.
Las nueve tiendas de campaña están protegidas por una gran carpa blanca, pero ésta no aísla a sus ocupantes del frío nocturno. Las mujeres tienen que privarse de tomar agua para no tener que ir al baño, ya que la tienda donde iban a usar el sanitario les negó el acceso después de dos días de plantón.
Pero, para Elvira, lo más duro de participar en el movimiento es tener que dejar a sus tres hijos. Estima que pese a estar al cuidado de sus abuelos, se ven afectados por la situación. "A la grande, le dijo una vez mi mamá: 'mira que tu mami está haciendo esto por tu padre'. 'Sí, mi mami siempre vio primero por él. Y ahora que él se fue, mi papi también se la llevó porque ya no está aquí con nosotros'", cuenta.
"Tenemos a veces que sacrificar muchas cosas, y es donde más te duele porque tus hijos siguen sufriendo. Y estos señores, los empresarios, son gente insensible que no piensan en eso".
El recibir el apoyo de algunos transeúntes, como él de Fitzia Mendialdua, quien se paró a expresar su admiración por su movimiento, es lo que ayuda a las mujeres a mantener la esperanza.
A veces María del Refugio siente la tentación de resignarse, pero el no tener el cuerpo de su esposo no la deja vivir.
"Mi esposo se quedó en la propiedad privada de Minera México", asevera, "es lo que nos recalcan siempre, que nosotros, al estar en la mina, estamos en una propiedad privada. Les digo: 'también mi esposo era privado, era mío y no me lo han entregado'".


Viva Voz

"Hay trabajadores que les dijeron a los ingenieros que no se podía bajar porque había mucho gas (el día de la explosión). Y sin embargo, así los bajaron. ¿A qué los bajaron? ¿A asesinarlos? Porque, para nosotros, es un asesinato lo que hicieron".
Alma Lorena Álvarez Flota
Hermana de minero

Cobertura de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Castañeda

Pretende Castañeda postularse en 2009

Publicado en Nacional

Por Laurence Pantin

(08-Feb-2008).- Enviada
SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Confiado en los resultados de la audiencia pública que tendrá hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ex canciller Jorge Castañeda aseguró que si el Estado mexicano se ve obligado a permitir las candidaturas independientes, en el 2009 podría ejercer su derecho a postularse a algún cargo de elección popular.
"Quisiera que, si ganamos el caso, esto llevara a una serie de reformas en la legislación electoral mexicana que extiendan la posibilidad de las candidaturas independientes a todos los niveles", expresó, "obviamente si la Corte decide darme la razón, buscaría ejercer esos derechos electorales. Ya si los ejerzo para un cargo o para otro cargo, veríamos".
Interrogado sobre si pensaría ser otra vez candidato a la Presidencia en 2012, contestó: "Podría ser en el 2009, puedo querer ser candidato a diputado".
En la audiencia, la CIDH analizará la responsabilidad del Estado mexicano en la presunta violación a los derechos políticos y a la protección judicial de Castañeda, después de que el IFE se negara a registrar su candidatura independiente en la pasada elección presidencial.
Se espera que la Corte emita su sentencia entre julio y noviembre.
Será la segunda vez desde la instalación de la Corte Interamericana en 1979 que México comparezca ante ella; la primera ocasión fue en 2004 por el caso de supuesta tortura a Alfonso Martín del Campo, en el que la Corte se declaró incompetente.
Después de que su candidatura fue rechazada por el IFE en 2005, por no tener el respaldo de un partido, Castañeda solicitó un amparo que fue declarado improcedente por la Suprema Corte en agosto de ese año.
Al considerar que no había otra instancia nacional a la cual recurrir, Castañeda llevó el caso a la CIDH en octubre de ese año. A su vez, ésta presentó una demanda contra el Estado mexicano el 21 de marzo de 2007 por violar el derecho a la protección judicial reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Santiago Corcuera, uno de los abogados de Castañeda, confía en que la CIDH encuentre que el Cofipe viola el artículo 23.2 de la Convención Americana, que establece que la ley puede reglamentar el ejercicio del derecho a ser votado "exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal".
Esta lista de restricciones no incluye el no ser postulado por un partido.
"Queremos que la Corte diga que 'exclusivamente' quiere decir 'exclusivamente' y no 'entre otros'", subraya Corcuera.
Otro de los defensores, Fabián Aguinaco, expresó ayer su preocupación porque el Estado mexicano pidió apenas hace cuatro días cambios en el formato procesal de la audiencia, pues podría tratarse de un intento por repetir la estrategia empleada en el caso Martín del Campo.

Acude Gobierno mexicano

Por Laurence Pantin

(08-Feb-2008).- SAN JOSÉ.- El Presidente Felipe Calderón tendrá información de primera mano sobre el caso Castañeda, pues el nuevo consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, será uno de los abogados del Estado mexicano.
Así lo confirmaron las partes involucradas en el caso, al recibir un oficio donde se indica que entre los representantes del gobierno figura Alessio Robles como Consejero Jurídico del Ejecutivo.
Alessio Robles conoce el caso, pues como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación llevaba la defensa jurídica del Estado mexicano ante los organismos internacionales.

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Gana Castañeda round al Estado mexicano

Publicado en Nacional - Reforma

Por Laurence Pantin

(09-Feb-2008).- Enviada
SAN JOSÉ.- El ex Canciller Jorge Castañeda ganó un "round" al Estado mexicano en la audiencia pública celebrada ayer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al lograr mantener vivo el litigio en torno a las candidaturas independientes.
En la sesión, los representantes del Gobierno y de la presunta víctima intercambiaron argumentos y acusaciones durante una acalorada discusión de más de cuatro horas, ante un público que no cabía en la sala.
Castañeda abrió la audiencia con su testimonio, en el cual aseguró que sufrió un daño moral al ver su candidatura rechazada por el IFE, ya que su prestigio acumulado durante años fue sujeto a un escarnio generalizado, cuando la gente pudo decir: "Ya ven, esta era una aventura quijotesca".
Ante ello, el consultor Jorge Carmona, de la defensa del Estado mexicano por parte del IFE, rebatió que las declaraciones sobre daño a Castañeda son "subjetivas".
Los abogados del ex Canciller reviraron que un daño moral es por naturaleza subjetivo.
Castañeda dijo que recurrió al sistema interamericano de derechos humanos por confiar en las instancias jurídicas internacionales, a las que recurrió durante su periodo como titular de Relaciones Exteriores.
Lo hizo para exhibir al subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, quien en ese entonces trabajaba bajo sus órdenes y hoy encabeza al equipo jurídico del Gobierno.
"A esta honorable Corte se le solicitó, por instrucciones mías, al Embajador Gómez Robledo aquí presente encabezando la delegación mexicana, que pidiera una opinión consultiva a la Comisión a propósito de un fallo contra los derechos de los trabajadores migratorios en Estados Unidos", explicó, provocando risas en el auditorio.
La tensión aumentó cuando Carmona formuló una larga pregunta a Castañeda, cuya defensa objetó por no ser una interrogante sino de un alegato. "Si la introducción a una pregunta es muy larga, ya deja de ser una pregunta", advirtió la presidenta de la Corte, Cecilia Medina-Quiroga.
En varias ocasiones, Medina-Quiroga tuvo que llamar al orden a los abogados por no contestar las preguntas de los jueces, extenderse demasiado o mezclar excepciones preliminares y alegatos.
La última pregunta de la audiencia, formulada por la presidenta de la Corte, se dirigió al Estado mexicano, para conocer cuál es la justificación para limitar la posibilidad de ser candidato a ser postulado por un partido.
Tras unos segundos de silencio, Carmona contestó que las candidaturas independientes no están prohibidas a nivel federal en la Constitución, pero que corresponde a los legisladores formalizarlas o no en la ley secundaria.
Antes de levantar la sesión, Medina-Quiroga dijo que las partes tienen hasta el 10 de marzo para presentar por escrito sus alegatos finales.


Así lo dijo

"Sabemos que está litigando esto a muerte porque el Estado es el protector de la partidocracia en México".
Jorge Castañeda
Ex Canciller

Cuestionan a funcionario

Por Laurence Pantin

(09-Feb-2008).- SAN JOSÉ.- El equipo jurídico de Jorge Castañeda pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos retirar del caso al subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, por los lazos profesionales y de amistad que sostuvieron ambos.
Como Canciller, Castañeda nombró a Gomez Robledo consejero jurídico de la SRE en 2000, puesto que ocupó hasta el 2004. Además, asesoró a Castañeda en el inicio de su litigio ante la CIDH.
"Entiendo la situación muy incómoda para Gómez Robledo, que... habiendo sido mi abogado, y mi amigo y mi consejero... ahora se pase del otro lado de la mesa", sostuvo Castañeda.
Gómez Robledo aseguró que la CIDH desestimó el argumento.

Sobre comercio franco-mexicano

Avanza comercio franco-mexicano

Publicado en Negocios - Reforma

Por Laurence Pantin


(28-Ene-2008).- El Grupo de alto nivel franco-mexicano que crearon los presidentes Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy durante la visita en París del Mandatario mexicano en junio pasado, se reunirá por primera vez hoy en México.
"Tiene como objeto establecer un diagnóstico y dar la pauta para proyectos comunes que favorezcan la estructuración, sean un motor de progreso y se caractericen por ser innovadores", señaló en entrevista Hervé Novelli, secretario de Estado para las Empresas y el Comercio Exterior de Francia, quien acompaña a los empresarios franceses miembros del Grupo en su visita de dos días.
Además de sostener reuniones con miembros mexicanos del Grupo de alto nivel -cuya lista de participantes aún no fue revelada-, tendrán encuentros hoy con Eduardo Sojo, Secretario de Economía, y Patricia Espinosa, titular de la SRE, y mañana con el Presidente Calderón.
Los miembros de la delegación francesa son ocho dirigentes de grandes empresas y un académico, entre ellos: Jean-Louis Beffa, de Saint-Gobain; Bruno Lafont, de Lafarge; Gérard Mestrallet, de Suez; Gilles Pélisson, de Accor; Franck Riboud, de Danone; y Jean-Michel Blanquer, Rector de la Academia de Créteil.
Novelli espera que el Grupo pueda conformar asociaciones públicas y privadas de cooperación industrial y tecnológica que beneficien a ambos países, así como ayudar a que más empresas francesas participen en licitaciones de contratos públicos en el marco del Plan Nacional de Infraestructuras lanzado por Calderón.
"Francia fue el cuarto inversionista extranjero en 2006", explicó, "y debería ser el tercero en 2007. Con un volumen de negocios de 12 mil millones de dólares y 75 mil empleos directos, nuestras empresas contribuyen con su presencia al crecimiento del País y del empleo".
Informó que mañana irá a la inauguración en Cuautla, Morelos, de la mayor planta de fabricación de vidrio plano de Saint-Gobain en el mundo y señaló la inauguración la próxima semana de una fábrica de refacciones para automóviles de Plastic Omnium en Silao, Guanajuato.
Respecto a la salida del País de empresas francesas como Auchan o Carrefour, o de la venta de plantas por Electricité de France, Novelli estima que las nuevas inversiones son más significativas que las cesiones.

Sobre la situación política, económica y social en América Latina

América Latina: nuevos desafíos

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(27-Ene-2008).-

Nuevas constituciones

El 2007 fue marcado por los intentos de los gobiernos de tres países -Venezuela, Ecuador y Bolivia- de reformar o establecer una nueva Constitución con el fin de implementar el "socialismo del siglo XXI".
En Venezuela, Hugo Chávez presentó en agosto pasado un proyecto de reforma a la Constitución Bolivariana que impulsó cuando llegó al poder en 1999. Mientras la Constitución aprobada entonces por el 70 por ciento de la población garantizaba la libertad económica y promovía la iniciativa privada, esta vez se proponía "la construcción colectiva y cooperativa de una economía socialista".
El proyecto de reforma también contemplaba la extensión del mandato presidencial de seis a siete años, y la posibilidad para el Presidente de buscar la reelección sin límite, cuando actualmente está limitada a una vez. Justo un año después de su reelección con 62 por ciento de los votos, Chávez tuvo que admitir su derrota en el referendo sobre su propuesta de reforma a la Carta Magna, rechazada por el 50.7 por ciento de los electores el pasado 2 de diciembre. Pero no descartó hacer una nueva consulta sobre una propuesta de reforma simplificada a la Constitución en el transcurso de los cinco años que le restan en el poder.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, también promovió la redacción de una nueva Constitución, por lo que se eligió en julio de 2006 una Asamblea Constituyente, encargada de redactar el borrador de la nueva Carta Magna. Sin embargo, ésta debió interrumpir sus trabajos durante tres meses debido a un conflicto entre el partido oficialista y la oposición sobre la sede del gobierno nacional. La Asamblea reanudó sus deliberaciones en noviembre pasado, sin la participación del principal partido opositor, y aprobó el texto de la Constitución que deberá ser ratificado por referendo popular este año. De ser avalada, la nueva Constitución establecería un Estado plurinacional con más poder para los indígenas, un régimen económico mixto controlado por el Estado, la posibilidad de reelección del Presidente sin límites y la instauración de una segunda vuelta electoral.
Mientras esos puntos no generaron mayor controversia, el establecimiento de autonomías por departamentos, provincias, regiones y comunidades indígenas fue rechazado por la oposición y por cinco de nueve prefectos, que exigen que la autonomía llegue solamente a nivel departamental.
Por su parte, en noviembre el presidente ecuatoriano Rafael Correa manifestó su intención de promover una nueva Constitución que concilie generación de riqueza con justicia social y permita una mayor intervención del Estado en el manejo de la economía para contrarrestar la influencia del neoliberalismo. Su proyecto de Constitución también prevé la posibilidad de reelegirse por una ocasión. La Asamblea Constituyente designada por los electores en octubre pasado está controlada por el partido del Presidente, por lo que ratificó a éste en su cargo mientras disolvió al parlamento dominado por la oposición, que acusó al gobierno de iniciar una dictadura. La Constituyente tendrá seis meses para redactar y aprobar el texto de la nueva Constitución, que deberá ser ratificado por referendo popular este año.



Fidel, ¿Presidente de nuevo?

Tras 17 meses de incertidumbre en torno a la salud de Fidel Castro y el futuro político de Cuba, algo se mueve en la isla.
Cuando las autoridades anunciaron el 31 de julio de 2006 que Fidel dejaría a su hermano Raúl las riendas del país, como consecuencia de una enfermedad digestiva, empezaron las especulaciones en torno a una posible transición de poder. La ausencia de apariciones públicas del convaleciente líder de 81 años y sus escasos retratos fotográficos o videograbados desataron rumores sobre su verdadero estado de salud. Pero las imágenes de su encuentro con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado 15 de enero -las primeras en meses en las cuales Fidel aparece de pie- sugieren que recobró fuerzas.
Aunque Fidel no ha anunciado si se presentará por séptima vez a la Presidencia del Consejo de Estado el próximo 24 de febrero, el haber sido electo diputado en los comicios del pasado 20 de enero lo habilita otra vez al cargo, ya que ser diputado es un requisito para ser candidato.
En una muestra del control político que todavía tiene el Partido Comunista, el 96 por ciento de los electores cubanos (8.1 millones) salió a sufragar el domingo pasado y el 91 por ciento escogió la fórmula del voto unido promovida por las autoridades.
Sin embargo, Castro ha dado recientemente mensajes que algunos interpretan como un retiro, al menos a una posición de liderazgo que ya no lo coloque en la primera línea. En la última sesión plenaria del 2007 de la Asamblea Nacional, dijo en un mensaje a los legisladores que no se aferra al poder; después, en un artículo del 16 de enero, reconoció su debilidad física y dijo haber encontrado en la escritura una "experiencia nueva".
Mientras se especula sobre el futuro de Fidel, otras figuras han adquirido reciente protagonismo: Carlos Lage, vicepresidente del Consejo de Estado; el canciller Felipe Pérez Roque, y el líder de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, entre otros.
Y Raúl Castro ha dado un nuevo matiz al liderazgo en la isla. El hermano menor de Fidel, quien es considerado un pragmático, llamó a hacer la autocrítica del régimen y afirmó la necesidad de una más extensa libertad de expresión en la sociedad y de una mayor pluralidad en el Partido Comunista. En el plano económico, tomó medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población y favorecer la productividad.



Banco del Sur

Frente a la resistencia de organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo de darles más poder de decisión en su seno, siete países latinoamericanos encabezados por Venezuela crearon el pasado 9 de diciembre el Banco del Sur.
Además de Hugo Chávez, los firmantes del documento constitutivo del Banco fueron: Néstor Kirchner, presidente de Argentina; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador; Nicanor Duarte, de Paraguay; y Tabaré Vázquez, de Uruguay. El nuevo banco de desarrollo, cuya sede central estará en Caracas, fue diseñado como una alternativa a los organismos internacionales de crédito. En éstos, el peso del voto que tiene cada socio depende de su PIB y de la cuota que paga al organismo, y muchas veces la repartición de poder no se actualizó para tomar en cuenta el cambio de posición económica de los países emergentes.
En contraste, los siete socios del Banco del Sur acordaron que cada país contribuirá al capital del banco de acuerdo con su capacidad financiera y desarrollo relativo, pero que todos los miembros tendrán el mismo poder de voto y veto. A más tardar en febrero debería definirse el monto que cada país aportará al capital inicial del banco que será de 7 mil millones de dólares.
Pero la mayor diferencia entre el nuevo banco y los organismos de crédito tradicionales es que éste no podrá imponer reglas sobre el manejo financiero del país que solicite un crédito, como lo hace el FMI, exigiendo a sus deudores que implementen políticas neoliberales.
Este banco también es uno de los pasos emprendidos por Chávez para una integración latinoaamericana. Sin embargo, Brasil puso límites a la estrategia al imponer como regla del banco que sólo otorgue créditos a países sudamericanos. Esto, con el fin de impedir que Chávez use el banco para apoyar a sus aliados ideológicos fuera de la zona, como Cuba o Nicaragua.



Autonomía: el conflicto boliviano

Aunque la descentralización es una prioridad para todos en Bolivia, el presidente Evo Morales está a favor de dar autonomías en todos los niveles de gobierno (departamental, regional, indígena y municipal), mientras que la oposición, encabezada por los prefectos de cinco de los nueve departamentos del país, exige que la autonomía sea restringida al nivel departamental, por considerar que el proyecto de Morales les restaría poder. El desacuerdo llegó a tal grado que Santa Cruz, junto con otros cuatro departamentos, amenazó con separarse de Bolivia.
El conflicto alcanzó su clímax cuando la Asamblea Constituyente, dominada por el partido gobernante, avaló en noviembre pasado un proyecto de nueva Carta Magna afín a las propuestas de Morales. En rechazo al nuevo texto constitucional, que deberá ser ratificado por referendo popular este año, entre 400 y 900 opositores realizaron una huelga de hambre del 4 al 15 de diciembre. Ese día, los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija decidieron anticipar las disposiciones de la nueva Constitución y aprobar sus propios estatutos autonómicos, mientras el de Cochabamba advirtió que haría lo mismo.
Morales criticó estos estatutos autonómicos y los calificó como una amenaza a la integridad del país y un instrumento para proteger los intereses de los grandes latifundistas, como lo es el impulsor del movimiento autonomista en Santa Cruz, Branco Marinkovic.
Este debate no es nuevo: hace ya tres años que los cuatro departamentos en rebeldía -también los más ricos del país- demandan su autonomía. Es por ello que el mismo Morales convocó a un referendo en julio de 2006, en el que estos departamentos dieron su visto bueno a la autonomía mientras que los otros cinco votaron en contra.
Después de varias semanas de tensión a finales del año pasado, Morales aceptó reunirse con los prefectos el 7 de enero y empezar a revisar el texto de la Constitución con ellos, en un esfuerzo por preservar la unidad de Bolivia.



Rechazo al neocolonialismo

Cada vez es más frecuente que las empresas españolas enfrenten reclamos y amenazas en Latinoamérica.
La presencia de empresas ibéricas en el subcontinente llegó a su auge en los años noventa, a raíz de las privatizaciones de empresas públicas hechas bajo recomendación de organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Es mucho lo que tienen que perder estas empresas, ya que la facturación latinoamericana de las cinco principales multinacionales españolas presentes en la región (Repsol, Telefónica, Endesa, Grupo Santander y BBVA) representa cerca de 100 mil millones de euros (1.5 billones de pesos) al año (Reforma, 25 de noviembre del 2007).
Apoyándose en una retórica nacionalista y antiimperialista, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela empezaron a cuestionar la manera de operar en su territorio de muchas multinacionales españolas, que a menudo incumplen obligaciones contractuales en cuanto a la calidad de los servicios, sus tarifas o el respeto al medio ambiente.
Los gobiernos de Argentina y Ecuador aumentaron los impuestos a la exportación de hidrocarburos que deben pagar las empresas extranjeras del sector. Brasil suspendió las licitaciones a empresas extranjeras en las inmediaciones del yacimiento que descubrió Petrobras recientemente, lo que afectó a Repsol. Lo mismo ocurrió con la nacionalización del gas en Bolivia.
En Nicaragua, el gobierno amenazó con intervenir en el negocio de distribución de electricidad que compró Unión Fenosa en 2000 si ésta no resuelve el problema de apagones recurrentes que afecta el país.
Argentina también obligó a las empresas extranjeras de servicios a congelar sus precios después de la devaluación de la moneda nacional, disminuyendo de manera drástica los beneficios de empresas españolas como Telefónica y Endesa.
Y el caso más sonado es el de Venezuela, que amenazó con nacionalizar los bancos Santander y BBVA tras el enfrentamiento verbal entre Chávez y el rey Juan Carlos de España en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile el año pasado.



Diplomacia en favor de rehenes

Después de años de esfuerzos diplomáticos dirigidos a resolver la situación de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la ex congresista Consuelo González y la ex candidata a la vicepresidencia de ese país, Clara Rojas, secuestradas por siete y seis años respectivamente, recobraron la libertad el pasado 10 de enero.
El momento del reencuentro de las rehenes con sus familiares en territorio venezolano fue retransmitido por televisión al mundo entero, no solamente por la emoción de la situación sino porque representó el punto culminante de las negociaciones entre Colombia y los guerrilleros, en las cuales intervinieron Venezuela, Francia, Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México.
Cansados de años de conflicto entre el gobierno y las guerrillas, los colombianos redoblaron su empeño el año pasado para exigir al presidente Álvaro Uribe que logre un acuerdo humanitario con las FARC y que éstas liberen a los 45 rehenes que consideran "canjeables" -entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt- a cambio de excarcelar a 500 guerrilleros.
Uribe, quien sabe que su popularidad se vería reforzada si consiguiera este acuerdo de cara a una posible segunda reelección en 2010, nombró en agosto pasado a la senadora opositora Piedad Córdoba mediadora para negociar con las FARC y aceptó la propuesta de la legisladora de pedir la conciliación de Hugo Chávez, no obstante sus diferencias ideológicas.
Chávez avanzó en las negociaciones, pero Uribe puso fin a la mediación el 22 de noviembre, tras saber que éste habló por teléfono con el comandante del Ejército colombiano sin avisarle. En respuesta, Chávez anunció el congelamiento de las relaciones bilaterales con Colombia.
Una semana después, las FARC declararon que liberarían a tres rehenes: González, Rojas y su hijo Emmanuel, a quien tuvo en cautiverio. Un primer intento de liberación fracasó a finales de diciembre, cuando la guerrilla acusó al gobierno de incrementar los operativos militares en la zona. Uribe alegó que la verdadera razón por cancelar la entrega de rehenes era que Emmanuel ya no estaba en manos de la guerrilla. Se supo entonces que el niño vivía desde hacía más de dos años en una casa hogar.
Tras el éxito de la segunda tentativa de liberación de Rojas y González, la comunidad internacional felicitó a Chávez, pero unos cuantos días después se distanció de él, cuando el venezolano pidió a Colombia reconocer a las FARC como una fuerza política y sacar al grupo guerrillero de las listas de grupos terroristas del mundo. Uribe aprovechó su gira europea de esta semana para reiterar que los únicos autorizados a mediar por la liberación del resto de los secuestrados son la Iglesia, España, Francia y Suiza.



Recursos energéticos en auge

Mientras Venezuela usa sus recursos petroleros para promover una presunta soberanía energética de la región, Brasil emerge como nueva potencia en la producción de combustibles.
Venezuela continúa en su intento de unificar al subcontinente en torno a la cuestión de la independencia energética. Después de asociarse con Argentina, Brasil y Uruguay en Petrosur y con 14 países caribeños en Petrocaribe, Venezuela creó Petroandina con Bolivia en 2006.
El sueño del presidente venezolano Hugo Chávez, promotor de estas agrupaciones, es conformar la Petroamérica, una entidad que aglomeraría a Petrosur, Petrocaribe y Petroandina. Todas estas alianzas se basan en el mismo esquema: ofrecer a los países socios la posibilidad de comprar el petróleo venezolano a cambio de bienes y servicios o mediante créditos blandos muy atractivos.
Además, Chávez también pretende construir el Gasoducto del Sur, un sistema de abastecimiento de gas para toda Sudamérica de 8 mil kilómetros, que correría desde Caracas hasta Buenos Aires.
Chávez justifica estas iniciativas como una voluntad de ayudar a sus países hermanos, pero sus críticos le reprochan su derroche de petrodólares.
Mientras, Brasil se volvió la segunda potencia energética de la región en noviembre pasado, cuando Petrobras confirmó el descubrimiento de un yacimiento de crudo ligero que podría duplicar las reservas actuales del país. Este descubrimiento se añade a la apuesta de producir etanol, un biocombustible destinado a sustituir las fuentes energéticas no renovables.
En ambos casos, la estrategia brasileña se distingue de la venezolana, al buscar alianzas fuera de la región. Una semana después de confirmarse las nuevas reservas petroleras, que podrían permitir al país volverse exportador de crudo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó el interés de Brasil de ingresar a la influyente Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Paralelamente, Lula firmó un acuerdo con Estados Unidos para asegurar el suministro de etanol y garantizar que la producción brasileña del carburante encuentre compradores, lo que le fue criticado por Chávez.



Mujeres al poder

Ser electas presidentas de Chile y Argentina no fue lo más complicado para Michelle Bachelet y la ex primera dama Cristina Fernández de Kirchner. En ambos casos, las verdaderas dificultades llegaron una vez instaladas en el poder.
Aunque la victoria de Bachelet en los comicios del 15 de enero de 2006 fue interpretada en Chile como un golpe al machismo, la mandataria socialista sería después víctima de un intento de "femicidio político", según definió la revista chilena Punto Final el 10 de agosto de 2007 a la serie de ataques recibidos por la Presidenta, que en los últimos meses enfrentó reproches por falta de liderazgo de parte de la oposición y del mismo Partido Socialista y deserciones de diputados y senadores de la coalición a la que pertenece -la Concertación-.
El 19 de agosto, Bachelet declaró al diario El Mercurio que los análisis respecto de su gobierno suelen tener un sesgo sexista. "Ya se aprenderá que los liderazgos femeninos no tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones, sino con el estilo que se sigue", dijo.
Las acusaciones de la clase política, y la aplicación fallida de un plan de transporte en la capital que generó descontento entre los usuarios, han deteriorado el nivel de popularidad de la dirigente. En diciembre solamente 39 por ciento de la población aprobaba su gestión, 23 puntos menos que al inicio de su administración en abril de 2006. Para darle un segundo aire a su mandato, que finalizará en marzo de 2010 sin posibilidad de reelección, Bachelet acaba de cambiar a seis ministros de su gabinete.
En Argentina, Cristina Fernández no tuvo que esperar ni una semana después de relevar a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia de Argentina, el pasado 10 de diciembre, para verse acusada por un fiscal estadounidense de financiar su campaña con recursos de Venezuela. Tres días después, Fernández rechazó de manera contundente estas acusaciones y reprochó a Estados Unidos montar esta "operación de basura internacional" para obligarla a desistir de su alianza con el presidente venezolano Hugo Chávez. "Esta presidenta puede ser mujer, pero no se va a dejar presionar. Argentina nunca necesitó que le señalen quiénes pueden ser sus amigos", expresó la Presidenta en uno de sus primeros actos oficiales.
La publicación la semana pasada de la declaración patrimonial de su esposo, con quien comparte bienes, desató otro escándalo. La oposición anunció que pediría la investigación de Kirchner, cuya fortuna personal se triplicó durante su mandato.



Fujimori: el juicio del siglo

El proceso penal contra Alberto Fujimori es histórico, ya que es la primera vez que un ex jefe de Estado es extraditado a su país para ser juzgado, y uno de los escasos casos en que un ex mandatario latinoamericano responde por sus actos ante la justicia.
Después de cinco años exiliado en Japón y dos detenido en Chile, el ex Presidente, quien había huido de Perú en el 2000 en medio de un escándalo de corrupción, fue devuelto a su tierra natal el 22 de septiembre del 2007 para enfrentar dos cargos por violación a los derechos humanos y cinco por corrupción.
El primer juicio, que inició el 26 de noviembre, culminó el 11 de diciembre con la condena de Fujimori a seis años de prisión por haber ordenado el registro ilegal del domicilio de la esposa de su ex asesor, Vladimiro Montesinos, presuntamente para encontrar videos que lo incriminarían.
Está en curso el segundo de sus juicios, en el cual se le imputa la responsabilidad del deceso de 25 personas, durante dos matanzas en 1991 y 1992. Aunque reconoció que el Ejército cometió abusos en la lucha contra la guerrilla que se dio durante los tres periodos en que fue Presidente de 1990 a 2000 y pidió disculpas a las víctimas, Fujimori proclamó su inocencia y negó que haya ordenado estas matanzas.
Si bien el proceso penal es transparente ya que se transmite por televisión y está seguido muy de cerca por gran parte de los ciudadanos, algunos temen que los jueces puedan ser presionados y acaben otorgando sanciones ligeras al político. Parte de la oposición sospecha una posible intervención del gobierno a favor de Fujimori, ya que desde la llegada al poder del actual presidente, Alan García, su partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), ha recibido el apoyo de los congresistas del partido fujimorista, Alianza para el Futuro, en votaciones claves. La existencia de un pacto entre los dos partidos fue desmentida por el propio García en febrero de 2007.
Los juicios también podrían desestabilizar la clase política nacional, pues Fujimori estaría en posesión de decenas de videos que comprometerían a políticos, jueces, periodistas y empresarios del país.Es llamativo que el elemento que hizo posible estos juicios fue la avidez de poder del ex jefe de Estado, quien llegó a Chile en noviembre de 2005, donde fue detenido, cuando iba de camino a Perú para competir nuevamente en la elección presidencial. Una vez descartada esta posibilidad por la demanda de extradición solicitada por la justicia de su país, no renunció a sus aspiraciones políticas. El ser detenido en Chile no impidió que buscara ser electo senador en Japón, llevándolo al fracaso electoral.

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Entrevista con José María Calderón: Hay turbulencia en Latinoamérica

Publicado en Enfoque - Reforma

Por Laurence Pantin

(27-Ene-2008).- Tener una sola postura política ante el mundo le daría mucho más fuerza como región, pero lo cierto es que hoy América Latina está dividida entre una gran opción de centro-izquierda progresista, con países como Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Chile y Nicaragua, y un conjunto de países de centro-derecha, más afines a Estados Unidos, entre los que sobresalen México y Colombia.

José María Calderón Rodríguez, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, describe en esta entrevista la complejidad de los nuevos paradigmas latinoamericanos: las turbulencias sociales surgidas como reacción a las políticas neoliberales heredadas del Consenso de Washington, los esfuerzos integracionistas por parte de algunos países y las enormes diferencias ideológicas y económicas de los países latinoamericanos. Razones para ver a la región con cierto pesimismo.


¿Qué está pasando hoy en América Latina?

Hay una enorme reacción en prácticamente todo el subcontinente, en contra del neoliberalismo. Es decir, las políticas económicas que se imponen en América Latina a partir del llamado Consenso de Washington han tenido un costo social muy alto. Y ha habido reacciones muy fuertes por parte de núcleos sociales muy consistentes formados por campesinos, indígenas, obreros, clases medias, empresarios incluso, sobre todo en el sector de los pequeños y medianos empresarios, que han sido, seguramente, los más afectados por ese tipo de políticas. Entonces, ha habido una especie de "rebelión" por parte de estos núcleos sociales, que a través de los procesos electorales han expresado una opinión adversa hacia las políticas económicas que se han llevado a cabo en América Latina a partir de 1989-1990.
Eso es el marco general que estamos observando, lo mismo en Argentina que en Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica. Desde luego, no podemos hablar de una respuesta homogénea. No se puede equiparar la propuesta de Evo Morales, o incluso Chávez, con la propuesta de Lula. Los programas de Bachelet en Chile no son equiparables tampoco a los de Argentina. En algunos casos, se enfatizan los programas sociales. Y en otros se están reivindicando recursos naturales. Esto es el punto que hace mucho más radicales las posiciones de gobiernos como los de Chávez o Evo Morales, en donde se está reivindicando un recurso natural, que había sido privatizado en el caso de Bolivia. Países tan pobres como Bolivia están viendo en la recuperación de sus recursos naturales una última posibilidad para mejorar sus condiciones sociales de existencia.


Pareciera que América Latina está atravesando una zona de turbulencias. ¿Cómo se puede explicar?

Se trata de turbulencias sociales porque hay deudas sociales muy fuertes en cada uno de esos países. Las posiciones más radicalizadas se encuentran, no casualmente, en los países más empobrecidos. No es una casualidad que Bolivia y Ecuador estén planteando las políticas más radicales, vinculadas con movimientos étnicos muy poderosos. En aquellos países en donde la composición social es mucho más diversificada, es obvio que se obliga a tener políticas que busquen encontrar ciertos consensos entre núcleos muy diversos. Es el caso de Brasil y Argentina.
América Latina es la región donde las desigualdades son más notorias; sólo nos gana el área subsahariana. No son solamente diferencias entre ricos y pobres, es el hecho de que los ricos se han hecho cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Aquí está uno de los grandes focos de conflicto, de antagonismo y de inquietud social, y donde se está reclamando otro tipo de políticas, que no sean simplemente las dádivas económicas que el Consenso de Washington propuso a los varios gobiernos. Se trata de generar un tipo de política económica en donde las poblaciones puedan participar en los procesos de ascenso y movilidad social.


Pero ¿qué pasa con países de Centroamérica? Muchos de ellos son muy pobres pero no tienen esas propuestas tan radicales...

El dato importante es que a diferencia de lo que sucede en Bolivia, en donde ha habido un movimiento de masas ascendente y que ha obtenido triunfos importantes a lo largo de varios años, en el caso de Centroamérica viene de una sangrientísima guerrilla. Ha habido incluso un proceso muy fuerte de cooptación de la vieja dirigencia guerrillera, que se ha incorporado a experiencias gubernamentales. De alguna manera, hubo una cierta decapitación de las dirigencias del movimiento social. Entonces, 30 años de guerrilla en el caso de Guatemala dan un resultado paupérrimo desde el punto de vista de conquistas sociales. La sociedad guatemalteca está buscando otro tipo de respuestas por otras vías. No digo que Colom, el actual presidente socialdemócrata, sea la solución. Pero está un poco más colocado con una visión social diferente a la mano fuerte que estaba prometiendo el candidato de los militares.


También se ven iniciativas interesantes con algunos esfuerzos para unificar parte del continente. Es como si hubiera cierta necesidad de no seguir la vía de los países del primer mundo, de buscar una especie de tercera o cuarta vía...

Antes de etiquetar este tipo de alternativas que se están presentando, lo que sí se observa y forma parte de estas turbulencias es la necesidad de llevar a cabo políticas integracionistas, acuerdos internacionales de carácter regional o al menos subregional, que permitan a algunos países de América Latina presentarse con mayor fuerza ante los bloques regionales que se están constituyendo en el resto del planeta. Desde luego, los grandes bloques hoy por hoy son obviamente la Unión Europea y otro es el de Nafta -y esto explicaría la particular posición que tiene México en este momento, que rompe con su tradicional historia de articularse con el resto de América Latina-.
Habría esta necesidad (de integrarse), sobre todo a través de la capacidad gravitacional que tiene hoy el Mercosur -y dentro del Mercosur, Brasil y Argentina-. Estamos hablando prácticamente (de un PIB) de 2 billones de dólares. Si a esto agregamos la potencia energética que representa Venezuela, estamos hablando no simplemente de hipótesis integracionistas, sino de realidades que pueden constituir un verdadero proyecto de integración, para poder competir o por lo menos ser menos vulnerables ante las tendencias de regionalización que se observan en otros lugares del mundo.


Se habló mucho del giro a la izquierda que dio América Latina. ¿Lo que estamos viendo hoy se debe a una cuestión ideológica?

Tiene una connotación ideológica. Y si no la tuviera, se la daríamos. Pero más bien es una respuesta práctica ante necesidades imperiosas nuevas tanto internas como internacionales. Las internas ya las hemos señalado dándole esta connotación de una "rebelión social", de manifestación contraria a una política económica muy gravosa para grandes núcleos sociales y con una fuerte tendencia a la concentración de la riqueza. Una segunda tiene que ver con las nuevas tendencias internacionales. La globalización tiene un peso muy significativo desde el momento en que ha significado una intensificación de los intercambios comerciales, financieros, y un peso muy consistente de los grandes países centrales como los grandes rectores de este proceso. Las grandes naciones que dominaban al capitalismo en el siglo pasado o el siglo antepasado siguen siendo las dominadoras del siglo presente. ¿Cómo responder ante ello? Se trata de una respuesta práctica. Se demuestra fácilmente que posiciones unilaterales o bilaterales salen perdiendo porque Estados Unidos es una potencia demasiado fuerte. Se está viendo con México, con Colombia. Quizás vale la pena ir pensando en opciones más regionales que permitan enfrentar de manera distinta a los grandes colosos del planeta.


Este esfuerzo de unificarse por parte de algunos países de América Latina también parece tener límites...

Efectivamente, cuando hablamos de estas opciones en América Latina, estamos hablando de una gran opción de centro-izquierda progresista, en donde participan Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Chile, Nicaragua, con las diferencias que ya señalamos. Pero frente a este bloque subregional, también hay otro bloque, representado por aquellos países que tienen una relación mucho más directa con Estados Unidos, y que han optado por una opción más de centro-derecha, que son notoriamente Colombia y México.


¿No significa eso que hay una división de América Latina?

Claro.


¿Y eso es bueno?

Desde luego que no es bueno porque una posición unificada de toda la región le daría mucho más fuerza. México es la segunda economía del subcontinente. Si juntáramos las economías de Brasil, Argentina y México, representan el 85 por ciento de toda la economía de América Latina. Le daría una voz mayor en toda la región frente a otros lugares del mundo. No solamente eso, el hecho de poder unificar puntos de vista México y Brasil, colocados en las antípodas de la región, permitiría formar como un gigantesco abrazo a todo el resto del continente. Y México, por la posición que tiene como frontera frente al mundo anglosajón, sería un extraordinario portavoz de las necesidades regionales y podría ser un intermediario muy interesante de las posiciones anglosajones frente al mundo latino.
Pero, hoy por hoy, ni Estados Estados está dispuesto a tener interlocutores flexibles porque tiene una visión unilateral de las relaciones internacionales, sobre todo a partir del 11 de septiembre. En segundo lugar, en el caso de México, los beneficios que ha obtenido un núcleo muy concentrado de capitales, notoriamente monopolistas, de la relación con Estados Unidos hace muy difícil un cambio de la política.


¿Habría sido otra la historia si ganaba Andrés Manuel López Obrador en la última elección presidencial?

Es una muy buena pregunta porque López Obrador no hizo manifestaciones ostensibles de latinoamericanismo. La relación con Chávez fue más una imputación de la derecha que una declaración de López Obrador. O sea, tampoco se demostró que hubiera habido vínculos entre ambos. Quizás se hubiera visto mucho más cercano a Kirchner, a Lula, y muy diferenciado de Chávez.
Ahora, ¿qué hubiera pasado? Hay ciertas cuestiones de política internacional que no se modifican tan rápidamente como uno quisiera porque representan grandes intereses. No podemos olvidar que México tiene 3 mil 200 kilómetros de frontera, tiene un intercambio enorme con Estados Unidos. El 85 por ciento del comercio mundial de México está con Estados Unidos y Canadá. Pero, creo que habría habido, desde el punto de vista político e incluso económico, una búsqueda de reorientar las relaciones internacionales. La política mexicana no puede tener mayores márgenes de autonomía con una dependencia tan fuerte hacia Estados Unidos.


Por otro lado, la política exterior de Calderón tampoco fue tan cercana a Estados Unidos y se acercó más a algunos países de América Latina. ¿Está Calderón intentando cambiar el rumbo de la política exterior?

Es evidente que Calderón tenía que limar algunas asperezas con la región después de la equivocada, frívola, irresponsable política frente a América Latina que tuvo Fox. Había que buscar cierta cicatrización de las heridas con América Latina. Es una posición cosmética de buscar dar una cierta concesión a aquellos sectores que habían sido críticos a la política exterior de Fox.
No es fácil modificar efectivamente las relaciones. Los acuerdos establecidos con anterioridad son muy sólidos. Los vínculos económicos se han ido fortaleciendo. Todo eso evidentemente es fácil de romper. Por ejemplo, ahora se entrevistó con Chávez, pero lo siento todavía como posiciones muy superficiales, muy protocolarias, pero no veo propiamente una voluntad política real para modificar la política económica e internacional.
Hay un problema gravísimo con la migración, por ejemplo, y no se observan todavía pasos concretos en esa dirección. Cierto, es un problema muy complejo, estamos en vísperas de un cambio presidencial en Estados Unidos, no se sabe cuál va a ser la composición del nuevo Congreso. Entonces, se requiere un poco de tiempo para ver cuál va a ser la posición de Calderón pero ha habido una posición muy cerrada, por ejemplo, frente a la petición del sector agrícola por revisar el Tratado de Libre Comercio.


Y hoy, ¿se puede decir que México pertenece a América Latina?

Pertenecemos a América Latina. Sobre esto, hay dos percepciones en este momento. Está el mundo cultural, el mundo intelectual, el mundo que tiene que ver con la circulación de las ideas, que se siente parte, no solamente del mundo latinoamericano, sino del mundo iberoamericano. Éste es un mundo que puede ser que prospere a lo largo de los años, pero que no se traduce inmediatamente en resultados económicos ni tampoco diplomáticos. Y después está el mundo de los negocios, que participa muy dinámicamente con los países metropolitanos. Ese mundo sigue pensando en Estados Unidos, sigue pensando en los grandes países europeos y está pensando cada vez más en sus relaciones con Asia. Las relaciones con América Latina siguen siendo paupérrimas. Esto depende mucho también de decisiones políticas.
¿Qué sucede también con respecto a los sudamericanos? Algunos colegas sudamericanos siguen viendo a América Latina como algo que se acaba en Centroamérica, incluso a veces ni Centroamérica aparece. Creo que precisamente por eso tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos en nuestras relaciones con el resto de la región.


Justamente, algunos autores dicen que hablar de América Latina no tiene sentido. ¿Se puede hablar de América Latina hoy?

Hay ciertas líneas profundas que articulan a los varios países de la región. Son líneas que tienen que ver con la cultura, con las tradiciones históricas, con la lengua. Somos países colonizados y entonces tenemos una articulación de carácter colonial o neocolonial que, o no ha sido rota, o ha sido reestablecida. No es una casualidad que se esté hablando, de algunos años a la fecha, de la reconquista de España, por la presencia que tiene España en el sistema financiero, en los sistemas energéticos, en las telecomunicaciones en América Latina.
Entonces hay que buscar cómo integrar la región, cómo establecer mayores vínculos, mayores acuerdos que hagan posible un proceso emancipatorio más fuerte frente a nuestras viejas y nuevas metrópolis. Desde este punto de vista, hablar de América Latina implica tomar las cosas con mucho cuidado. No se puede hablar en términos muy afirmativos y muy optimistas. Hay que hablar con un razonable pesimismo, pero también estamos viendo cómo hay esfuerzos por buscar que la región se integre.


Con las elecciones en Estados Unidos que vienen, ¿cuáles podrían ser los diferentes escenarios posibles?

La política norteamericana hacia América Latina es una política de Estado, es transpartidaria. No son decisiones presidenciales, sino que son decisiones de un Congreso que tiene fuerza real y que decide efectivamente las orientaciones de política internacional. Estados Unidos, además, no tiene políticas generales, tiene políticas específicas. Las va creando sobre la marcha, va respondiendo de acuerdo con sus necesidades específicas. Hoy, mi impresión es que no tiene muchas preocupaciones sobre América Latina. Tiene más bien preocupaciones sobre Medio Oriente, y crecientemente va a tener preocupaciones en el extremo Oriente, por la fuerza y la presencia que China y la India están representando en términos de participación en el mercado mundial. Por ello América Latina puede ir conquistándose más espacios propios y estableciendo con Estados Unidos un tipo de relación distinto al que históricamente ha desempeñado hasta ahora, que ha sido una relación de subordinación.